La Portada | Comicios bajo fuego: delincuencia busca puestos clave y control territorial

Eran las 4:40 de la mañana, cuando Ángel Arturo Lara escuchó una ráfaga de disparos que destrozaban las ventanas de la recámara y pasaban zumbando cerca de su cuerpo. En medio del estruendo, le gritó a su esposa que se tirara el suelo, detrás de la cama, y que por ningún motivo alzara la cabeza.

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de Almanalco, Estado de México, pudo vivir para contar cómo sufrió este atentado, pero no es el caso de las 161 personas, entre candidatos, funcionarios, militantes de partidos o familiares de ellos, que han sido asesinados en lo que ha transcurrido del actual proceso electoral.

El nivel de violencia política que se ha alcanzado a tres semanas de los comicios del 2 de junio ha llevado a voces como la del exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, a considerar que estamos ante “la elección más violenta de los últimos 20 años”.

Las cifras parecen reforzar su apreciación. De acuerdo con la consultora Integralia, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, 1.8 personas fueron víctimas de violencia política cada día, en promedio.

Y ante el hecho de que la mayoría de ataques violentos está concentrada en candidatos a presidencias municipales, un consejero del INE y académicos alertan ante el riesgo de que tras los comicios se tengan autoridades de este nivel de gobierno controladas por la delincuencia organizada, ya sea porque eliminaron a los prospectos que les resultaban incómodos o porque “perdonaron” a aquellos que se comprometieron a seguir sus lineamientos.

“Y pensé: aquí quedé”

Ángel Arturo aprovechó las pausas que hacían los atacantes para reptar por la casa y tratar de asomarse por alguna rendija. Su intención era identificar a los mercenarios que buscaban liquidarlos a él y a su esposa, pero en uno de esos movimientos un tiro le pegó en la pierna. Su pareja se escandalizó, pero él le dijo que no era una herida de gravedad. Aunque no estaba del todo seguro.

“Fueron tantos disparos, que yo tenía la sensación de que me habían atravesado todo el cuerpo; me tocaba con la idea de encontrar sangre en la espalda o en el estómago, pero después me di cuenta de que la única parte que me ardía era la pierna”, relató Ángel Arturo en entrevista para ejecentral.

“Fue horrible, espantoso. En esos momentos sientes que es el último día de tu vida”, contó Lara, al recordar aquella madrugada del pasado 7 de abril que pasó con su mujer, quien sobrevivió al ataque, pero ahora vive atemorizada todo el tiempo, pensando que cualquier día los agresores volverán a arremeter, esta vez quizá con mejor puntería.

“Sentí tantos disparos, que dije: ‘Aquí quedé, aquí morí. Ni modo’. Lo único que pedía a Dios era que mi esposa no resultara lastimada”, agregó el aspirante a alcalde, al admitir que las familias de los candidatos a algún cargo de elección popular ya no sólo son víctimas colaterales de la violencia política que azota al país, sino que, en ocasiones, también son blanco de los sicarios.

Violencia en aumento

México vive un proceso electoral histórico, ya que por primera vez existe la posibilidad real de que una mujer asuma como Presidenta de la República. Pero la mano del crimen también quiere dejar huella: el proceso 2023-2024 ya es el más violento en la historia moderna del país, con 399 víctimas de agresiones —asesinatos, secuestros, ataques armados, desapariciones o amenazas—, cifra que supera las 389 del proceso electoral 2017-2018 y las 299 de 2020-2021, de acuerdo con datos de la firma Integralia Consultores.

Con cifras del 1 de septiembre de 2023 al 1 de abril de 2024, Integralia documentó que en ese lapso hubo 1.8 víctimas de violencia política cada día en promedio. “Los aspirantes o candidatos concentran 31.8% de las agresiones; funcionarios o exfuncionarios públicos 24.1%, y políticos o expolíticos, 22.1%. El resto de las víctimas son familiares y colaterales”, señala el más reciente informe.

Así, mientras los mexicanos reflexionan su voto para participar en las elecciones más grandes de la historia —están en juego más de 20 mil cargos de elección popular—, en el periodo de análisis se registraron 161 asesinatos de candidatos, funcionarios, militantes de partidos o familiares de ellos, 100 amenazas y 85 atentados.

La violencia político-electoral es un fenómeno en aumento, a pesar de que diversas organizaciones sociales, como Data Cívica, han alzado la voz sobre la vulnerabilidad de candidatos y servidores públicos. De acuerdo con el registro Votar entre Balas, de 2018 a la fecha (26 de abril de 2024) se registraron mil 798 agresiones contra autoridades, políticos e instalaciones de partido o autoridades.

Crecen peticiones de protección

A menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, 412 candidatos a cargos de elección popular tanto a nivel federal como estatal han solicitado protección ante el temor de sufrir algún atentado mientras hacen sus recorridos de campaña, de acuerdo con la cifra más actualizada que tiene el INE.

Se trata de aspirantes que han decidido seguir en la contienda, a pesar de que muchos de ellos recibieron amenazas, a diferencia de varias decenas que prefirieron renunciar a sus aspiraciones, para salvar su vida y la integridad de su familia.

El consejero del órgano electoral, Jaime Rivera Velázquez, alertó que un efecto colateral de la violencia política es el riesgo de que candidatos que ganen las elecciones, y se conviertan en funcionarios, también sean parte del crimen organizado.

“Ese riesgo sí existe. Las personas que viven en un ambiente de inseguridad y que son directamente amenazadas, por desgracia, tienen un marco de opciones, todas indeseables. Una puede ser la sumisión, otra puede ser la colusión, y la peor de todas es que sean directamente víctimas, que atenten contra su integridad o su vida”, dijo en entrevista con ejecentral.

El consejero señaló que hay indicios de que algunos atentados contra políticos tienen como fin que el crimen organizado controle territorios y gobiernos, sobre todo en el ámbito local. Y destacó que, si bien los funcionarios electorales están trabajando en condiciones “no óptimas”, hasta el momento no han sido blanco de los criminales.

Para el INE, ¿qué desafío representa esto (la violencia) el día de la jornada electoral?

“Hay un conjunto de desafíos que ya estamos viviendo desde ahora con el trabajo que nuestro personal de campo realiza. También a lo que se exponen candidatos y activistas de campaña y demás. Ahora, sobre el trabajo electoral, en general no se ha atentado contra él. Nuestro personal de campo, por fortuna, no está siendo un objetivo de ataque por parte directamente de los grupos delincuenciales. El trabajo de campo, el más importante de todos en esta etapa, es el de la capacitación para integrar mesas directivas de casilla, ése está marchando en condiciones no óptimas, pero tampoco ha sido un objetivo directo de ataque por parte de los criminales”.

El 30 de abril pasado, la Secretaría Ejecutiva del INE presentó al Consejo General el “Quinto informe sobre acciones de coordinación interinstitucional para el acompañamiento en materia de seguridad del Proceso Electoral 2023-2024”, en el que se reconocen riesgos operativos por la violencia en el país.

Del 14 de marzo al 19 de abril se llevaron a cabo 87 reuniones de las mesas de coordinación en 28 entidades federativas; de la totalidad de temas abordados, 38.4% se refiere a la inseguridad, por lo que se ha pedido apoyo de policías estatales y Guardia Nacional para las actividades que realiza el personal del INE en campo.

Por ejemplo, en Chiapas se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que personal electoral ingresara al municipio de Frontera Comalapa para capacitar a ciudadanos. La misma petición se hizo a la Guardia Nacional.

En este contexto, la consejera del INE, Dania Ravel, precisó que, de 217 renuncias de candidatas en Zacatecas, tres fueron por motivos de inseguridad, mientras que en Michoacán se habla de 190 aspirantes que han abandonado la contienda, sin que hasta la fecha se precisen las razones.

El eslabón más débil

De acuerdo con un cruce de información entre los informes de distintas organizaciones sociales e investigación hemerográfica, en lo que va del proceso electoral han sido asesinados 28 candidatos a cargos de elección popular, la gran mayoría a presidencias municipales o regidurías. En este nivel de gobierno también se concentra la mayor parte de amenazas, ataques armados y secuestros.

Se le pregunta a Roberto Roldán Vargas, investigador adscrito al seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México,si este fenómeno podría derivar en una generación de alcaldes cuyo trabajo esté condicionado por las amenazas del crimen.

El académico responde: “Sí, es muy posible. La literatura sobre la participación política del crimen organizado nos dice que tratan de cooptar los puestos clave como presidentes municipales, como directores de la policía, y pues tratan de mantener este control territorial al interior del municipio. Entonces, en estos casos de incertidumbre, a veces cuando se sabe quién es la siguiente persona que va a estar al frente de la administración, pues entonces se incrementan los incentivos para el uso de la violencia, que buscan garantizar su control”.

“Los municipios son el eslabón más vulnerable en la cadena de gobierno y definitivamente en cuanto a la violencia política o electoral, pero también es el botín más apetitoso de las organizaciones y células delictivas, porque es más fácil incursionar en los municipios, procurar controlar territorios pequeños, rutas, autoridades y especialmente lo que suelen utilizar en campañas políticas las organizaciones o células delictivas, es la amenaza de candidatos o imponer candidatos”, señaló Jonathan Maza, consultor en seguridad de Stratop Risk Consulting.

Respecto al hecho de que la mayor vulnerabilidad de esta violencia está focalizada en candidatos del partido oficialista, el maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional dijo que el fenómeno se deriva precisamente de la alta “rentabilidad electoral” que tienen los candidatos del partido en el gobierno a nivel local, particularmente.

“Las propias campañas locales, la dinámica y el foco de atención que tienen las organizaciones delictivas por hacerse de recursos y de espacios de influencia política para el manejo de sus actividades económicas ilícitas ha generado un mayor acercamiento y roce con los candidatos oficialistas, esto también aumenta la probabilidad de que se vean afectados, es decir, que sean víctimas de esta violencia política electoral”, expuso.

En ese sentido, el especialista en derecho electoral Arturo Espinosa Silis refirió que la incidencia del crimen organizado en gobiernos municipales es un fenómeno que al menos desde 2018 se ha venido advirtiendo. Sin embargo, lamentó que no se han tomado cartas en el asunto.

“Estamos ante gobiernos locales sumamente débiles, los cuales no pueden garantizar el control, la seguridad a nivel municipal. Y estamos ante una completa descoordinación entre la Federación y lo local, en la cual cada quien va en caminos diferentes. Pero, sobre todo, lo que yo diría es que estamos ante una ausencia de gobierno, un desgobierno”, argumentó.

Para Jonathan Maza, ya sea mediante la amenaza velada o la cooptación, los grupos criminales ejercen control sobre los gobiernos locales para dos objetivos principales: “las obras públicas, porque a través de éstas pueden lavar activos y pueden también obtener sumas de dinero bastante redituables; y, por otro lado, tener en su control las corporaciones de policías municipales que le sirven finalmente como estructura paralela de protección y de halconeo. Y por eso también hemos visto un incremento en el asesinato de funcionarios de seguridad pública municipal”.

También con la familia

Yair Martín Romero Segura y su hermano Joan caminaban por las calles de Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, Estado de México, cuando fueron interceptados por un grupo de ocho individuos. Imágenes captadas por cámaras de seguridad particulares muestran que, después de algunos minutos de discusión, los agresores sacan armas de fuego y las accionan contra los dos jóvenes.

A plena luz del día, ante la mirada de transeúntes y dueños de negocios, los agresores patearon los cuerpos moribundos de los hermanos Romero; posteriormente, en un caso extremo de saña, apuñalaron a las víctimas hasta que se percataron de que ya no tenían signos vitales.

El doble homicidio ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando Yair Martín, una de las víctimas, era aspirante de Morena a una diputación federal. Las investigaciones de la Fiscalía mexiquense arrojan que el crimen derivó de un conflicto entre miembros de la Asociación de Microempresarios y Transportistas de Ecatepec, que encabezaba Yair Martín, y miembros de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (Uson).

“Algo que estamos encontrando, que es bastante novedoso en comparación con otros procesos electorales, es que también ahora se están empezando a atacar a candidaturas federales, es decir, aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados”, alerta Roberto Roldán Vargas, uno de los principales investigadores del estudio Urnas y tumbas. Análisis de los 32 homicidios de candidatos durante el proceso electoral de 2021, realizado en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz, de El Colegio de México.

Y el hecho de que Yair Martín haya sido asesinado junto con su hermano comprueba que los delincuentes ya no se limitan a ir contra la figura política, sino que también están atacando a la familia.

De acuerdo con la base de datos de la organizaciómm civil Data Cívica, entre el 1 de enero de 2018 y el 26 de abril de 2024, 121 familiares de figuras públicas han sido víctimas de violencia política; de ellos 96 fueron asesinados, 11 sufrieron ataques armados y ocho fueron secuestrados.

Al analizar los datos por proceso electoral, resulta que el 2023-2024 ha sido el más sangriento para las familias de actores involucrados en los comicios, con 14 asesinatos, dos secuestros y dos ataques armados, mientras que en el proceso 2020-2021 se reportaron 11 asesinatos y dos ataques armados.

La misma fuente apunta que en 2024, del total de agresiones contra candidatos, 10.6% fue contra aspirantes federales, la cifra más alta desde que Data Cívica comenzó a hacer la revisión de la violencia política, hace seis años. En 2023, la proporción fue de 9.1%, en 2022 de 5.5% y en 2021 de apenas 1.1 por ciento.

Estas cifras comprueban que la violencia político-criminal ya no se conforma con intervenir en los procesos para elegir autoridades locales —lo que les permite incidir en la designación de presidentes municipales y jefes de seguridad pública para tener mayor control territorial— sino que ahora busca también influir en asuntos federales.

El sufragio del crimen

El exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, sostuvo que “este será el proceso electoral más violento de los últimos 20 años”, debido en buena medida a que “los grupos del crimen organizado controlan muchas regiones del país y definen candidaturas a su conveniencia, del color partidario que sea”.

Baños criticó que desde el Gobierno federal “se minimiza y permite, de facto, que la población viva un miedo colectivo y sufra las consecuencias de esta situación de violencia”, una de las cuales, dijo, es que se reduzca la participación ciudadana en las urnas por el temor a ser víctima de alguna agresión.

Aseguró que “los asesinatos son producto de un protocolo ineficaz para tratar de convencer a la sociedad que se hace algo. Pero en el fondo el protocolo sólo es discurso”.

Para Jonathan Maza, socio fundador y director de Estrategia e Inteligencia en Stratop Risk Consulting, existe una probabilidad de que el día de las elecciones en algunas zonas del país se presenten hechos de violencia armada, dependiendo de las dinámicas de “la actividad tanto delincuencial como de la colusión con grupos políticos” en cada lugar.

“En las zonas semirurales, rurales, y en algunas zonas de algunos estados, sí creo que vamos a ver hechos violentos con el uso de armas”, vaticinó. Y mencionó a Zacatecas como una de las entidades en donde podría haber violencia.

En la opinión de Arturo Espinosa Silis, abogado especializado en derecho electoral, el hecho de estar ante “elecciones locales sumamente competidas” es un factor que agudiza la disputa por el poder y genera violencia, pero no sólo por parte de los grupos criminales.

“Creo que lo disputado de las elecciones sin duda va a generar violencia para los diferentes grupos políticos. No toda la violencia viene del crimen organizado ni de las organizaciones criminales, hay violencia generada por los mismos grupos políticos. Esta es una de las cuestiones graves, la violencia se está normalizando dentro de la vida política del país”, señaló el también director del Think Tank Laboratorio Electoral.

Ante la pregunta de ¿quién se beneficia de esta violencia?, el consultor electoral refirió que, “sin duda, los mismos grupos políticos de las organizaciones criminales que normalizan la violencia como una manera de hacer política, de hacer gobierno, de obtener los resultados que quieren. Y ante la impunidad que hay en el país, ellos actúan impunemente, toman control y los gobernantes no asumen su papel, no asumen su rol, no ejercen el poder”.

“Ahora más me aferro”

“Si lo que querían era asustarme para dejar la candidatura, pues ahora más me aferro”. Así responde Mario Franco Barbosa, candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Ajalpan, Puebla, quien sobrevivió a un ataque con arma de fuego perpetrado el pasado 7 de abril, mientras revisaba los mensajes en su teléfono celular, a bordo de su camioneta.

En entrevista con ejecentral, el candidato superviviente sostiene que seguirá adelante con su compaña, aunque ahora la hace con guaruras, pues el gobierno estatal le asignó agentes de la policía, quienes lo acompañan las 24 horas del día, en tres turnos. Su familia le ruega que deje la contienda y se retire de la política, pero Mario piensa que ahora tiene una misión más poderosa.

¿Le pasó por la mente dejar la candidatura?

“No, de verdad que no, ahora pienso que hay mucho que hacer por Ajalpan. No tenemos bancos, no tenemos notarías, no tenemos ambulancias, no tenemos seguridad, no tenemos nada, pero sí tenemos a mucha gente que saquea el municipio”, responde el candidato de 53 años, quien además es comisario ejidal.

¿A qué atribuye la inseguridad?

“A que no hay autoridad. La política de abrazos y no balazos no es lo correcto, que se aplique la ley, porque los abrazos no funcionan en los delincuentes”, plantea el candidato, quien ahora tiene que viajar de incógnito en diversos vehículos de amigos y colaboradores para tratar de despistar a sus enemigos al momento de trasladarse.

¿No le han ofrecido ir a Morena?

“No, y no me iría, sería un chapulín, sería un cabrón que se mueve por sus propios intereses. Aquí el PRD es un partido que pide apoyos al gobierno para ayudar a un enfermo, un trámite. Estamos muy bien, no necesitamos irnos a Morena”.

¿Después del atentado cambiaron sus propuestas de campaña?

“Sí, ahora queremos que regrese la paz, que haya seguridad. No podemos continuar así en Ajalpan, lo digo con mucho respeto, quiero mi pueblo, pero desafortunadamente siempre han saqueado las autoridades”.

Así responde el candidato perredista, quien relata que es común que personas a bordo de motocicletas se aproximen a los vehículos para extorsionar.

El año más violento

El 2023 se mantiene como el año con la mayor cantidad de víctimas, con un total de 574, 61.8% de las cuales se refiere a asesinatos en el contexto electoral. El número de víctimas de atentados que perdieron la vida, incluidos candidatos, excandidatos, funcionarios y autoridades de seguridad, aumentó 277.6% entre 2018 y 2023.

En tanto, hasta el pasado 2 de abril, la organización civil Laboratorio Electoral contabilizó 157 agresiones en contra de aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales 51 fueron asesinatos, con 27 de ellos con aspirantes a cargos de elección popular como víctimas. En ese lapso se registraron nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. De acuerdo con este reporte, el 48% de los candidatos asesinados en el actual proceso electoral eran de Morena.

En Chiapas, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Morelos y Guerrero se concentra el 60.4% de los hechos de violencia, según Data Cívica.

En tanto, en comparación con los procesos electorales de 2017-2018 y 2020-2021 las víctimas de violencia política en el proceso (hasta el 1 de abril) en curso se incrementaron 3.4 y 33.4%, respectivamente, según el registro de Integralia Consultores.

Históricamente desde el proceso de 2018, la mayor cantidad de agresiones se focaliza en contra de candidatos, funcionarios y autoridades de nivel municipal, pero en 2022 y 2023 se registró la mayor cantidad, con un total de 382 y 425 agresiones en cada año.

Miedo y participación

Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla por el frente PRI-PAN-PRD, fue atacado por personas armadas el pasado 25 de marzo, cuando se dirigía a su domicilio; minutos antes había presentado una denuncia ante la Fiscalía estatal por amenazas anónimas que le pedían bajarse de la contienda o, de lo contrario, sería eliminado.

Corona pudo vivir para contarlo gracias a que la camioneta en la que viaja es blindada, una práctica común en Cuautla, municipio con una elevada tasa de homicidios y extorsiones debido a que grupos de la delincuencia organizada libran una batalla por el trasiego de droga y en donde el cobro de piso ha provocado el cierre de 80% de los negocios.

Ante el azoro de los habitantes de Cuautla, Corona es acompañado de manera permanente de dos agentes estatales y dos oficiales de la Guardia Nacional. “Pero yo quisiera que toda la protección que tenemos como candidatos también se la dieran a mi ciudad, y es por lo que estamos trabajando, por un Cuautla seguro. Esa es mi propuesta, traer la tranquilidad y la paz a mi municipio”, dice en entrevista con este medio.

Se le pregunta al candidato cómo se recobra el valor para seguir adelante en la campaña y cómo tranquiliza a la familia. “Amigo, pues no te puedo negar que hay un miedo permanente, un miedo de que dañen a mi familia, miedo sobre lo que pueda pasar con mi persona, pero me puse en los zapatos de los ciudadanos, que sienten mucho coraje e impotencia por la inseguridad”.

Corona admite que hacer campaña con escolta es incómodo, incluso para los ciudadanos que acuden a sus mítines, pero señala que vale la pena el esfuerzo. “Más del 80% de los negocios han cerrado, se vive una seguridad extrema. Yo creo que ese es el proyecto principal, porque yo creo que podríamos hablar de los demás proyectos, pero si no hay seguridad, yo creo que los demás proyectos pasan a segundo término”.

No sólo es la delincuencia

Un factor a considerar como parte de este entorno de rispidez, en la opinión de Arturo Espinosa Silis, maestro en Derecho por la UNAM, es que además de una posible baja participación debido a la intromisión de los criminales, también está la posibilidad de que el día de las votaciones se genere un tipo de violencia distinta a la de los grupos criminales y las fuerzas políticas, que provenga de la propia ciudadanía, de los electores.

“En lugares donde no van a permitir que se lleven a cabo elecciones por algún tipo de inconformidad con el gobierno, inconformidad ante la situación del país, o simplemente con los actores políticos, el reto va a ser tener bien localizados en qué lugares se está dando este tipo de violencia y cuál es el tipo de violencia al que están obedeciendo”, advirtió.

En tanto, se le preguntó al consultor Jonathan Maza si hay una correlación entre la violencia política y la participación ciudadana en los procesos electorales, a lo cual respondió que la organización Data Cívica ha detectado que hay una correlación negativa en cuanto a la participación ciudadana por cada ataque que se vive. “Me parece que por cada ataque en un municipio, la participación baja un 3%”, dijo.

Conflicto postelectoral

Los analistas consultados coincidieron en que la creciente polarización se mantendrá en el periodo postelectoral particularmente por la judicialización de los resultados electorales en los diferentes órdenes de gobierno, con altas probabilidades de que escale a más hechos violentos.

“Es altamente probable, casi un hecho, que van a existir conflictos postelectorales. Es decir, hechos violentos como asesinatos o también alguna circunstancia de confrontación entre grupos políticos”, refirió Jonathan Maza.

En ese sentido Arturo Espinosa, socio de la consultoría Strategia Electoral, alertó que existe un “riesgo alto” y el “caldo de cultivo” para tener una elección altamente impugnada ante una “justicia electoral debilitada” por la falta de nombramiento de 49 de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejaron pendientes los senadores de la República.

“Estamos viendo que en varios estados el resultado va a ser muy cerrado: ciudad de México, Veracruz, Morelos, Jalisco, Guanajuato, probablemente Yucatán. Y vamos a tener elecciones legislativas en donde se va a pelear, yo creo que palmo a palmo, cada escaño, cada lugar dentro del Congreso, porque no estoy viendo que ninguna, ni el oficialismo ni la oposición, vaya a tener una clara mayoría”, expresó.