El 30 de noviembre de 2023, mismo día en que desapareció el joven José Alejandro de la Cruz en Zacatecas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) dio a conocer lo que sería su último informe de actividades.
El documento incluye un listado de incidentes que le impidieron operar a plenitud para combatir la crisis forense que agobia al país; describe también los desacuerdos entre los encargados de dirigir una institución que, en su momento, representó una esperanza para identificar a al menos 52 mil cadáveres que permanecen en el limbo jurídico y burocrático.
José Alejandro, de 21 años de edad, era hijo de Virginia de la Cruz, la mujer que el pasado 12 de julio conmovió al país al irrumpir en el Congreso de Zacatecas para denunciar —entre lágrimas y gritos de desesperación— que el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se había tardado ocho meses en identificar el cuerpo del joven, quien durante más de 244 días estuvo perdido entre montones de cuerpos humanos.
Tras la irrupción de Virginia, el colectivo Sangre de mi sangre denunció que en Zacatecas hay al menos cuatro mil personas desaparecidas que ninguna autoridad busca y alrededor de 950 cadáveres sin identificar, por las fallas en el citado organismo.
Esta cadena de sucesos que componen el caso de Virginia y José Alejandro también ilustra la crisis que enfrenta México, rumbo al cambio de gobierno, en tres facetas: la primera, el aumento exponencial de casos de desaparecidos, hasta alcanzar un acumulado histórico de 115 mil 932 personas sin ser localizadas, la mitad de ellas con su ausencia reportada en la actual administración; dos, la existencia de miles de cadáveres sin identificar, los cuales permanecen en fosas comunes, morgues y cámaras de refrigeración; y tres, el naufragio de las instituciones creadas en este gobierno para enfrentar el problema.
La ausencia de infraestructura adecuada para el tratamiento e identificación de cuerpos se refleja en el hecho de que, de las 32 entidades federativas, sólo siete cuentan con un centro específico de identificación humana, dotado de recursos y personal especializado en ciencias forenses.
En las 32 entidades federativas hay cuatro mil 111 peritos involucrados en la identificación de cuerpos. Pero de éstos, sólo 238, es decir, 5.8% del total, tiene especialidad en genética forense. Sólo 30 (0.73%) se dedican a la antropología forense y únicamente dos (0.05%) tienen especialidad en arqueología forense.
Esta crisis va de la mano con el alza en desapariciones forzadas, pero a al parecer, para los congresos estatales estos temas no han sido prioritarios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos tres años —entre 2021 y 2024— el tema de los desaparecidos sólo fue motivo de reuniones de comisiones legislativas estatales en cuatro ocasiones.
La violencia, un detonante
La cifra de cuerpos sin identificar podría ser superior a 52 mil, toda vez que se trata de un cálculo que maneja el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y que también ha sido mencionado desde hace tiempo por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, pero no hay cifras oficiales actualizadas disponibles.
De acuerdo con datos del citado movimiento, el 60% de las personas sin identificar (31 mil 200 cuerpos) yace en fosas comunes en cementerios públicos, donde los registros son deficientes, y existe una alta probabilidad de extravío de restos.
Además, alrededor del 7% (tres mil 600 cuerpos) permanecen en instalaciones de los servicios forenses estatales; 5% (dos mil 600 cadáveres) ha sido trasladado a universidades o centros de resguardo forense especializado y “las autoridades no han podido o no han querido informar en dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar”, refiere la organización, sobre el paradero de 11 mil 400 cuerpos.
Las causas de la crisis son diversas y profundas, según el diagnóstico de la organización, que agrupa a colectivos que buscan desaparecidos en 25 estados de la República Mexicana.
Por una parte, el aumento de la violencia en los últimos 15 años, en particular las desapariciones forzadas por particulares, los homicidios y el entierro de personas asesinadas en fosas clandestinas que, al ser exhumadas, pasa mucho tiempo para que sean identificadas. “La crisis de violencia ha generado una carga de trabajo inusitada para los servicios forenses del país”, señala la organización.
De acuerdo con datos manejados por la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de junio de 2023 se habían localizado dos mil 946 fosas clandestinas y se habían exhumado de ellas cinco mil 128 cuerpos.
Hasta ese corte, dos mil 376 cadáveres habían sido identificados, lo que corresponde al 46.33% del total, y mil 420 habían sido entregados a sus familiares, es decir, el 27.69 por ciento.
En segundo lugar están las causas inherentes a los servicios forenses, los cuales dependen de las fiscalías de justicia estatales, salvo en tres entidades, en donde forman parte de los respectivos poderes judiciales.
La organización ha detectado fallas como: personal insuficiente, formación inadecuada, falta de infraestructura, poco trabajo interdisciplinario, bajos sueldos y contratos temporales.
Además, “los servicios forenses cuentan con protocolos deficientes, carecen de sistemas de supervisión y control de calidad, sus bases de datos están subutilizadas y escasamente interconectadas y faltan insumos y equipamiento en los laboratorios”, expone.
Desaparición burocrática
El caso de la señora Virginia, quien reclamó con gritos y llanto el hecho de que retuvieran a su hijo en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses durante ocho meses a pesar de que le habían practicado las pruebas de ADN puso al descubierto las deficiencias de este organismo, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).
El colectivo Sangre de mi sangre señaló que son muchos los casos como los de Virginia, en los que se repite este patrón de que no notifican a los deudos sobre los procesos de identificación, y “lamentablemente, por temor, amedrentamiento e inseguridad, las familias no acuden a denunciar”.
Apuntó que con estas acciones, “la de-
saparición de las personas viene acompañada con la desaparición burocrática”, y llamó a las autoridades a “romper estos circuitos de impunidad”.
El colectivo añadió que si no fuera por el empeño y el valor de las familias para buscar a sus seres queridos, “la crisis de desaparición en el país estaría invisibilizada y aún peor atendida”.
Una situación parecida se presentó en días pasados en el estado de Sinaloa, en donde el colectivo Sabuesas Guerreras denunció que el Servicio Médico Forense estatal resguardó durante cuatro años el cuerpo del joven Alberto de Jesús, hasta que finalmente su madre logró que le hicieran estudios de genética forense, con lo que fue plenamente identificado y entregado a sus familiares.
En declaraciones publicadas el pasado 9 de julio por el diario El Universal, la fundadora del colectivo, María Isabel Cruz Bernal, aseguró que en Sinaloa hay al menos dos mil 300 cuerpos, además de restos de otras personas sin identificar, los cuales se encuentran en fosas comunes, en el Semefo y hasta en empresas funerarias privadas.
Naufragio institucional
En noviembre pasado, tres años y ocho meses después de su creación, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), en su último informe, en el que admitió sus tropiezos, señaló: “La ausencia de una estructura formal e institucional que guiara el trabajo y la formalización de los procesos de gestión y planeación del MEIF trajo consigo una serie de cambios, entre los que se encuentra la renuncia de cuatro miembros del Grupo Coordinador y la no renovación del contrato de otros dos integrantes”.
En una larga relatoría de fallas, el organismo que nació con la intención de ayudar a los gobiernos estatales a superar el enorme rezago en la identificación de cuerpos admitió que “entre las y los especialistas del Grupo Coordinador no existía una visión compartida, única e integrada del problema que busca solucionar el MEIF, tampoco había una respuesta unificada sobre las prioridades que debían atenderse… lo anterior generó procesos de toma de decisiones que fueron demorando actividades estratégicas”.
Finalmente, en febrero de este año, la comisionada nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, informó que el Gobierno federal no destinaría más recursos para el MEIF, con lo que feneció una iniciativa que impulsaron las familias buscadoras con el propósito de tener certeza en la identificación de decenas de miles de cuerpos.
De manera paralela, también en febrero de este año, comenzó el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Identificación Humana (CNIH), que fue creado en agosto de 2022 con la misión de terminar con la angustia de miles de familias que no han podido identificar a sus seres queridos desaparecidos.
Un reporte dado a conocer en días pasados por el diario La Jornada advierte que los trabajos científicos del CNIH, destinados a identificar restos humanos, se han visto paralizados debido a la rescisión de contratos de personal y la falta de recursos materiales y equipo tecnológico adecuado, lo que coincidió con el cambio de administración en la Secretaría de Gobernación.
Carencias en los estados
Aunado a este desmoronamiento de organismos nacionales, las entidades federativas exhiben un rezago en su propio andamiaje institucional para dar con el paradero de los desaparecidos y remontar el rezago en la identificación de seres humanos.
El Informe 2024 del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) revela que de las 32 entidades federativas, sólo siete cuentan con un centro de identificación humana con recursos y personal que está especializado en ciencias forenses; se trata de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
Del mismo modo, sólo 10 entidades federativas del país han habilitado un panteón forense, que es como se denomina a las instalaciones especialmente diseñadas para resguardar cuerpos que están en proceso de identificación, con lo que se evita que terminen en fosas comunes en las que es difícil su posterior tratamiento.
Los únicos estados que cuentan con dicha infraestructura son Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Colima y Michoacán.
De entre las 10 entidades con mayor número de desaparecidos, unas de las que muestran mayor rezago en la creación de instituciones especializadas en identificación de cuerpos son Nuevo León (seis mil 855 ausentes) y Sinaloa (cinco mil 617), las cuales carecen de centro de identificación y de panteón forense.
“La verdad, deplorables”
Claudia González (nombre ficticio a petición propia) es perito criminalista, y su trabajo consiste en documentar el levantamiento de cuerpos de personas que murieron de forma violenta en los municipios de Ecatepec, Texcoco y Coacalco, en el Estado de México.
Menciona que no hay día que no participe en el traslado de uno o hasta tres cuerpos a las agencias del Ministerio Público o al anfiteatro de Ecatepec, en donde se hacen las necropsias y los estudios de rigor. Claudia trabaja de la mano con médicos forenses y ha visto de cerca el amontonamiento de cuerpos, la falta de personal y la carencia de equipo.
›“No hay espacio suficiente para los cuerpos que llegan a diario, el anfiteatro es muy pequeño y los refrigeradores tienen poca capacidad; los funcionarios tardan en reconocer y en encontrar al familiar o a quien los pueda reclamar. Entonces es muy común que se vayan directo a las fosas comunes”, dijo Claudia en entrevista con ejecentral.
Se le pregunta a la perito cómo lucen físicamente las instalaciones donde se realizan las tareas forenses y responde: “La verdad, deplorables, no hay equipo, el personal es poco y trabajan en un entorno muy precario. No hay material de protección; muchas veces tú compras el material de tu bolso porque si no te cuidas, la autoridad no lo va a hacer”.
Con 1.6 millones de habitantes, Ecatepec, gobernado durante dos administraciones consecutivas por el morenista Fernando Vilchis Contreras, es el segundo municipio más poblado del país, sólo superado por Tijuana, Baja California, y durante muchos años ha estado entre los territorios con mayor percepción de inseguridad.
Con un historial de 866 personas desaparecidas, Ecatepec está entre los 15 municipios con mayor número de personas sin localizar; sólo es superado por Guadalajara (dos mil 994 desaparecidos), Reynosa (dos mil 655), Nuevo Laredo (dos mil 609), Matamoros (dos mil 503), Zapopan (dos mil 400), Atlautla (mil 956), Monterrey (mil 941), Tlajomulco (mil 360), Tlaquepaque (mil 150), Victoria (986), Iztapalapa (965) y Hermosillo (900).
Para ilustrar la crisis de almacenamiento que prevalece en este municipio, Claudia relata que las cámaras de refrigeración tienen capacidad para cuatro cadáveres, aunque “hay ocasiones en las que llegamos a tener órdenes de tres o hasta cuatro cadáveres en un día. Si las cámaras están ocupadas, pues a veces hemos dejado los cuerpos en el piso, literal, así como van llegando”.
Según el relato de la perito, la precariedad y la violencia en el municipio es un problema que alimenta la crisis forense, pero también se puede hablar de falta de ética y profesionalismo del personal.
“Falta mayor colaboración de los compañeros, de los ministerios públicos y de los policías de investigación, que son quienes se encargan de buscar a las familias. Pero a los compañeros a veces les da flojera, muchas veces el trabajo lo hacen quienes están de servicio social, sí falta mucha empatía”, comenta la perito.
Fallas en la formación
Como parte de la realización de este trabajo, ejecentral se puso en contacto con un médico forense que ha laborado por más de dos décadas en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) —antes Servicio Médico Forense— de la Ciudad de México.
Alejandro Espíndola (el entrevistado pidió omitir su verdadero nombre por motivos de seguridad) afirma que la crisis forense comienza por la falta de aplicación de la ley.
En el caso de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que los directivos de los servicios periciales deben tener especialidad en criminalística y no haber sido juzgados por delitos graves.
Pero no siempre, dice, se respeta la normatividad. Puso como ejemplo el caso de Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología del Incifo, quien, según él, tiene el antecedente de haber sido sentenciado a ocho años de prisión por el delito de robo, en julio de 1998.
Espíndola subraya además las fallas en la formación de recursos humanos, pues las recientes generaciones de médicos forenses y criminólogos presentan problemas para clasificar lesiones en cuerpos humanos, para preservar la cadena de custodia y para identificar calibres de armas, por poner algunos ejemplos.
Estima que para superar la crisis forense, el país requiere de decenas de egresados de las universidades cada año en ciencias forenses, pero asegura que actualmente sólo hay dos estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tres en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), encaminados hacia esa especialidad.
Menciona que en la Ciudad de México, una de las entidades con mayores recursos presupuestales, sólo se cuenta con cuatro expertos en dactiloscopía, cuatro en antropología forense, seis en odontología y 12 en genética.
Agrega que el Estado de México, sólo tiene un experto en dactiloscopía y dos en antropología forense y ninguno en genética, cuando las necesidades del país requieren que haya al menos 10 especialistas en esta materia por entidad federativa.
Respecto al presupuesto necesario para superar el rezago en la identificación de cuerpos, Espíndola destaca que no hay fiscalía en el país que cuente con los recursos económicos para cumplir con todos los protocolos científicos. Refiere, por ejemplo, que el estudio genético de una muestra ósea cuesta alrededor de 22 mil pesos, y el análisis de un cuerpo completo requiere al menos tres exámenes de este tipo.
Respecto al ingreso de los especialistas forenses, el entrevistado sostiene que la profesión está mal pagada; comenta que mientras en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un médico gana, en promedio, 40 mil pesos mensuales, un médico forense percibe alrededor de 20 mil, lo que desalienta a los aspirantes a incursionar en las ciencias forenses.
Desapariciones al alza
Con 10 mil 315 casos, 2023 es el año en que se reportó el mayor número de personas desaparecidas desde que se lleva un recuento oficial, revela el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y alerta que, de continuar la tendencia, al final de este 2024 se tendrá una cifra igual o mayor que el año previo.
Al asumir el cargo, el próximo 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum heredará un problema que, según organizaciones no gubernamentales, ya tiene las dimensiones de crímenes de lesa humanidad.
El pasado 7 de julio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitió una declaración en la que señaló que “en estos últimos años, los crímenes de lesa humanidad se han incrementado exponencialmente en México; frente a las desapariciones de miles de personas, el nuevo gobierno debe responder ante las víctimas y hacer lo necesario para revertir esta dramática situación”.
Más de 115 mil personas han desaparecido (acumulado histórico), más de 250 mil fallecieron por violencia homicida en el último sexenio y más de 50 mil han sido víctimas de tortura, enumera la FIDH.
Frente a esta situación, reseña la organización internacional, se han formado colectivos de familiares de desaparecidos, principalmente por hermanas, madres y esposas, quienes, con pico y pala en mano, han destapado las fosas clandestinas más grandes del continente, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
“Gracias a su ímpetu y amor, se han localizado más de cinco mil fosas clandestinas en todo el país. Según el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, más de 52 mil personas fallecidas se encuentran en fosas comunes o instalaciones de servicios forenses. De prevalecer las condiciones actuales de la justicia, se tardarían unos 120 años ser identificados”, estima la FIDH.
Según el organismo, el cambio de gobierno y la llegada de la primera presidenta de México es la oportunidad de generar un cambio. Hasta hoy, sostuvo, las autoridades judiciales no reconocen la posible existencia de crímenes de lesa humanidad y por ende no utilizan los estándares de investigación apropiados para tal masividad de desapariciones forzadas.
“Es tiempo de pedirle a la futura presidenta que construya un sistema judicial eficiente que sí implemente un sistema donde se investiguen los patrones para poder llegar a los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad, a la cadena de mando, a la colusión con autoridades”, exhortó el organismo internacional.
Buscar no es prioridad
De una revisión de los datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE), publicado este mes por el Inegi, se desprende que buscar a personas reportadas como desaparecidas no está entre las prioridades de los congresos locales.
A pesar de que en México hay casi 16 mil casos de personas cuyo paradero se desconoce, lo que ha provocado que las madres, las esposas y las hijas de las víctimas se encarguen de las labores de búsqueda, el tema sólo fue abordado en cuatro ocasiones por diputados locales en los últimos tres años.
El estudio del Inegi reportó que en los 32 congresos locales del país hay 987 comisiones legislativas. Entre 2021 y 2024, el tema más frecuente que atendieron dichos grupos de trabajo fueron asuntos financieros (56 veces), seguidos de aspectos de justicia (45), arte y cultura (43), desarrollo agrario, territorial y urbano (42) y gobierno y política interior (40).
En contraparte, los temas que menos ocuparon a las comisiones legislativas fueron búsqueda de personas (4 ocasiones), reinserción social (9 ), combustibles y energía (9), atención a víctimas (12) y servicios públicos (13).
Según el censo del Inegi, los estados cuyos congresos convocaron en alguna ocasión a una determinada comisión legislativa para abordar el fenómeno fueron Aguascalientes, Jalisco, Veracruz y Yucatán. Al momento de realizar el estudio, el Partido acción Nacional (PAN) era mayoría en los poderes legislativos de Aguascalientes y Yucatán, Movimiento Ciudadano domina en Jalisco y Morena en Veracruz.
En el periodo de 2021 a 2024, los congresos locales solicitaron la comparecencia de 545 titulares de alguna institución de la administración pública estatal; sin embargo, ninguna fue para explicar el trabajo de los gobiernos sobre la desaparición de personas o para atender el rezago en la identificación de personas.
De nueva cuenta, los temas más abordados en las comparecencias de los servidores públicos fueron asuntos financieros y hacendarios (57 citas), seguidos de educación (40), desarrollo social (39), salud (38) y seguridad pública (38).
Tarea para las autoridades
Para superar la emergencia forense, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emitió una serie de recomendaciones a las autoridades, entre las que se encuentran establecer la autonomía formal y real de los servicios forenses en todo el país, eliminado la subordinación de las y los peritos ante el Ministerio Público.
Además, crear, por medio de un proceso liderado por la Fiscalía General de la República, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, según lo establece la Ley General en materia de desaparición de personas.
Otra recomendación es actualizar el protocolo para el tratamiento e identificación forense y desarrollar los manuales aún pendientes para todas las disciplinas que intervienen en los dictámenes de identificación y analizar y cotejar todos los perfiles genéticos aún pendientes de procesamiento.
El organismo no gubernamental también sugirió implementar de manera completa y hacer uso efectivo de la base de datos ante mortem/post mortem (AMPM) por parte de todas las fiscalías del país y garantizar que toda persona fallecida sin identificar cuente con un archivo básico de identificación bien elaborado, que haya sido incorporado a una base de datos que sea interoperable con otros sistemas.