El pasado 15 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche puso en marcha un operativo para controlar un motín que se registró en el penal de San Francisco Kobén, pero envió a los policías –hombres y mujeres– sin armamento y sin el más elemental equipo de protección.
Los agentes fueron agredidos con palos y otros objetos por los internos, quienes, según denuncias que hicieron públicas los afectados, abusaron sexualmente de varias integrantes de la Policía Estatal, las cuales fueron rescatadas por sus compañeros a costa de resultar heridos varios de ellos.
Este incidente, que derivó en un paro de labores que se extendió por poco más de tres meses, puso en evidencia las malas condiciones en que los policías estatales realizan su labor en Campeche, debido al abandono de las autoridades locales, algo que no es ajeno al resto de los estados.
Los bajos salarios, la falta de capacitación, las nimias prestaciones laborales, la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de elementos hacen que las policías estatales y municipales sean el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad pública del país.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla el impuso de “un nuevo modelo policial”, mediante el cual se articularían los esfuerzos entre las policías de los tres niveles de gobierno.
En los hechos el esfuerzo no fue parejo, pues mientras la administración federal fortaleció a la corporación de este nivel de gobierno, que es la Guardia Nacional, los estados y los municipios no cumplieron con su obligación de invertir en mejorar a sus respectivas fuerzas de seguridad.
Especialistas consultados por ejecentral señalaron que ha faltado voluntad de los gobiernos estatales para invertir en mejorar sus policías y dejar de depender del apoyo de la Federación.
La cantidad de efectivos municipales no sólo dejó de aumentar durante el actual sexenio, sino que disminuyó, al grado de que actualmente la fuerza a este nivel es menor a la que se tenía en 2010.
Un ejemplo paradigmático es Fresnillo, Zacatecas, en donde sólo hay 72 policías de los 300 que debería haber, según las plazas que dispone la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como lo reconoció el pasado 23 de junio el gobernador David Monreal.
Lo anterior significa que el municipio con la mayor percepción de inseguridad del país, según la ENSU del Inegi, tiene menos de la tercera parte de los policías con que debería contar.
Investigaciones realizadas por las organizaciones Causa en Común y México Evalúa dan cuenta de las precarias condiciones laborales en que se encuentra la mayoría de los uniformados locales, en especial los del nivel municipal, al grado de que tres de cada cuatro carecen de seguro de vida.
La insuficiencia de efectivos y la falta de capacitación y equipamiento han influido en una elevada incidencia de agresiones por parte de delincuentes. De 2018 a la fecha se han cometido dos mil 785 crímenes contra policías estatales y municipales, lo que representa un uniformado asesinado cada día en promedio.
Fuerza insuficiente
De una medición realizada por ejecentral, se desprende que sólo 17 de las 32 entidades federativas cumplen con el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes –sumados estatales y municipales– que recomienda la ONU y que se estableció dentro del Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado en la XLII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en agosto de 2017.
Y sólo una entidad, la Ciudad de México, alcanza, e incluso rebasa, el estándar ideal de cuatro efectivos por cada mil habitantes, pues su tasa actual es de 8.5.
En cuanto al promedio de al menos 2.8 policías por mil habitantes que en 2006 estableció la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) sólo la Ciudad de México (8.5), Tabasco (3.1) y Baja California Sur (2.8) cubren ese estándar mínimo.
Lo anterior significa que en 15 estados del país, equivalentes al 46% del total, se mantiene un déficit de policías locales.
Respecto a los municipios, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 del Inegi, el personal destinado a funciones de seguridad pública municipal registró 173 mil 407 efectivos en 2022, una cifra menor en 8.4% respecto a 2020 y la más baja desde el 2010, cuando había 179 mil 608.
Por otro lado, hasta mayo de 2023, en 745 de dos mil 475 municipios del país no había una institución encargada de la seguridad pública, según un documento de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública del Congreso de la Unión.
El documento señala que Oaxaca es la entidad con el mayor déficit de fuerza policiaca, pues en 500 localidades no se cuenta con un solo policía, y muchas de ellas se rigen por usos y costumbres. Con mil 533 elementos, sumados estatales y municipales, Oaxaca registra una tasa de 1.0 policías por cada mil habitantes, la más baja a nivel nacional.
Preocupa la jornada 24x24
Para Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización civil Causa en Común, el contexto en el que “las policías locales tienen cada vez menos recursos” ha incidido en un descenso histórico en el número de elementos, mientras que las condiciones laborales es otro de los aspectos que se han deteriorado en los últimos años.
El especialista considera que el que México se mantenga entre los pocos países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluso de la región de América Latina, en donde se aplica a los policías una jornada laboral de 24x24 horas, es un indicador preocupante.
“Es una jornada extensísima que está detrás de muchos padecimientos que sufren los policías, como el cansancio, el desgaste físico, el insomnio y la depresión, que directamente inciden en la salud de los policías y que están detrás de muchos otros fenómenos, desde el burnout (agotamiento mental por exceso de trabajo), la violencia contra los propios policías, la corrupción y las tasas de deserción en las corporaciones”, señala.
Sin embargo, lamenta que desde el Poder Legislativo “hay muy poco interés por modificar el marco normativo, en el cual se debería definir un piso mínimo de las condiciones laborales que necesitan los policías”, al recordar que a finales del año pasado se quedó estancada en el Congreso de la Unión una iniciativa que proponía disminuir la jornada laboral de los agentes del orden.
“Son muchos los factores: el financiamiento, el cómo se gasta también ese dinero, la falta de equipo, la falta de entrenamiento que finalmente termina generando que tengas policías muy mal pagados, sin preparación y muy expuestos a la violencia criminal que se vive en el país”, apunta Escobar Ayala.
Dudas sobre seguridad social
Uno de los factores que generan mayor incertidumbre al formar parte de una institución de policía en México, principalmente en el caso de las estatales y municipales, es que a la fecha no se tiene claridad respecto a las prestaciones laborales que tienen o las que deberían tener estos elementos.
A partir de un análisis realizado por la organización México Evalúa, se detectó que en la inmensa mayoría de las corporaciones estatales y sobre todo municipales, se otorgan pocas prestaciones y se pagan salarios que muchas veces no se actualizan con la inflación, señala el investigador Alberto Pérez.
En la situación de las policías locales, ni la Constitución, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aterrizan a ciencia cierta sobre cuáles son las prestaciones y sobre todo, el esquema de seguridad social que deben tener los uniformados civiles.
De la Constitución se desprende que los gobiernos estatales y municipales deben garantizarles a sus policías prestaciones, servicio médico, retiro y acceso a la vivienda, de conformidad con la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado –que es distinta a la Ley Federal del Trabajo–, como a cualquier otro servidor público.
Sin embargo, los especialistas señalan que los policías enfrentan un riesgo mayor que el resto de los empleados del gobierno, por lo que se debe crear un esquema complementario de seguridad social para ellos.
“Hoy en día no tenemos una definición sobre un esquema complementario de la seguridad social; entonces, cada municipio puede hacer lo que quiere, lo que lo que cada uno interpreta. Lo que sí te dice la ley es que estas prestaciones van a tener que ser pagadas con el presupuesto de los municipios”, señala Alberto Pérez.
La última medición del Inegi al respecto, indica que en 2022 la mayoría del personal de las instituciones de seguridad pública municipal contaba con las prestaciones básicas como el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Sin embargo, los estudios de organizaciones civiles revelan que lo que menos reciben los uniformados locales son prestaciones relacionadas con el riesgo que corren, como un seguro de vida que sea suficiente para no dejar el desamparo a sus familiares en caso de muerte.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales del Inegi más reciente indicó que en 2022, 51% de los agentes de este nivel de la administración pública contaba con algún tipo de seguro de vida.
Sin embargo, en la evaluación que casi al mismo tiempo realizó México Evalúa y que dio a conocer el año pasado, se determinó que más del 75% de los efectivos municipales carece de seguro de vida.
En cuanto a los ingresos brutos mensuales, según el Inegi, 30% del personal de seguridad pública a nivel municipal percibió un salario de entre 10 mil y 15 mil pesos al mes hasta 2022, lo que, en comparación con lo reportado en 2020, significó una disminución del 13.3 por ciento.
Al no haber una ley general en la materia, es decisión de cada gobierno estatal o municipal invertir en mejorar las condiciones laborales de sus policías, lo que implica destinar determinadas partidas al gasto corriente de cada año.
Al respecto, el investigador Alberto Pérez comenta: “Muchas veces los municipios se ven incapacitados para hacer frente a estos gastos en prestaciones laborales, lo que explica en parte por qué es que actualmente los policías municipales en México están plenamente desprotegidos respecto a sus propios derechos laborales. La situación realmente para los policías hoy es muy gris”.
Del dicho al hecho…
Si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece claramente los lineamientos y parámetros que deben aplicarse, como reclutamiento, capacitación, profesionalización y condiciones para garantizar un óptimo desarrollo de las policías, esto no ocurre en la mayoría de los casos.
Uno de los mayores rezagos en ese sentido se refleja en la carencia del tan anhelado perfil del policía de proximidad, que se refiere al prototipo de policía ciudadano que justamente atiende las necesidades más inmediatas de la comunidad en la que es asignado.
Para los especialistas consultados por este semanario, en los últimos sexenios se ha mantenido una estrategia reactiva, en el que se prioriza el despliegue de efectivos de las fuerzas federales, para después movilizarlos hacia otro lado con otras urgencias en materia de inseguridad y violencia, y los lugares conflictivos quedan sólo bajo la vigilancia de las policías estatales y municipales, lo que es insuficiente.
“Desde luego que la Guardia Nacional o el Ejército te pueden servir para calmar un alza en la incidencia delictiva en un determinado momento, en un determinado lugar, pero luego esas corporaciones se tienen que mover y no se deja ninguna institución sólida coherente, preparada, bien financiada, y la realidad es que la situación de descomposición va a continuar”, señaló el académico e investigador Fernando Escobar Ayala.
En la opinión del politólogo especializado en la investigación de la sociología de las violencias, seguridad pública y militarización, desde el Gobierno federal y los estatales debe existir “voluntad de construir instituciones arraigadas en el ámbito local, que permitan generar cambios a largo plazo”.
Comenta: “El problema, desde luego, tiene que ver con los recursos. Al final de cuentas, sin dinero, sin las suficientes capacidades humanas, materiales, tecnológicas, es difícil que un policía en un municipio alejado pueda realmente incorporarse a los estándares que plantea el modelo”.
Sobre el seguimiento que Causa en Común ha hecho directamente respecto al desarrollo de distintas policías locales, Escobar Ayala sostiene que las deficiencias en la coordinación y la forma en que se distribuyen los recursos, “muchas veces sin parámetros claros y a partir de convenios sumamente difíciles de rastrear”, son parte del problema.
Resalta que uno de los aspectos principales que hace que se mantengan estos déficits en las condiciones de los policías se debe a la falta de voluntad de los gobiernos estatales para mejorar las condiciones de sus policías y dejar de depender, en la medida de sus posibilidades, del Gobierno federal.
“Desde luego tiene que haber una coordinación y una comunicación permanente con el Gobierno federal, pero este elemento de la voluntad política es hoy en día mucho más determinante y tiene que surgir sobre todo desde el ámbito local mismo”, considera el investigador de Causa en Común.
El caso Campeche
Un claro ejemplo de cómo la falta de voluntad de autoridades estatales para mejorar las condiciones en que los policías locales realizan su trabajo, fue el incidente que derivó en un movimiento de protesta de los uniformados, en demanda de la renuncia de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, a quien acusaron de malos tratos y de enviarlos a los operativos sin equipo adecuado.
Tras la agresión que uniformados de ambos sexos pero en especial del femenino sufrieron por parte de internos del penal de San Francisco Kobén el pasado 15 de marzo, con saldo de 50 personas heridas, se realizó una marcha multitudinaria e inédita en la capital del estado, en la que los policías recibieron el apoyo de la sociedad.
A partir de los hechos del penal, alrededor de 800 elementos de la Policía Estatal se fueron a un paro de labores, aunque organizaron guardias para no suspender los patrullajes por completo.
Los inconformes fueron víctimas de burlas y amenazas por parte de la gobernadora Layda Sansores, quien, lejos de atender sus demandas de mejorar sus condiciones de trabajo, ordenó iniciar procedimientos para dar de baja a los paristas.
Tras 105 días de protesta, los policías inconformes decidieron regresar al trabajo el pasado 28 de junio, derrotados, pues la gobernadora ni despidió a la titular de la SPSC ni mejoró las condiciones laborales, ni les proporcionó equipo a los policías, y en cambio sí suspendió pagos y cesó a por lo menos nueve uniformados.
“Sí, falta lana, pero…”
En medio del panorama adverso para los policías en México, también existen historias de superación y éxito en la mejora de sus condiciones laborales, y en consecuencia de una mayor estabilidad y bienestar para ellos y sus familias.
Uno de estos casos es el de la Policía Municipal de Morelia, capital de Michoacán. Hasta el 2015 era una de las pocas capitales estatales que no contaba con una corporación propia, pero hoy ésta se ha posicionado como un modelo nacional de policía, certificada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En palabras de Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad y Justicia Cívica de Morelia –capital de Michoacán–, la clave para formar una policía desde cero, que en tres años pasó de tener 80 agentes de tránsito a ser una corporación con 850 elementos 100% certificada, fue “poner al policía como protagonista de la historia”.
En entrevista con ejecentral, el también excomisionado de Seguridad y Justicia Cívica del municipio de Colima aseguró que el modelo de gerencia policial que encabezó precisamente en ese ayuntamiento entre 2018 y 2021 sirvió de base para “tener la policía certificada, educada y amable que hay en Morelia”.
Consciente de la insuficiencia de recursos y las implicaciones que trajo la desaparición del Fortaseg para los presupuestos de seguridad de los municipios, González Cussi aseguró que sí hay manera de generar resultados para los policías en beneficio de ellos y de los ciudadanos, con los recursos que se tengan a la mano.
“Falta lana, sí, todos los municipios estamos así, pero empiezas a sumar esfuerzos, por ejemplo, en el tema de formación, metes al gobierno de Estados Unidos, los empresarios empiezan a ver resultados y empieza a ser un factor la sociedad civil. Entonces, es una suma de factores que justamente… partes de tener un diagnóstico muy claro de poner a la persona en el centro”.
El funcionario se refería a la desaparición, en este sexenio, del subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (Fortaseg), por el que se destinaban recursos federales a los 286 municipios más violentos del país, y a la reducción de las partidas en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Explicó que a partir de alianzas y convenios de cooperación con gobiernos extranjeros y la iniciativa privada, los uniformados de Morelia cuentan con la Casa del Policía, un club social en el que los agentes y sus familias tienen acceso a alberca, canchas de futbol, basquetbol, gimnasios, nutriólogos, psicólogos, sala de cine, sala de juegos, barbería, aulas de capacitación, lactario y otros beneficios.
NM
