La próxima Presidenta de la República, misma que asumirá el cargo el próximo 1 de octubre, encontrará una casa con cimientos sólidos, pero también con desafíos importantes y con oportunidades para consolidar y mejorar lo logrado durante la actual administración.
La nueva jefa del Ejecutivo Federal tendrá la posibilidad de mejorar aspectos como la universalidad de los programas sociales, el robustecimiento del salario mínimo y la política de austeridad, pero también enfrentará retos importantes, como la inseguridad creciente, el desabasto de medicamentos y la ausencia de diálogo político, entre otros.
A 119 días de que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador, los indicadores oficiales lo ubican como el sexenio más violento en la historia reciente del país, con el mayor número de homicidios dolosos, y en el que se alcanzaron máximos históricos en la incidencia de delitos como extorsión, robo a negocio, violación, violencia familiar y otros.
Esto ha llevado a que organismos nacionales e internacionales y especialistas coincidan en que la situación de inseguridad y violencia, y el deterioro en materia de derechos humanos en el país, representan los principales desafíos que deberá atender la primera mujer que gobernará México.
“El próximo Presidente tendrá que lidiar con los problemas que han asolado a México durante muchos años, como la seguridad pública, las violaciones de los derechos humanos, la migración y la corrupción”, anticipa un informe del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo.
La sucesora de López Obrador recibirá un sistema de salud deteriorado, en el que no se ha logrado la universalidad ni la eficiencia que se requiere, y que fue puesto a prueba durante la pandemia de Covid-19, a la mitad del sexenio.
Aunque el fenómeno no es totalmente atribuible al gobierno saliente, pues Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto, considera que la primera mujer en gobernar a este país se enfrentará con “una herencia ancestral de inequidades en el sistema de salud”.
Ahora se resiente el desabasto de vacunas y medicinas, aunque la situación no se compara con la crisis que se vivió entre 2020 y 2022, cuando no había medicamentos oncológicos ni psiquiátricos, ni alcanzaban vacunas del cuadro básico, todo en medio de la pandemia por Covid-19 que dejó más de 800 mil decesos en México.
En el entorno político, el principal reto que enfrentará quien tome las riendas del país a partir del 1 de octubre será reanudar el diálogo político que estuvo ausente a lo largo del actual sexenio, durante el cual la Secretaría de Gobernación nunca se sentó a platicar con los dirigentes nacionales de los partidos ni con los coordinadores parlamentarios en el Congreso, lo que aumentó la polarización y afectó los acuerdos legislativos.
Violencia e inseguridad al alza
“Tengan confianza, vamos a actuar con responsabilidad y a garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos”, aseguró el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, 17 días antes de su toma de protesta. Pero en el otoño de su mandato, la situación en este rubro es delicada.
En el país se registra un asesinato cada 15 minutos o 95 en promedio cada día; se trata de la mayor proporción de muertes violentas en México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, según los datos oficiales que analiza la agencia TResearch.
Pero la próxima administración enfrentará un escenario en el que otros delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, han alcanzado los mayores incrementos desde que se tiene un registro oficial.
En los primeros 65 meses de este gobierno se abrieron 50 mil 225 carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional, la mayor cantidad registrada en el mismo periodo desde el sexenio de Vicente Fox. A lo anterior hay que agregar una cifra negra (delitos que no se denuncian) de 96%, según la última estimación del Inegi.
El incremento de masacres, torturas, esclavitud y trata de personas, actos violentos contra la autoridad, y otros crímenes que desde 2020 la organización civil Causa en Común registra como “atrocidades”, también es parte de los retos por afrontar.
Al cierre de 2023, Causa en Común contabilizó seis mil 378 atrocidades, 28% de las cuales correspondieron a casos de tortura (mil 789) y 447 a masacres.
Las más de seis mil atrocidades dejaron un saldo de 12 mil 395 víctimas, lo que implicó un aumento de 94% respecto a las seis mil 365 víctimas de 2020, según el seguimiento que hace la organización.
La desaparición de personas es otro de los fenómenos urgentes por atender ante el distanciamiento del gobierno con los colectivos de búsqueda, cuyos reclamos no han tenido el eco deseado. Todo eso aunado a la falta de fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda.
El número de personas desaparecidas y no localizadas en los primeros 64 meses de esta administración superó 62.29% a las registradas en el mismo periodo de la gestión anterior, y representa un alza del 217.31% a las desapariciones respecto al mismo lapso del gobierno de Felipe Calderón.
Reconocer el problema
Para Javier Oliva Posada, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el primer paso para enfrentar la actual crisis de seguridad empieza por “reconocer con objetividad la gravedad de la situación”.
En entrevista con ejecentral, el académico asegura que la política o estrategia de seguridad del próximo gobierno debe poner en el centro a las víctimas y a sus familias y delinear los “planteamientos consistentes” que darán lugar al que será el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El también coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia opina que dicho Plan debe dejar de ser una “exposición de motivos”, para que sea sancionable en caso de que no se cumpla lo establecido.
“Es muy importante que se tome en serio la gravedad del problema. La política o estrategia de seguridad pública próxima debe estar alejada de tres cosas: voluntarismo, improvisación y ocurrencias”, enfatiza.
Para David Saucedo, especialista en seguridad pública, los dos grandes retos en seguridad para el Estado mexicano tienen relación directa con la combinación de dos fenómenos: “el narcoterrorismo (...) y la narcopolítica”.
El también consultor en programas de gobierno señala que derivado de la “política de exterminio” de los grupos criminales, se desencadenan otros delitos que también implican desafíos para las autoridades, como la desaparición de personas, el hallazgo de fosas clandestinas y otros.
Las acciones de los “grupos de macro criminalidad”, como los denomina Saucedo, también repercuten en la relación de México y Estados Unidos, pues asegura que la agenda bilateral de negociación de ambos países se focaliza en el combate al fentanilo, un tema que estuvo “totalmente ausente en las plataformas de campaña de las tres candidaturas presidenciales”.
Un informe de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), publicado a inicios de mayo, refiere que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación tienen presencia en 50 estados del territorio estadounidense.
“Juntos, los cárteles de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia los Estados Unidos y dominan el comercio de drogas sintéticas; en particular, es evidente el incesante flujo de fentanilo y metanfetamina cruzando la frontera hacia los mercados estadounidenses”, indica el informe.
En el contexto mexicano, la violencia que se ha desatado por las luchas territoriales y al interior de los cárteles, lo cual se refleja con el incremento de ataques contra las autoridades y la población en general, puede ser un factor de riesgo tanto para la relación bilateral como para el recrudecimiento de la propia violencia.
“El panorama no puede ser peor, pero creo que todavía no tocamos fondo. Podemos llegar a lo que fue Colombia en la década de los 90 con aviones estallando en el aire, coches bomba estallando en la capital, con masacres perpetradas por el crimen organizado con el único objeto de calentar la plaza”, advierte David Saucedo.
Fallas en sistema de salud
En nuestro país hay 50.4 millones de personas sin acceso a los servicios de salud, un aumento de 16.2% a 39.1% de la población en esta situación, de 2018 a 2022, según datos del Inegi. De ese tamaño el reto que tiene la próxima Presidenta de la República, quien llegará a gobernar un país que a la mitad del sexenio padeció un momento histórico de desabasto de medicamentos, algo que aún afecta a muchos pacientes.
Este año, el presupuesto destinado a instituciones de salud fue de 970 mil 522 millones de pesos; sin embargo, esto no se ha visto reflejado en mejoras.
En entrevista con ejecentral, el coordinador del Colectivo Cero Desabasto, Andrés Castañeda, afirma que en el país “hay sistemas de salud de primera, de segunda, de tercera y de cuarta”, por lo que la próxima mandataria tiene “un reto enorme” para dar la misma atención a los pacientes sin importar su condición social.
Aunque las instituciones han avanzado en surtir recetas, afirmó, todavía hay reportes de desabasto y se ha demostrado que la megafarmacia del Gobierno federal no resuelve el problema.
¿La sucesora de Andrés Manuel López Obrador tendría que revisar la viabilidad de la megafarmacia?
“La megafarmacia es un tema político y ya está probado que no funciona, y no funciona porque no busca resolver el problema de fondo, es más bien un parche. Yo creo que las cosas van a cambiar en esta misma administración”.
Este gobierno enfrentó incluso a los enfermos, ¿cómo le gustaría que fuera el trato de la próxima Presidenta hacia los pacientes?
“Tiene que haber un cambio en la política, justo en la forma en la que se entiende a los usuarios, que son personas con derechos. El universo de las quejas o de cómo se abordan estas quejas o estos problemas partió en muchos sentidos desde un raciocinio politiquero. Tendríamos que pasar de ese plano de lo politiquero a un principio de derechos”.
Elías Téllez, vocero del colectivo Unidos por la Salud Mental, cuyos integrantes sufrieron por el desabasto de medicamentos psiquiátricos, dijo que uno de los desafíos para la siguiente mandataria es evitar una crisis similar.
“Nosotros estamos aquí para recordarles que no queremos que se repita el desabasto, sobre todo cuando cierran las líneas de producción del único distribuidor de fármacos en México. Las cosas las hicieron terriblemente mal cuando cerraron el flujo de medicamentos psiquiátricos, incluso oncológicos, y hoy sufrimos las consecuencias. Todavía hay lugares a los que no llegan las medicinas”, enfatiza.
Educación, un desafío monumental
La primera mandataria también deberá enfrentar un reto monumental en materia educativa, pues hay un serio problema en el aprendizaje básico. Cinco de cada 10 estudiantes mexicanos no comprenden lo que leen y casi siete de cada 10 tienen problemas para resolver desafíos matemáticos.
Al respecto, Marco Fernández, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de la organización México Evalúa, sostiene que “hay una brecha importante entre lo que se aprende en las aulas y lo que el mundo laboral requiere. Nos dice la gente de recursos humanos del país que 54% de las posiciones disponibles (trabajos), no se están pudiendo llenar porque los jóvenes que solicitan las posiciones no tienen la preparación ni habilidades suficientes para cumplir con los perfiles laborales”.
El también profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey comentó que, ante el panorama, estudiantes de 15 campus de esa casa de estudios, de la Universidad de Guadalajara y del TEC Milenio han dado tutorías en matemáticas y comprensión lectora para jóvenes de preparatorias públicas de seis estados. Tanto México Evalúa como el Tec de Monterrey hicieron el análisis Aprender parejo en México, en el que se destaca que sólo 28 de cada 100 niñas y niños que ingresan al sistema educativo terminarán la universidad.
¿Y la Presidenta de este país debe reconsiderar la entrada a la prueba PISA?
“Pues más que entrar, no abandonar. El problema de la prueba PISA no es el diseño del instrumento, es la omisión de la autoridad de no utilizar los resultados para el diseño de políticas, por ejemplo, de capacitación docente, de tutorías focalizadas en los planteles, en los alumnos que tienen mayor rezago en los aprendizajes”.
Habla de tentaciones centralistas de la educación, ¿qué significa y qué debe hacer el siguiente gobierno?
“Hemos mostrado que hay más de un millón 250 mil estudiantes que abandonaron las escuelas durante la pandemia por Covid-19 y ya no regresaron. Tenemos un problema en la parte de los aprendizajes en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Hay retrocesos en educación, un saldo muy malo de esta administración y la próxima Presidenta tendrá que enfrentarlo de la mano con los gobernadores, porque ahora hay una interpretación centralista, de pensar que todo va a venir por la solución del Presidente y eso es una equivocación”.
La bomba en las finanzas públicas
Para los expertos, la primera mujer en ocupar la silla presidencial se enfrentará con una bomba de tiempo en materia de finanzas públicas, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recomienda que en 2025 se reduzca el déficit público de 5 a 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica que el nuevo gobierno debe ahorrar en su primer año 706 mil millones de pesos, más de los recursos públicos que se destinarán al programa de pensión para adultos mayores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará un país con un déficit público de 5% del PIB, el nivel más alto desde 1988. Ante ello, Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa; Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad; Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas, y José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, coincidieron en que urge una reforma fiscal.
En las campañas, las dos candidatas más fuertes no hablaron de esa opción; sin embargo, para que la ganadora de la contienda cumpla sus promesas debe aumentar los recursos y sólo hay dos salidas, según los expertos: reforma fiscal o deuda.
Pero los niveles de deuda ya son altos, representan 50.2% del PIB. Cuando López Obrador llegó a Presidencia, en diciembre de 2018, la deuda total que se refleja en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, era de 10.55 billones de pesos; en 2024, en su último año de gobierno, el saldo cerrará en 17.04 billones de pesos.
La próxima inquilina de Palacio Nacional tendrá, además, poco margen de maniobra en el Presupuesto de Egresos de 2025, ya que la mayoría de los recursos están comprometidos en programas sociales y en la conclusión de las obras emblemáticas, entre otros rubros.
Lucha de poderes
Los desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Judicial han sido un sello en la actual administración. Sin embargo, estos choques han escalado a riesgos que trastocan los derechos humanos, la independencia judicial y la división de poderes.
“El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella”, sentenció el presidente López Obrador en el escrito de su iniciativa con la que pretende reformar la Constitución para “democratizar” la elección de jueces, magistrados y ministros.
También plantea reducir de 11 a nueve el número de integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual, señala, “ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos al interior del Poder Judicial”, con la creación de un órgano de “Administración Judicial” y un “Tribunal de Disciplina Judicial”.
La iniciativa fue presentada en el marco de una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, caracterizada por declaraciones y posturas encontradas entre ambas instancias, pues así como el primer mandatario criticó a la Corte, también recibió reproches y ataques mediáticos de parte de ministros y jueces federales.
Las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación, en particular con el máximo tribunal del país, implican desafíos para la próxima administración que, ante la posibilidad de que la polarización derive en el debilitamiento del Estado de derecho y en un clima de inestabilidad política que pudiera dificultar la implementación de políticas públicas y las reformas que el nuevo gobierno considere necesarias.
Analistas y organismos especializados señalan que la percepción de un sistema judicial politizado impacta negativamente en la inversión y la economía, lo cual puede disuadir a inversionistas nacionales e internacionales.
Diálogo ausente
Tradicionalmente, los Presidentes de México habían mantenido un diálogo respetuoso y permanente –a través de la Secretaría de Gobernación– con dirigentes nacionales de los partidos políticos registrados, lo cual se rompió en el actual gobierno.
La nueva Presidenta tendrá entre sus retos reanudar ese diálogo no sólo con los partidos y coordinadores parlamentarios, sino con los integrantes de instituciones autónomas, contra las que la actual administración se confrontó, al grado de amenazar con desaparecer a varias de ellas.
Durante el gobierno al que le quedan cuatro meses de vida, el presidente López Obrador sólo recibió en Palacio Nacional a dirigentes nacionales y diputados y senadores de Morena, PT y PVEM, es decir, de su partido y sus aliados políticos. Nunca lo hizo con los dirigentes de PRI, PAN, PRD ni MC.
De las instituciones autónomas, sólo recibió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando llegó a la presidencia Guadalupe Taddei, pues cuando ese cargo lo ocupaba Lorenzo Córdova, López Obrador arremetió una y otra vez contra el órgano electoral.
Asimismo, el Presidente se ha negado a recibir a integrantes de otras instituciones, por ejemplo, a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, quienes le han solicitado en varias ocasiones una audiencia, sin obtener respuesta.
En el sistema político mexicano era común que el secretario de Gobernación en turno se reuniera con los dirigentes de los partidos para hablar de temas de interés nacional y sobre todo de agenda legislativa.
El último encuentro de que se tiene registro ocurrió en febrero de 2018, cuando el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, platicó sobre la seguridad del proceso electoral de ese año con los presidentes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social. A ese encuentro no acudió el líder de Morena.
En la actual administración, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió en diciembre de 2021 a quien era presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, encabezaba también la Comisión Política del PAN.
Esta reunión, la única en la que hubo un intento de diálogo político, se dio ante la insistencia del panista de obtener una audiencia y sólo porque López Obrador dio la orden a Adán Augusto López de recibir a quien alguna vez fue su amigo.
Ayotzinapa sin solución
El caso Ayotzinapa es la gran deuda de los últimos dos Presidentes y será una herencia más para la primera mujer que ocupará la silla presidencial.
“Seguimos en la búsqueda de la verdad y la justicia”, fue la consigna de familiares y amigos de las víctimas el pasado 26 de mayo, a 116 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las marchas en Guerrero y en la Ciudad de México de ese día fueron para recordar que la lucha por la verdad cumplirá 10 años el próximo 26 de septiembre y que a esto se suma el asesinato de Yanqui Kothan Gómez a manos de elementos de la Policía Estatal de Guerrero, el 7 de marzo pasado.
Durante las protestas, los deudos reprocharon que ninguno de los presidenciables puso como prioridad el caso, ni se refirieron a la desaparición forzada durante las campañas.
“Lamentamos que en esta farsa electoral, los candidatos y candidatas a ocupar algún cargo político, el tema de la desaparición forzada ni siquiera figuró en su lista. De manera concreta, de la desaparición de los 43 estudiantes de parte de los políticos y políticas ni siquiera es dignó de mencionar que es un tema pendiente de justicia, por eso necesitamos alzar la voz”, declaró Isidoro Vicario, uno de los abogados.
“Hemos resistido por el amor que le tenemos a nuestros hijos, es algo muy duro para nosotros seguir viviendo el día a día pensando que mañana será mejor, que tendremos una buena respuesta de saber dónde están nuestros hijos”, secundó en medio de la lluvia, Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Ángel.
El presidente López Obrador prometió recibir a los padres de las víctimas hasta que pasaran las elecciones, luego de varias jornadas de protesta, en una de las cuales los normalistas derribaron una puerta lateral de Palacio Nacional, el pasado 6 de marzo.
La reunión del primer mandatario con los padres de los 43 se dará luego de las inconformidades por las conclusiones del segundo informe de la Comisión para la Verdad, que en septiembre de 2023 presentó Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos; y luego de que López Obrador dijera que el Ejército ya no tiene más información que aportar al caso Ayotzinapa y de que acusara al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de engañar y administrar el dolor de la gente.
Hasta el momento no ha habido avances en las nuevas investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, a través de una fiscalía especializada, por lo que se desconoce aún el paradero de los 43 estudiantes.
Crisis migratoria
Niveles récord en el número de personas en situación de movilidad que en los últimos años han ingresado a nuestro país; complicaciones en materia de política interior; tensiones diplomáticas generadas con el gobierno de Estados Unidos, y el incremento de accidentes, crímenes y violaciones a derechos humanos en contra de extranjeros sin documentos, forman parte de una crisis migratoria a la que se enfrentará la nueva administración.
En los primeros cinco años del gobierno en turno, el número de personas en situación migratoria irregular que fueron internadas en estaciones migratorias se disparó 155% respecto a lo registrado en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto, y 319%, con relación al mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón.
Aunado a ello, a partir de 2018, la cantidad de personas solicitantes de la condición de refugiado en México alcanzó año con año cifras históricas, al grado de que en el primer lustro de esta administración el número de solicitantes se incrementó 1,554%, respecto a los primeros cinco años del gobierno anterior.
Entre los hechos que pusieron en evidencia las fallas en la política migratoria y la ineficiencia de las autoridades del ramo está sin duda el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron lesionadas, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023.
A esta situación se suman los cada vez más recurrentes casos de traslados forzados, hacinamiento y secuestros masivos de personas migrantes por parte del crimen organizado, así como los reportes del hallazgo y “rescate” de personas en movilidad que, en el mejor de los casos, son abandonadas por decenas a bordo de camionetas, camiones o tráileres.
Según los informes del Fortalecimiento de la Estrategia de Control Migratorio, estrategia en la que además de los Grupos Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM), también participan también elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, el número de “rescates”, como refieren las autoridades a la detención de migrantes, se disparó en 5,000%, entre 2019 y 2023.
El fantasma de Trump
El cambio de gobierno en México llegará en momentos de elevada convulsión internacional. La guerra de Rusia contra Ucrania y los bombardeos de Israel contra territorios palestinos han puesto en duda la viabilidad de los organismos internacionales como garantes de la paz y el desarrollo de la humanidad, y han creado nuevas condiciones para el alineamiento de los países.
En tal contexto, México requiere de una revitalizada política exterior que le permita no sólo salir del aislamiento en que dejará al país la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino aprovechar las oportunidades que se abren con el nuevo orden internacional, que está siendo determinado por la lucha de Estados Unidos y China por el liderazgo económico, tecnológico y militar, afirman expertos consultados por ejecentral.
En este escenario, es fundamental poner atención en la sucesión presidencial de Estados Unidos. Si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, las vías institucionales que se construyeron en el último sexenio para entablar diálogos de alto nivel en materia de seguridad, comercio y cooperación “se irían a la basura”, advierte la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.
Al enumerar los retos que enfrentará la próxima mandataria de México en las relaciones con Estados Unidos, la diplomática sugiere que desde el momento en que se le declare Presidenta electa, la titular del Poder Ejecutivo deberá armar escenarios y alistar propuestas sobre control migratorio y combate al fentanilo, para llegar bien preparados a enero de 2025, cuando tomará posesión el nuevo jefe de la Casa Blanca.
“La nueva Presidenta de México debe visualizar escenarios y propuestas concretas para evitar que, si regresa Trump, cumpla lo que ha dicho en campaña”, argumenta Bárcena en entrevista con ejecentral. “Trump ha dicho que el primer día de su gobierno actuará como un dictador y cerrará la frontera por razones de migración y de fentanilo”, advierte.
Entre las elecciones del pasado 2 de junio en México y las del 5 de noviembre en Estados Unidos pasarán cinco meses, mismos que, según Bárcena, deben ser aprovechados para diseñar la estrategia ante un posible retorno del magnate republicano.
“La nueva Presidenta deberá elegir quién responderá y cómo a los ataques y críticas contra México en tiempos de campañas. También deberá seleccionar a quien mandará a las convenciones demócrata y republicana”, con el fin de tejer relaciones informales con ambos bandos del espectro político de Estados Unidos.
“En el corto plazo se tiene que trabajar el tema del fentanilo, es decir, para finales de año, la nueva Presidenta de México debe saber qué le va a proponer México a Biden o a Trump, para no empezar de cero, sino llegar con ideas sobre el control de los opiáceos”, abunda la también exembajadora de México en Turquía y Dinamarca.
¿Se puede esperar un Trump más radical del que vimos entre 2016 y 2020?
“A nivel interno, va a tener menos funcionarios capacitados, y elegirá a su equipo con base en la lealtad y va a querer gobernar casi por decreto en todo”.
¿Y eso cómo nos afectaría?
“Trump va a seguir muy radical con el muro fronterizo, con la contención de la migración, con el combate al tráfico de fentanilo. Podemos esperar un gobierno más complicado para la próxima Presidenta de México”.
Bárcena apunta que hay elevadas posibilidades de que el próximo secretario de Estado sea Richard Grenell, embajador en Alemania, quien se identifica con partidos de extrema derecha en Europa y no conoce nada de México.
En materia de comercio, Bárcena informa que el próximo año comienzan las consultas rumbo a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que tendrá lugar en julio de 2026.
“Fuentes en Estados Unidos han adelantado que la revisión será muy dura y que las autoridades se están planteando si el tratado ha dado los resultados esperados y si conviene seguir dentro; en Estados Unidos hay quien piensa que no ha dado resultados debido a los diferendos en energía y a la falta seguridad jurídica a las inversiones del exterior”, reseña la diplomática.
China, patinar en dos pistas
Cuando José Luis Bernal era embajador de México en China, se volvió recurrente la pregunta: ¿quién será el ganador de la pugna entre Estados Unidos y China por la supremacía global? El diplomático solía responder: “Va a ganar México”.
Y no es retórica. En el proceso de desacoplamiento económico entre Washington y Beijing, México se convirtió el año pasado en el principal socio comercial de Estados Unidos, aprovechando su posición geográfica, fortaleza económica y capacidad de diálogo con el vecino del norte. Y el comercio con China llegó a la cifra récord de 110 mil millones de dólares.
En entrevista con ejecentral, Bernal señala que en los últimos cinco años se instalaron en México más de mil 500 empresas de capital chino. “Desde luego, no se comparan con las 10 mil empresas con capital de Estados Unidos o muchas otras de Europa, pero hablando de China, se ha dado un crecimiento del comercio, de la inversión, de la absorción tecnológica. Ya hay algunas empresas chinas que tienen incluso centros de desarrollo tecnológico en Querétaro, Guadalajara, Yucatán y en la Ciudad de México”, dijo.
Sobre los retos para la nueva Presidenta, Bernal destaca que se debe recomponer la política exterior en su conjunto, manejando de manera profesional las relaciones con Estados Unidos y China.
“Tenemos que seguir manteniendo una posición no sólo más independiente, sino cuidando nuestro interés nacional en la relación con Estados Unidos, ampliando las oportunidades en la relación con China y con toda la cuenca de Asia-Pacífico y ahora de lo que llaman el Indo-Pacífico, ahí se incluye India”, opina Bernal, al señalar que se necesitan diplomáticos profesionales a cargo de esas misiones de alta sensibilidad.
“Debemos aprovechar mejor nuestras fortalezas internas para ver en dónde necesitamos generar inversión, absorber tecnología, propiciar desarrollo local y regional y también seguir generando más exportaciones”, añade el también exembajador de México en Corea del Sur, quien considera que con el conflicto Washington-Beijing catapultó a México como potencia manufacturera, al grado de que nuestro país es hoy la octava nación del mundo con mayor comercio internacional.
América Latina,recomponer el vecindario
Así encontrará la nueva jefa del Ejecutivo Federal las relaciones con América Latina: ruptura de relaciones con el Ecuador de Daniel Noboa tras la invasión a la embajada mexicana en Quito; distanciamiento con el Perú de Dina Boluarte, luego de que su gobierno bloqueara el rescate del presidente Pedro Castillo, y enfriamiento de los vínculos con la Argentina de Javier Milei, quien ha sido crítico de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, la cercanía con la Cuba de Miguel Díaz-Canel, la Venezuela de Nicolás Maduro y la Nicaragua de Daniel Ortega, tres gobiernos considerados autocráticos por la comunidad internacional y con denuncias por violaciones a los derechos humanos. Incluso, hay negociaciones cruciales en marcha con Guatemala, Honduras y El Salvador para regular los flujos migratorios, que en 2023 alcanzaron niveles récord.
“Yo creo que la próxima Presidenta debería tener como prioridad el acercamiento con los países con quienes tenemos tensiones y superar estos problemas. Creo que el problema más complicado es Ecuador”, opina José Omar Hurtado, exembajador de México en Guyana y Nicaragua.
Hurtado subraya que la región “es un área estratégica para México”, principalmente Guatemala. “Tenemos una frontera sur muy porosa, donde está presente el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando, el tráfico de armas, etc. Entonces, en la agenda de política exterior para la nueva Presidenta debería ser importante”.
Además remarca la necesidad de que el nuevo gobierno ponga fin a los “embajadores políticos” y volver a los diplomáticos de carrera, con el objetivo de que la política exterior se rija por razones de Estado y no por los intereses partidistas.
“De 16 embajadas en América Latina, 13 están ocupadas por políticos; es una proporción muy alta, sólo habría tres de carrera. Y embajadas muy importantes, como Guatemala y Brasil, deben tener representantes de muy alto nivel”, añade Hurtado.
El flagelo del cambio climático
En los últimos meses, con el huracán Otis, la sequía y los problemas del agua, México se ha convertido, según el analista climático Eliot Jacobson, en uno de los principales ejemplos de los efectos catastróficos que tiene y tendrá en el futuro el cambio climático; en las agendas y propuestas de quienes aspiraban a la Presidencia el tema se tomó apenas como “un problema marginal”, pero ahora representa uno más de los retos para la ganadora de los comicios.
Ante eso, Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, comenta en entrevista con ejecentral que, más allá de procurar la mitigación de emisiones, “por lo que estoy más preocupado es la parte de nuestra vulnerabilidad, el riesgo que estamos enfrentando”.
Tanto la mitigación como la reducción de riesgos ante los efectos del cambio climático (relacionados con la alimentación, pobreza, salud y otros factores de desarrollo) deben que abordarse “de manera coordinada por el gobierno”, señala el experto.
Basado en datos del Global Carbon Budget, Estrada señala que 2022 fue “el año con las mayores emisiones en toda la historia de México”. Y resalta el hecho de que esto sucedió poco después de 2020, que fue el año con la menor cantidad de emisiones desde 2012, cuando éstas se empezaron a reducir por la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático.
El aumento acelerado de emisiones, en cambio, coincidió con la reforma energética impulsada por el actual gobierno y que entró en vigor en marzo del 2021.
Por otra parte, en las dos últimas ediciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (las COPs 27 y 28), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha hecho compromisos que se han considerado “regresivos” y “críticamente insuficientes” por la firma de análisis Climate Action Tracker.
La próxima COP, la número 29, se llevará a cabo en noviembre de este año en Bakú, Azerbaiyán, y se espera que México lleve compromisos más ambiciosos. Esta reunión se llevará a cabo ya con la batuta de la próxima Presidenta.
Consecuencias devastadoras y poca acción
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 157 de los 653 acuíferos del país tienen sobreexplotación. Y según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), entre 2001 y 2022 se han perdido alrededor de 210 mil hectáreas de bosques cada año. Para colmo, el presupuesto para el manejo y conservación de áreas naturales protegidas se ha reducido de 26.5 pesos por hectárea en 2016 a 10.7 pesos en 2024. A esta situación también se enfrentará el nuevo gobierno.
Además, durante la actual la administración, los organismos que podrían ofrecer información y análisis independientes de cuestiones ambientales, como los institutos Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad (Conabio), han perdido independencia y presupuesto.
Según un cálculo hecho por el equipo de Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, si se suman los impactos que ha tenido el cambio climático en México en distintos sectores (como el agrícola, el uso de energía, la biodiversidad y demás) las pérdidas equivaldrían “entre 85% y 400% del PIB actual del país”.
El economista enfatiza la importancia de que se fomenten medidas de mitigación del cambio climático a nivel local, no sólo federal. En particular, Estada y su equipo han estudiado las islas de calor, fenómeno que sucede en las ciudades por el exceso de concreto y cemento y la falta de áreas verdes y cuerpos de agua.
La investigación que hicieron con datos de mil 900 ciudades del mundo concluye que “por cada dólar que uno le metía de inversión, al cambiar, por ejemplo, las coberturas de los techos, uno deja de perder 15 dólares. Es una motivación muy grande”, dice Estrada.
Pero este tipo de acciones, aunque tienen un componente que pueden aportar las personas en lo individual, deben coordinarse desde el gobierno.
NM
