El presidente Andrés Manuel López Obrador entró a la recta final de su gobierno, convencido de que sentó las bases de la transformación del país; se va con una aprobación de 64.4%, de acuerdo con Consulta Mitofsky, y con el apabullante triunfo electoral del partido que creó y que en sólo 10 años logró eclipsar a la oposición política del país.
El mes que transcurre marca el fin de un gobierno caracterizado por la polémica, durante el cual, el titular del Ejecutivo federal —el primero surgido de la izquierda—, modificó usos y costumbres, como el hecho de que cerró la residencia oficial de Los Pinos y se fue a vivir al Palacio Nacional.
Los legisladores de la 4T quieren despedirlo con la aprobación de la mayoría de las iniciativas que propuso el pasado 5 de febrero, en especial con la polémica reforma al Poder Judicial.
López Obrador cambió radicalmente la forma de gobernar: del 8 de diciembre de 2018 al 29 de agosto de 2024 encabezó mil 386 mañaneras, sólo salió al extranjero en 11 ocasiones y en vuelos comerciales, porque nunca usó el avión presidencial, dio informes de gobierno abiertos al público y hasta marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo en un lapso de seis horas y ante un mar de gente.
En sus casi seis años de gobierno, se enfrentó con el Poder Judicial, los órganos autónomos, los reyes de España, las embajadas de Estados Unidos y Canadá, los partidos políticos de oposición, empresarios poderosos, medios de comunicación y con los críticos de su gobierno.
Su administración fue de claroscuros, según especialistas consultados por ejecentral, quienes reconocen su liderazgo político, pero también señalan las deficiencias durante su mandato.
Sus 100 compromisos
Como presidente electo en 2018, Andrés Manuel López Obrador fijó 100 compromisos. Aunque asegura que sólo incumplió dos, en una revisión hecha por ejecentral se detectaron al menos seis que no se han concretado.
No se cumplió con la promesa de tener “un sistema de salud de primera” a mediados del sexenio; con no aumentar la deuda pública; con que las compras públicas fueran consolidadas y con la observación ciudadana y de la ONU; con la reubicación de las secretarías de Estado en las distintas entidades de la República; con “conocer la verdad” de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y castigar a los responsables, y con el compromiso de “mantener relaciones de respeto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial”.
En contraste, el presidente López Obrador sí cumplió con otros objetivos, como bajar los sueldos de altos funcionarios, aumentar la pensión para adultos mayores, crear el Banco del Bienestar, cancelar fideicomisos, quitarle el fuero al jefe del Ejecutivo, abrir el complejo cultural de Los Pinos, vender el avión presidencial, eliminar al Estado Mayor Presidencial, construir el Tren Maya, crear el corredor del Istmo de Tehuantepec, fijar el salario mínimo por encima de la inflación y someterse a la revocación de mandato.
También cumplió al crear la Guardia Nacional, efectuar una reunión diaria con el gabinete de seguridad, cancelar la reforma educativa, crear el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, otorgar créditos a la palabra, respetar la autonomía del Banco de México y seguir una política de austeridad republicana, entre otros.
“Austeridad selectiva”
La política de austeridad implementada durante el sexenio de López Obrador ha permitido que se reduzcan drásticamente los gastos en gasolina, viajes, viáticos, vehículos nuevos, adquisición de inmuebles, papelería, publicidad, equipo y contratación de servicios en la administración pública federal.
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, suele decir con insistencia el mandatario, quien se ha puesto a sí mismo como ejemplo de que es posible sobrevivir con 200 pesos en la cartera, sin tarjetas de crédito, con un par de zapatos, viajando en vuelos comerciales y con un sueldo que ronda los 130 mil pesos al mes.
Un cálculo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) refiere que la austeridad republicana en México deja ahorros aproximados por 200 mil millones de pesos al año, principalmente por las restricciones al gasto en combustibles (30%), compensaciones y bonos laborales (24%), contratación de servicios (14%) y gastos administrativos por exceso de burocracia (9%).
Sin embargo, expertos en análisis presupuestal señalan que los ahorros generados por la política de austeridad no se han traducido en una administración pública menos costosa. Al contrario, apuntan, tenemos un gobierno que gasta más, aunque con una “austeridad selectiva”.
“Primero habría que preguntarse si de verdad hubo austeridad o no en el gobierno”, cuestionó José Luis Clavellina Miller, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Este año, por ejemplo, vamos a tener el déficit público más grande de este siglo y también el presupuesto más elevado desde hace décadas. Eso no pasaría si de verdad el gobierno fuera austero”, subrayó.
Al señalar que rubros como Bienestar, Energía, Trabajo y Defensa experimentaron aumentos presupuestales notables, mientras que Salud, Educación y Seguridad presentaron recortes, Clavellina sostuvo que el riesgo de la austeridad es que se pierda calidad en los servicios.
“Observo que hay una menor eficiencia en materia de gobierno en otorgar bienes y servicios públicos a la población, no en el caso de pensiones o en el caso de becas, pero sí en materia de salud, educación y seguridad, donde creo que todavía enfrentamos profundos rezagos”, destacó el analista.
Programas sociales universales
López Obrador cumplió con su promesa de hacer programas sociales universales, dio apoyos sin precedente a los adultos mayores y logró blindar parte de sus programas prioritarios en la Constitución.
Una de las principales banderas de López Obrador ha sido “Primero los pobres”, y durante su mandato hizo honor a ella. La Secretaría del Bienestar, antes de Desarrollo Social, tiene un presupuesto histórico de 543 mil 933 millones de pesos, de los cuales 465 mil millones de pesos son para el programa de Pensión para Adultos Mayores. En 2018, año en que López Obrador entró a la Presidencia, el presupuesto de la Sedesol era de 144 mil 183 millones de pesos, 53 mil 367 de ellos destinados a apoyos para los adultos mayores.
Pero Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y Adriana García, coordinadora de análisis económico de México ¿cómo vamos?, advirtieron que los programas sociales universales han beneficiado más a los que más tienen y no a los más vulnerables.
“Los programas sociales redujeron 2.1% la pobreza, eso suena bien, pero en la administración pasada la reducción de la pobreza por las transferencias que se daban era de alrededor de dos puntos porcentuales, algo muy parecido a lo que corresponde a esta administración (…) Este gobierno aumentó más de 100% el monto de dinero que se le entregó a las personas y no redujo más la pobreza respecto a administraciones pasadas. ¿Por qué? Porque ese dinero no se fue a las personas más pobres, sino que se fue a personas que en estricto sentido no son pobres”, enfatizó Rodolfo de la Torre.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de personas en situación de pobreza se ha reducido en 5.6% al pasar de 51.9 millones de personas en 2018 a 46.8 millones en 2022, mientras que el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones entre 2018 y 2022.
Rodolfo de la Torre explicó que se redujo la pobreza, en mayor medida, por la política laboral, sobre todo por el aumento al salario mínimo.
Adriana García destacó que la política social de López Obrador ha generado un déficit fiscal porque “no se buscó una fuente de financiamiento una vez implementados los programas, y con la Pensión para Adultos Mayores va a continuar creciendo la presión, porque en unos años va a haber más beneficiarios que trabajadores entrando al mercado laboral”.
Economía: saldo favorable
Al acercarse el final del sexenio, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador muestra más aspectos positivos que negativos en materia económica.
Un reporte publicado por la firma Integralia, especializada en análisis de riesgo político y planeación de gobierno, muestra la evolución de 93 indicadores a lo largo del sexenio, 35 de los cuales son de carácter económico.
En este renglón, el gobierno reportó progresos en 26 indicadores y retrocesos en nueve. Es decir, tuvo una efectividad de 74.28 por ciento.
Algunos de los mayores logros, según el documento, son el aumento al salario mínimo en más de 93% de 2018 a 2024; el incremento en el costo de la mano de obra, con una revalorización de 18.8 puntos porcentuales, y la inversión extranjera directa, que se elevó 18.5 por ciento.
También se incrementó la recaudación fiscal en 11.25%, ya que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se captaron 21.8 billones de pesos, mientras que en la administración actual van 23.5 billones, con corte a mayo de este 2024.
En cambio, entre los descalabros están la productividad laboral, la competitividad, el PIB per cápita, la inflación subyacente, la inversión pública y la deuda pública.
“El presidente López Obrador traía una agenda importante de visibilizar las desigualdades en México y esas desigualdades sólo pueden pasar por el tamiz del ingreso laboral. Por mucho que la crítica sea que quiso comprar votos o voluntades a través de los programas sociales, es un hecho que hoy los mexicanos tienen más ingreso”, sostuvo la economista Sofía Ramírez, directora general de la organización México ¿cómo vamos?
Otro renglón favorable en el cierre de sexenio es que la reducción de la informalidad laboral ha ido disminuyendo en México, ya que en el primer trimestre de 2024 se colocó en 54.3% de la Población Económicamente Activa, su nivel más bajo desde que se tienen registros.
Este resultado, de acuerdo con Sofía Ramírez, se debe a que “nos encontramos en una parte del ciclo económico expansivo, donde traíamos la buena fortuna de una disminución entre las relaciones comerciales de China y Estados Unidos, y una relocalización de empresas hacia América, que elevó la inversión y el empleo”.
Respecto a los pendientes que el actual gobierno heredará a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, Ramírez cita no haber fomentado la confianza de los inversionistas para el crecimiento y no haber aprovechado su bono democrático para hacer un saneamiento fiscal que le diera viabilidad al elevado gasto público que representan los programas sociales.
Reformas en tiempos de la 4T
En áreas clave como educación, trabajo, seguridad, justicia, austeridad y soberanía energética, entre otras, el gobierno de López Obrador ha concretado importantes reformas.
Elevar a rango constitucional el derecho de adultos mayores y personas con discapacidad a las pensiones, y que estudiantes de bajos recursos en todos los niveles de escolaridad reciban una beca, son algunas de las reformas que se han impulsado “en beneficio del pueblo”, como ha reiterado el mandatario.
En 2019, primer año del gobierno saliente, se impulsaron reformas constitucionales en materia educativa y laboral, una por la que se creó la Guardia Nacional, otra sobre extinción de dominio y la correspondiente a la austeridad republicana.
La eliminación de la evaluación punitiva, ampliar la participación de la comunidad educativa y la reducción del conflicto con el magisterio, son algunos de los beneficios que trajo consigo la modificación constitucional que echó abajo algunos puntos de la reforma educativa impulsada en el sexenio de Peña Nieto.
En materia de extinción de dominio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que desde la aprobación de la reforma se han asegurado más de dos mil millones de pesos en bienes relacionados con actividades ilícitas.
En materia penal, se logró que delitos como el robo de combustible, la evasión fiscal y el fraude electoral fueran clasificados como graves.
Y el 13 de agosto pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, incluidos extorsión, narcomenudeo, producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas, defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes fiscales.
En 2020, la reforma de pensiones redujo de mil 250 a 750 el número de semanas de cotización para que los trabajadores accedan a una pensión, lo que implicó una ampliación de la cobertura para más de 20 millones de trabajadores, según datos del IMSS, mientras que las aportaciones patronales al fondo de pensiones pasaron del 6.5% al 15 por ciento.
En el listado también se incluye la reforma judicial de 2021, antesala de la actual reforma que busca concretar la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, así como la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que se aprobó aquel año.
Violencia al alza
Según la consultora TResearch International, en México se registra al menos un asesinato cada 15 minutos, lo que equivale a un promedio de 95 homicidios diarios. De 2019 a la fecha suman 195 mil 555 crímenes de este tipo, lo que ubica al sexenio actual como el más violento en la historia reciente.
Durante el gobierno saliente, la incidencia de delitos como la extorsión, el robo a negocio y la violencia familiar, entre otros, alcanzaron máximos históricos.
El informe de Atrocidades y eventos de alto impacto de la organización civil Causa en Común contabilizó, en el primer semestre de este año, al menos dos mil 185 crímenes de extrema violencia, que incluyen 507 casos de tortura, 270 asesinatos de mujeres “con crueldad extrema” y 187 masacres.
La violencia armada ha intensificado el desplazamiento de miles de familias y comunidades enteras. Se calcula que en 2023 hubo 11 mil desplazamientos internos a causa de “conflictos y violencia”, 20% más respecto a 2022, según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024.
Como parte de la ola de violencia, del 2000 a la fecha se documentaron 167 asesinatos de periodistas en el país, de los cuales, 47 se cometieron en el gobierno en turno, la misma cifra registrada al cierre del sexenio anterior, según la organización Artículo 19.
Otro de los pendientes que dejará el actual gobierno es la resolución del caso Ayotzinapa, unos de los compromisos emblemáticos desde el periodo de campaña del presidente López Obrador, que pasará a manos de la próxima presidenta, luego de que los familiares y representantes de los 43 normalistas sostuvieron la última reunión con el mandatario el pasado 27 de agosto y acusaron falta de avances.
Retos en educación
El retorno a clases para el ciclo escolar 2024-2025 ha puesto en evidencia los pendientes y retrocesos que en materia educativa marcan el cambio de estafeta de gobierno, como consecuencia de que cinco de los seis objetivos prioritarios que se plantearon en el Plan Sectorial de Educación (PSE) no se cumplieron.
De acuerdo con el seguimiento del cumplimiento de dichas metas de la organización Mexicanos Primero, en 2020 la educación inicial (cero a dos años) alcanzó una cobertura del 8.7%, pero se redujo a 6.3% en 2023, mientras que el mismo indicador en preescolar (tres a cinco años) pasó de 79.6% a 74.1 por ciento.
En el caso de los estudiantes con menos recursos económicos, la meta de mejorar el 92.3% de escolarización que se tenía en 2020 tampoco se cumplió, pues para el año pasado la cobertura disminuyó al 90 por ciento.
Un mayor apoyo y respeto al cuerpo docente; el programa “La escuela es nuestra”, nuevos contenidos en los libros de texto y la ampliación del programa de becas, son los cuatro programas que se impulsaron con la reforma educativa que se aprobó en 2019; no obstante, a decir de especialistas, éstos no han terminado de consolidarse.
“Para que el sistema educativo avance, el primer reto que debemos resolver es lo básico en las escuelas, que los planteles cuenten con baños, agua, infraestructura que permita a las y los estudiantes ejercer su derecho a aprender; y claro, una maestra o maestro al frente en cada aula durante todo el ciclo escolar”, subrayó Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.
IMSS Bienestar: buena intención, pero…
En materia de salud, el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato tuvo la intención de proveer cobertura universal de salud, primero con el fracasado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y hacia finales de su administración con la ampliación de IMSS Bienestar, un programa ambicioso, que refleja una muy buena intención, pero que costará trabajo implementarlo del todo.
Sinuhé Barroso, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, destacó que de consolidarse este programa, se atendería a alrededor de 50 millones de usuarios, con lo que, sumado a la atención que ya dan otros servicios, “estaríamos hablando de casi el 100% de la población mexicana… llegaríamos a la universalización de la salud”.
Por su parte, Sergio Meneses, investigador especializado en sistemas de salud, comentó que esta estrategia “pretende lograr la cobertura universal”, pero aclaró que no se trata de un deseable seguro universal. “La distinción, que quizá parecería sutil –explica en entrevista con ejecentral–, es que en la estructura de un seguro se cuenta con un mecanismo técnico financiero”.
Comentó que “lo que se ha pretendido desde el Insabi y ahora con el IMSS Bienestar es darle a toda la población todos los servicios”, pero no se ha dado a conocer un ejercicio matemático para decir cuántos son “todos”, cuánto costaría darles todos los servicios.
Los pendientes en infraestructura
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, con los que se busca impulsar el desarrollo regional, generar empleos y reducir la dependencia energética.
No obstante, proyectos como el tren y la refinería han sido criticados por sus impactos negativos en el medio ambiente, lo que implica destrucción de ecosistemas y contaminación. Del mismo modo, la inversión en grandes proyectos ha generado preocupaciones sobre el costo total y la fuente de financiamiento.
Un reporte publicado recientemente en Obras, revista especializada en infraestructura, señala que los tres proyectos principales del gobierno actual han causado un sobrecosto de 28 mil 978 millones de dólares, lo que equivale a 565 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 19.5 pesos por billete verde.
Según la publicación, ese monto es equivalente a 5.3 veces el presupuesto que se requiere para abastecer de agua a la Ciudad de México; dos mil 552 veces lo destinado al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y 33 veces lo que tenía la Secretaría de Hacienda para atender emergencias en el país y que fue utilizado para atender a la población afectada por el huracán Otis en Acapulco.
Información de la base de datos Obra Pública Abierta arroja que el gobierno lopezobradorista heredará a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, un total de mil 369 obras sin concluir y que debían entregarse este mismo año.
Corrupción, el talón de Aquiles
López Obrador lo admite: la “mancha” que se lleva es el caso Segalmex. Su gobierno ha interpuesto 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República por el desvío de más de 15 mil millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 11 denuncias.
La ASF, además, ha presentado tres denuncias por el presunto desvío de recursos públicos de Diconsa, el organismo público que administra pequeños centros de abasto.
El presidente ha apoyado públicamente a la exvelocista Ana Gabriela Guevara; sin embargo, en su gestión frente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se registraron casos de presunto desvío de recursos públicos. La ASF ha interpuesto tres denuncias penales por ello, pues no se han justificado ni reintegrado 238.8 millones de pesos.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional, destacó que los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público y México no fue la excepción.
“Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del IPC va de cero a 100, siendo 100 la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados (…) Entre el grupo de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar”, publicó la organización Transparencia Mexicana.