La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en un dique para los planes estratégicos de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al frenar algunas de las reformas más importantes enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso y aprobadas por la mayoría de Morena.
Mediante diversas resoluciones, el máximo tribunal del país echó para abajo el llamado Plan B en materia electoral, que debilitaría al INE, la Ley de la Industria Eléctrica y el pase de la Guardia Nacional a control de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras reformas impulsadas desde Palacio Nacional.
Las resoluciones que han significado un freno a la Cuarta Transformación han sido emitidas en un contexto en el que se dispararon las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en contra del Congreso de la Unión y en contra de los congresos estatales –dominados en su mayoría por Morena– por presuntas violaciones a la Constitución.
Estos recursos de impugnación han sido presentados lo mismo por la oposición en el Congreso de la Unión, por congresos estatales, autoridades locales e instituciones autónomas.
En el caso específico de decisiones del Ejecutivo Federal bajo la titularidad de Andrés Manuel López Obrador, entre el 1 de enero de 2019 y el 24 de julio de este 2024 se interpusieron 354 controversias constitucionales, 10 veces más que las presentadas contra Enrique Peña Nieto (con 34 controversias) y siete más que las que recayeron sobre Felipe Calderón (con 44 controversias).
Fuentes del Poder Judicial aseguran que también se batió el récord de acciones de inconstitucionalidad en contra de decisiones originadas en el gobierno de López Obrador, pero esto no se puede confirmar, porque la SCJN no tiene una base de datos pública y fiable al respecto.
Sin embargo, varios recursos de este tipo han sido letales para la 4T, como el que presentó en su momento una minoría de senadores de oposición en contra del llamado Plan B en materia electoral, el cual invalidó el pleno de la Suprema Corte.
Constitucionalistas como Diego Valadés, Raúl Contreras Bustamante y Abimael Zavala, y especialistas como Susana Camacho, de México Evalúa, coincidieron –en entrevistas por separado para ejecentral– en que la Suprema Corte no responde a intereses políticos, como ha acusado el presidente López Obrador, sino que ha cumplido con su labor de ser un contrapeso efectivo antes los otros poderes de la Unión.
En cambio, desde el partido en el poder hay voces que aseguran que la SCJN ha incurrido en abusos. “La Corte se ha extralimitado con el Poder Legislativo y ha pretendido usurpar sus funciones; ellos hablan de la independencia y la separación de poderes, pero no han considerado al Legislativo como otro Poder que somos. Somos la representación popular y el Constituyente Permanente de este país”, exclamó la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre.
Lluvia de impugnaciones
Al revisar las cifras de los últimos cinco sexenios, ejecentral identificó que en el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha interpuesto la mayor cantidad de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad contra los poderes o autoridades estatales y federales.
El incremento ha sido escalonado a partir del gobierno de Ernesto Zedillo cuando, merced a una reforma judicial, se creó la figura de la acción de inconstitucionalidad.
Según los datos del portal de estadística judicial @lex, a cargo de la SCJN, y del registro de las sentencias publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en el actual sexenio ingresaron a la SCJN mil 39 acciones de inconstitucionalidad y mil 627 controversias constitucionales.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto ingresaron 686 acciones de inconstitucionalidad y mil 142 controversias constitucionales.
Las controversias pueden ser presentadas por alguno de los poderes de la Unión, órganos autónomos o niveles de gobierno si consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia y vulneran el orden constitucional.
Las acciones de inconstitucionalidad las pueden interponer el 33% de los legisladores del Senado o de la Cámara de Diputados, el Fiscal General de la República, los partidos políticos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo con los listados públicos de la SCJN sobre las controversias constitucionales de los últimos 29 años, en el sexenio de López Obrador se han interpuesto 354 recursos de este tipo en contra del Ejecutivo Federal, de los cuales, 31 están pendientes y 323 ya han sido resueltos. La mayoría han sido declarados procedentes, pero infundados.
En este sexenio, la mayor parte de las controversias contra el Gobierno federal han sido interpuestas por estados y municipios en contra de obras en sus localidades y presupuesto público; sólo 52 las han presentado instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (Inai); el Inegi; el Banco de México (Banxico); la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El poder de las minorías
En el transcurso de este sexenio, las minorías opositoras en el Congreso de la Unión han hecho valer su derecho a la presentación de acciones de inconstitucionalidad, con las cuales han logrado frenar varias reformas de trascendencia, y la SCJN aún tiene pendientes cuatro de ellas que podrían significar nuevos reveses para el Poder Ejecutivo. Se trata de las impugnaciones en contra del llamado “viernes negro”, cuando la 4T en el Senado aprobó en fast track un paquete de reformas prioritarias para López Obrador.
El viernes 28 de abril de 2023 por la noche, durante un puente, la mayoría de los senadores de Morena y aliados aprobó que el Ejército pudiera operar una aerolínea, la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administrara proyectos ferroviarios y la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras medidas.
En total, 20 reformas fueron aprobadas entre el 27 y 28 de abril sin discusión de por medio, y la mayoría fue avalada el viernes por la noche, en una sede alterna, luego de que la oposición acampó en la tribuna del Senado. En promedio, cada reforma fue presentada, expuesta y votada en sólo 12 minutos.
Rechazan sesgo político de la Corte
Ante cada fallo adverso de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado con molestia, como cuando acusó al Poder Judicial de actuar “de manera facciosa” y de estar “podrido”, luego de que invalidó el Plan B en materia electoral.
Ante los ataques desde Palacio Nacional, la postura de la SCJN ha sido defendida por juristas y por sus propios integrantes. El ministro Javier Laynez Potisek descartó que el Poder Judicial se exceda en su labor como contrapeso.
“Respetuosamente no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”, expresó, al participar en los recientes foros de análisis de la reforma al Poder Judicial, al argumentar que desde 1996, la SCJN ha abordado acciones de inconstitucionalidad de leyes en 221 asuntos, pero sólo ha declarado la inconstitucionalidad en cuatro ocasiones.
El constitucionalista Diego Valadés dijo a este medio: “El Poder Judicial no tiene una función de carácter político, sino una función de custodia de la Constitución (…) Yo no encuentro ningún elemento que pueda justificar la expresión presidencial de que la Suprema Corte se ha extralimitado, lo que tiene un tono fundamentalmente político e ideológico”.
Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien ha dedicado su trabajo al estudio del derecho constitucional y la “parlamentarización de los sistemas presidenciales”, puso dos ejemplos sobre las leyes prioritarias para López Obrador, que la misma 4T y el presidente sabían que violaban la Constitución.
En primera instancia se refirió al llamado Plan B en materia electoral, ya que en abril de 2022, el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa para reformar la Constitución en materia electoral, la cual planteaba, entre otras cosas, sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Esta reforma no pasó el filtro de la Cámara de Diputados porque no se alcanzó la votación de las dos terceras partes de los presentes.
En diciembre de ese mismo año, el presidente López Obrador concretó un Plan B que consistió en enviar al Congreso una iniciativa para reformar seis leyes secundarias que trastocaban el modelo administrativo del INE, para lo cual sólo se requería de mayoría simple. Tras ser aprobados los cambios, se interpusieron siete acciones de inconstitucionalidad y 147 controversias constitucionales, la mayoría promovidas por municipios, y la SCJN invalidó las reformas por violación al proceso legislativo.
Ante el revés, en febrero de 2024 el mandatario presentó, por tercera ocasión, una reforma electoral, de nuevo a nivel constitucional, la cual se prevé que se analice en agosto y septiembre de este año, junto con la que tiene que ver con la renovación del Poder Judicial.
El segundo ejemplo que puso Diego Valadés fue la reforma sobre la Guardia Nacional. Al inicio del gobierno lopezobradorista se aprobó en el Congreso la creación de la Guardia Nacional (GN) a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero años después, el presidente planteó la transferencia del control operativo y administrativo de la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que fue aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso.
En abril del año pasado, el pleno del máximo tribunal del país declaró, por mayoría de ocho votos contra tres, la invalidez de la reforma legal que avaló la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición.
El 1 de enero de este año venció el plazo que la Suprema Corte otorgó al Gobierno federal para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Pero sin que se cumpliera con el “reajuste paulatino y ordenado” del traspaso, en febrero pasado López Obrador envió una nueva iniciativa de reforma constitucional a fin de que la GN sea reconocida como una Fuerza Armada permanente de carácter “civil”, pero con fuero militar, la cual no ha sido discutida.
Se ha “detenido” la velocidad de la 4T
El exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, opinó que “la Suprema Corte de Justicia tiene que ser un dique a los otros dos poderes. Está concebido en la división de poderes precisamente que esa sea la función de contrapeso, independientemente del origen y de la ideología de quienes ocupen el Poder Ejecutivo o de quienes tengan un efecto dominante en las cámaras del Congreso de la Unión”.
El jurista especificó que entre más existen leyes que violan la Constitución, más controversias e impugnaciones surgen.
“Lo que pasa es que hemos vivido una época en donde hay una gran coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que obedecen a un origen partidario similar y que de alguna manera esos dos poderes actúan, muchas veces, traspasando los límites de la Constitución y eso ha requerido la revisión de la Suprema Corte (…) Yo creo que lo que ha pasado es que se ha detenido la velocidad con la que quisieran hacer las transformaciones, lo que refleja el enojo y la frustración (de la 4T)”, enfatizó.
A su vez, Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, resaltó que los señalamientos en contra de la SCJN responden al enojo del presidente López Obrador por frenar algunas de las leyes y decretos prioritarios, como la Ley de la Industria Eléctrica o el Plan B en materia electoral.
“El enojo del Poder Ejecutivo es justo porque la Suprema Corte de Justicia en particular ha jugado un papel de contrapeso. Lo que hemos visto en este gobierno es que muchas leyes, por ejemplo, se pasaban desde un Congreso con la mayoría de Morena, aunque de origen se sabía que eran inconstitucionales. Durante este sexenio hubo un mecanismo perverso de aprobar de manera consciente leyes que sabían que eran inconstitucionales y que la Corte tendría que resolver en contra”, declaró.
Al respecto, Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, consideró que las controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas reflejan falta de apego a la legalidad y de acuerdos políticos.
“Entre más violaciones se cometan, pues obviamente habrá más controversia jurisdiccional y va a llegar a la Corte. Si se respetan los procesos legislativos y se cabildea desde la Cámara de Diputados y de Senadores, si se hace una apertura al diálogo o a la negociación, por supuesto que lo que se proponga va a tener cierto blindaje”, opinó.
Cuando las reformas y los decretos se emiten por un capricho y no se entiende que la forma correcta de gobernar es a través de un equilibrio, surgen las controversias, agregó.
Una y otra vez
El Presidente de la República no se rinde, si no pasan por primera vez sus iniciativas las presenta otra vez, y si se caen en la SCJN, insiste de otra forma, como lo es el llamado Plan C, un paquete que recupera varias propuestas anteriores y plantea algunas nuevas, entre ellas la reforma integral al Poder Judicial.
El revés más reciente contra la Cuarta Transformación, que desató una nueva andanada de críticas de López Obrador contra la SCJN, a la que acusó de ir “en contra del interés público” y a favor de empresas extranjeras, fue el freno a la Ley de la Industria Eléctrica.
En enero de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte confirmó un amparo con efectos generales contra esta ley publicada en marzo de 2021, al señalar que atentaba contra las reglas de generación y mercado eléctrico mayorista. El Ejecutivo anunció que impugnaría esa resolución y enviaría una nueva iniciativa en la materia, la cual no se presenta aún.
La Ley de la Industria Eléctrica era el Plan B en la materia por parte del Ejecutivo Federal. El Plan A fue una iniciativa de reforma constitucional que fue rechazada por el Congreso en abril de 2022, ya que no se lograron las dos terceras partes de los votos de los diputados federales.
El plan original planteaba que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generara al menos 54% de la electricidad y determinara las tarifas de luz; que desaparecieran la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y se cancelaran los contratos de generación y de compra-venta de electricidad con el sector privado.
PJF, un poder “usurpador”: Morena
El hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación sea el más controvertido judicialmente por supuestas violaciones a la Constitución es reflejo de la usurpación de funciones que el Poder Judicial, y particularmente la Suprema Corte, ha pretendido con sus resoluciones, sostienen en Morena.
Al respecto, la senadora del guinda, Antares Vázquez Alatorre, sostuvo que desde la era de Ernesto Zedillo los grupos de poder político-económico se “enquistaron” en el Poder Judicial de la Federación, por lo que reiteró que el aumento de las impugnaciones es reflejo de cómo las élites están en contra de la decisión soberana del pueblo de México.
En ese sentido refirió que la oposición a la reforma judicial en realidad devela que los legisladores de oposición “están defendiendo privilegios, porque no se van a tocar los derechos laborales de los trabajadores, no se pretende incidir en la toma de decisiones tal cual, sino que evitemos el poder faccioso del poder conservador entrometido en el Poder Judicial”.
Para la senadora en la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión, la Corte ha anulado normas generales, reformas legales y demás determinaciones del gobierno por cuestiones que están al interior de los reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, “en donde nosotros somos soberanos en las decisiones, como ellos son soberanos en sus asuntos”.
En entrevista con ejecentral, Antares Vázquez dijo que dicha intromisión ha sido posible “con la complicidad del bloque opositor en ambas Cámaras, que son los que primordialmente han promovido este tipo de acciones de inconstitucionalidad, controversias y demás impugnaciones”.
“Ellos (los diputados y senadores de oposición) declinaron su propia función como legisladores porque pretenden que, a través de otro poder, se ponga un yugo al poder al que ellos pertenecen. Eso nos muestra la calidad de legisladores que tienen”, puntualizó.
En ese sentido, Vázquez Alatorre aseguró que políticamente “el poder conservador está enquistado en el Poder Judicial de la Federación” a fin de bloquear el “proyecto de nación” y “la decisión soberana del pueblo de México” mediante esta serie de impugnaciones.
“Ahora están desesperados porque no les funcionó el golpeteo, les fue muy mal en la elección y ahora pretenden que el propio Poder Judicial tuerza la Constitución para quitarnos la mayoría calificada en el Congreso, que legítimamente el pueblo de México nos otorgó”, acusó.
En el primer foro de la reforma al Poder Judicial, la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres –militante de Morena–, criticó a la institución a la que pertenece. Reprochó que, de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y 13 al derecho al agua.
En contraste, expuso, se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre libre mercado, y este último se llega a considerar “derecho humano”, lamentó.
Sentencias incumplidas
Hay siete resoluciones de la Suprema Corte que hasta el momento han desacatado los poderes Ejecutivo y Legislativo, algo inédito en el país. Dos de esos desacatos corresponden al gobierno del presidente López Obrador y cuatro el Congreso de la Unión.
En mayo de 2023, la SCJN invalidó el llamado “decretazo”, con el cual el Ejecutivo Federal declaraba de interés público y de seguridad nacional los proyectos asociados a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos e incluso turístico. En estos sectores entraban las obras insignia del presidente: Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Refinería de Dos Bocas y los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum.
No obstante, en junio de ese mismo año, el presidente López Obrador volvió a publicar un decreto casi en los mismos términos que el documento que antes había sido invalidado por el máximo tribunal del país.
De acuerdo con información de la Suprema Corte a la que tuvo acceso ejecentral, en 2023, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, interpuso una controversia constitucional en contra del segundo “decretazo”, pero fue desechada con el argumento de que el legislador no tenía ninguna legitimación para hacerlo.
“No hay registros de que el INAI, que cuenta con legitimación para hacerlo, haya promovido otro recurso, lo cual se entiende porque en ese momento no podían actuar al no estar integrado debidamente el Pleno por falta de los nombramientos de los comisionados por parte del Ejecutivo”, precisa el documento.
El segundo desacato tiene que ver con la Guardia Nacional, pues el 1 de enero
de 2024 venció el plazo impuesto por la SCJN para regresar el mando de esta corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha informado si ya cumplió con lo ordenado.
“En realidad, esto nos habla de un Poder Ejecutivo muy autoritario, que no estaba preparado para que le dieran órdenes o hubiera un Poder que se le enfrentara o que dijera que se tenían que parar, por ejemplo, las obras insignia o que tenía que darle medicamentos a los niños con cáncer que se ampararon”, opinó Susana Camacho, investigadora de México Evalúa, organización que cuenta con un observatorio específico sobre la SCJN.
Por otro lado, los desacatos del Poder Legislativo tienen que ver con la omisión de legislar en materia de consulta previa, libre, informada y adecuada culturalmente y de buena fe, una sentencia del 10 de junio de 2020, además de no haber emitido la Ley General de Aguas ni haber generado información para que las autoridades implementen las políticas para sectores desprotegidos en materia de vivienda, sentencias de los años 2020 y 2019, respectivamente.
Entre los desacatos resalta la orden para que el Senado designe a los comisionados faltantes del Inai. Los legisladores han ignorado el mandato y en diciembre de 2023 venció el plazo que le dio la SCJN para que esa Cámara cumpliera la sentencia.
¿Fin de las acciones de inconstitucionalidad?
El constitucionalista Diego Valadés alertó sobre el posible fin de controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladores federales en contra de leyes o decretos que se promuevan en el próximo sexenio.
La sobrerrepresentación que se prevé que tengan Morena y sus aliados en el Congreso le quitaría la posibilidad a las minorías de presentar impugnaciones, consideró, pues las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, requieren de 33% de la Cámara de Diputados o 33% del Senado para que las pueda aceptar a trámite la SCJN.
“Habría que ver si tienen esos votos, pero al parecer, no. Vaya, no va a haber ni siquiera esa minoría, pues Morena va a tener controlado el 74% de las posiciones en el Congreso y la Constitución exige que haya un 33% para la promoción de las acciones, pero ¡ya no los va a tener la oposición!”, declaró.
-¿Esto es preocupante?, -se le preguntó. -Yo creo que es un poco más que preocupante, ¡es crítico! Es el fin de una era constitucional en México”,-advirtió.
A los integrantes del Poder Judicial y a constitucionalistas les preocupa la reforma en la materia que promueve el presidente López Obrador, la cual incluye la elección de todos los juzgadores por voto directo y secreto, pues consideran que hay un trasfondo más preocupante que la supuesta extralimitación de funciones de los jueces o ministros: que los proyectos del gobierno en turno no tengan ningún obstáculo.
Para el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, la elección popular de juzgadores pondría en peligro los derechos de las minorías en el país.
“Si se mandara a los ministros a elección popular tendríamos tres poderes elegidos por las mayorías electorales y entonces la pregunta en la agenda es: si los tres poderes responden a los intereses mayoritarios, ¿quién cuidaría o quién salvaguardaría los derechos de los que no votaron o de los que votaron contrario a la mayoría? Y ese es un tema importante, porque finalmente los tres poderes obedecerían a los mismos intereses y, a lo mejor, hasta partidarios”, declaró.
Esta propuesta también encendió las alertas sobre el riesgo de que se pierda la autonomía e independencia con la que se han resuelto las controversias en los últimos años.
❝Dicen que va a ser imparcial la persona que va a ser elegida por el pueblo, ¡claro que no! La propia naturaleza del voto es para que representes los intereses políticos de las personas que votaron por ti, y cuando sucede eso, pues vas a perder toda la imparcialidad, serán jueces totalmente parciales y van a obedecer a los intereses de las personas que los eligieron a través de ese voto❞, apuntó el abogado Abimael Zavala.
En tanto, Diego Valadés afirmó: “Lo más previsible, a la luz de lo que está ocurriendo en este momento, es que quienes van a triunfar (en la elección de juzgadores) serán los candidatos del presidente o, en el futuro, de la presidenta. Esto de ninguna manera contribuye a la independencia de los juzgadores, por el contrario, lo que demuestra es que los juzgadores ya serán dependientes del presidente”.
Para Susana Camacho, de México Evalúa, el Poder Judicial no ha dado golpes de Estado técnicos a la 4T, al contrario: “la iniciativa del Ejecutivo lo que plantea es un golpe de Estado, porque lo que está planeando es que para 2025, de un día para otro, deje de existir uno de los poderes de la Unión, el Judicial. Y ese golpe de Estado lo está dando el actual gobierno”.
Sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, declaró que los juzgadores son los que actualmente están haciendo política en contra de la reforma al Poder Judicial, la cual, afirmó, no perjudica a los más de 50 mil trabajadores, pero sí elimina los privilegios de quienes ocupan los más altos niveles.
“Ellos están haciendo política ahorita. Los ministros, jueces y los magistrados están haciendo política (…) Yo creo que llegó un momento en el que el deterioro del Poder Judicial es tal, que tenemos que experimentar nuevos caminos para limpiar el sistema de justicia en México y éste es uno de ellos”, declaró en una conferencia realizada en días pasados.
NM
