Mientras prevalece la confrontación por la reforma al Poder Judicial, la Cámara de Diputados alista la aprobación de la siguiente reforma constitucional polémica: que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los integrantes de la 4T en el Congreso de la Unión acordaron que en septiembre discutirán y votarán tres de las 18 reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador: la del Poder Judicial, Guardia Nacional y una más para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público.
Con esas reformas despedirán al presidente López Obrador, y las 15 restantes podrán discutirse sin prisas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Legisladores de Morena consultados por ejecentral saben que el siguiente paso será la reforma de la Guardia Nacional que pasará sin problemas en la Cámara de Diputados, donde la 4T ha mostrado unidad y el poder que representa la mayoría calificada, es decir, que tiene los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales sin el aval de la oposición.
Mientras se discute la reforma al Poder Judicial en el Senado, donde sólo se requiere un voto de la oposición para que se apruebe, en San Lázaro se le dará celeridad a la modificación constitucional para que la Guardia Nacional deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que se prevé otro enfrentamiento político.
López Obrador ha intentado dos veces que la Guardia Nacional pase a la Sedena. La primera fue una reforma constitucional que no obtuvo los votos suficientes en el Congreso, la segunda fue una reforma legal que tiró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023, tras una acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición.
Sepultan las acciones de inconstitucionalidad
La nueva composición legislativa en la Cámara de Diputados termina con casi 30 años de un derecho que tienen las minorías parlamentarias: interponer acciones de inconstitucionalidad.
Desde 1995, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que se tramita ante la SCJN cuando se considera que una ley, tratado internacional, reglamento o decreto viola la Constitución. Entre los actores que pueden la interponer se encuentra el 33% de los diputados o 33% de los senadores.
En la Cámara de Diputados, las minorías no tienen el porcentaje que se requiere para interponer las acciones de inconstitucionalidad; la oposición representa 27.2% (136 legisladores).
En el Senado, la oposición está a un legislador de perder la oportunidad de impugnar reformas a través de esa figura legal. Legisladores del PAN, PRI, MC e independientes representan 33.5% (43 legisladores). En la pasada legislatura, esta figura fue utilizada por las minorías legislativas para frenar que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena.
Para el constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés, el que los diputados de oposición ya no tengan posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad “es una regresión en materia de Estado de derecho y en materia de democracia e implica muchísimos riesgos”.
Sobre la cancelación de este derecho a las minorías, Valadés aseguró que es uno más de los elementos que contribuirán a que se advierta que el Estado de derecho en México entra en un proceso crítico, porque ya la defensa de la legalidad y de la constitucionalidad de las leyes se ve muy limitada. Estamos dando un paso atrás en la defensa de los derechos.
Desde su punto de vista, esta es la consecuencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya avalado la composición actual del Congreso, dándole a Morena, PVEM y PT la mayoría calificada, con 364 curules.
“Las consecuencias de su decisión ahí están. Han cancelado una de las posibilidades de ejercer un derecho conferido por el artículo 105 a las oposiciones parlamentarias (…) Es absurdo que la Constitución prevea derechos que no son posibles de ejercer”, declaró.
Al respecto, la oposición en la Cámara de Diputados admite que se ha perdido la oportunidad de utilizar esta figura constitucional. Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, señaló que, aunque “no contamos con los números, sí tenemos la voluntad para luchar. Debemos adaptarnos a esta nueva etapa de confrontación y reconocer que los miembros de la 4T son responsables de lo que ocurra en el país; ya no pueden culpar a otros”.
En el Senado, los panistas han advertido sobre las graves consecuencias de perder un voto. Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores del PAN, comentó en entrevista con ejecentral que estamos viviendo una “época muy oscura”. Afirmó que “desde 1988 no se había visto una mayoría calificada en el Congreso como la actual, lo cual indica una regresión. Las reformas que están tramitando parecen parte de una estrategia para regresar al poder absoluto, similar a una dictadura”.
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, expresó su preocupación por la pérdida de contrapesos en el país. “Una democracia necesita contrapesos para funcionar correctamente, y en México prácticamente no existen. El Senado es el único lugar donde Morena, PVEM y PT aún no tienen mayoría calificada, por lo que hago un llamado a los 43 senadores de oposición para que se mantengan firmes y no haya traidores entre ellos”, comentó.
Para los integrantes de Morena, PVEM y PT es claro que el pueblo votó por ellos en la Cámara de Diputados para que pudieran aprobar reformas constitucionales para completar lo que llaman “el segundo piso de la transformación”.
El vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, dijo que mientras la oposición siga resistiéndose a la transformación, seguirá perdiendo el respaldo de México hasta que se extinga como el PRD.
Primero las reformas, luego las comisiones
De acuerdo con legisladores consultados, en la Cámara de Diputados la prioridad será sacar las tres reformas constitucionales prioritarias para López Obrador y después la conformación de las comisiones, para esto último tienen hasta el 30 de septiembre.
“El reparto de las comisiones será equitativo en razón del peso específico de cada grupo parlamentario. No habrá de nuestra parte ninguna apropiación indebida de los órganos de gobierno, comisiones o secretarías que les correspondan a los grupos minoritarios o a la oposición”, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.
Las otras 15 reformas promovidas por López Obrador, entre las que se encuentran cuatro polémicas, serán analizadas y discutidas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
De esas 15 reformas, las que tienen que ver con temas sociales podrían tener consenso porque son bien vistas por la oposición, pero hay cuatro que podrían confrontar a los políticos: simplificación orgánica, que desaparece a siete organismos autónomos; el sistema de pensiones que habla de un fondo semilla de 64 mil millones de pesos para financiar el Fondo de Pensiones del Bienestar; la reforma al sistema político que eliminaría a los legisladores plurinominales y la reforma que plantea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el rol de empresa pública estratégica.
Sin embargo, estas reformas se procesarían con calma, pues los diputados tienen otras cuatro prioridades que tienen fechas límite legales: la ceremonia para ponerle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum; la glosa del Sexto Informe de Gobierno, la aprobación de la Ley de Ingresos y el aval al Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Presupuesto de Egresos es de mayor relevancia para los morenistas, no sólo porque la Cámara de Diputados es la única instancia que avala el Presupuesto, sino porque se trata del primer paquete económico del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Para cumplir con este mandato, uno de los políticos clave será Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y desde esa posición apoyó al gobierno de López Obrador para que consolidara un presupuesto con prioridad para programas sociales y obras insignia, como el Tren Maya.
Entre los legisladores de la 4T ya se revisan los perfiles de quiénes integrarán las comisiones relevantes como Puntos Constitucionales, Justicia, Hacienda y Crédito Público, Jurisdiccional, Transparencia y Anticorrupción, además del Comité de Administración que se encarga de avalar el presupuesto de obras y servicios de la Cámara y viajes nacionales y viáticos para legisladores y grupos parlamentarios.
Entre los legisladores que podrían encabezar comisiones se encuentran: el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México
(CATEM), Pedro Haces; la exvicepresidenta de San Lázaro, Dolores Padierna; el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy; el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; la excandidata al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores; la exsenadora del PAN, Kenia López Rabadán; la exclavadista Paola Espinosa; y el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, entre otros.
Estira y afloja en el Senado
En medio del frenesí legislativo en San Lázaro y el Senado de la República para sacar adelante las reformas que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que deje el poder, los 43 senadores de oposición se han convertido en la última esperanza para quienes están en contra de las modificaciones.
Tal es la relevancia de este dique de contención, que el colectivo Unid@s y representantes de la Marea Rosa publicaron un instrumento denominado “Democratómetro”, en el que lleva la cuenta de los senadores que se han comprometido a asistir a la deliberación de la reforma al Poder Judicial y votar en contra.
Los 22 legisladores del PAN, los 16 del PRI y cuatro de Movimiento Ciudadano habían manifestado públicamente que no se ausentarán de las sesiones y emitirán un voto en contra de la enmienda que, entre otras cosas, propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través de las urnas.
Según el conteo de las organizaciones civiles, el único que no había expresado enseguida y abiertamente su postura frente a la reforma que, según la oposición, busca colonizar el Poder Judicial, fue el emecista Francisco Barreda. Sin embargo, el jueves 5 de septiembre, Barreda emitió el ansiado tuit. “Hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y de haberla leído (la iniciativa de reforma judicial), mi voto va a ser totalmente en contra”.
Acompañado por los senadores Clemente Castañeda y Amalia García, Barreda dijo que una de las razones por las que votará en contra es por las consecuencias que padecen los ciudadanos cuando la justicia se utiliza políticamente. Y enumeró los casos de compañeros campechanos que son perseguidos y acosados por motivos políticos.
La lupa que se colocó sobre los 43 senadores de oposición causó tal presión que, desde el hospital de Saltillo, donde convalecía por una arritmia cardiaca, el priísta Miguel Riquelme anunció que estaría presente en las sesiones y votaría en contra de la reforma al Poder Judicial.
“Quisiera dejar en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial, que estoy haciendo todo lo posible por asistir a la sesión, bajo especulaciones de que esto podría ser un pretexto para no acudir al pleno. Es totalmente falso”, dijo el exgobernador de Coahuila en un video subido a sus redes sociales.
En cama, con bata de hospital y conectado a un monitor de signos vitales, el senador recalcó: “estoy tratando de hacer todo lo que me indican los médicos para estar listo, defender a México, defender a nuestras instituciones y votar en contra de la reforma del Poder Judicial”.
Pero las condiciones de salud del priísta no le permitirán estar en las sesiones, por lo que su suplente, Gabriel Elizondo Pérez, tomará protesta y también será presionado por las organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y funcionarios del Poder Judicial para que vote en contra.
Epicentro de la oposición
En entrevista con ejecentral, la coordinadora de la banca del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, hizo un llamado a los legisladores de PRI y MC mantenerse unidos y frenar la reforma judicial, que según afirmó, pone en riesgo la independencia de los impartidores de justicia y la división de Poderes.
“Hacemos un atento llamado para que todos aquellos que conformamos la oposición, que fuimos durante la campaña a llevar esta propuesta de ir en contra del Poder Judicial y de actuar como contrapeso nos sostengamos. Es un llamado a las otras fuerzas de oposición de mantenernos firmes y honrar la confianza que nos dio un 43% de los votantes que no apoyaron al oficialismo”, expuso.
En cuanto a la estrategia del PAN para evitar convertirse en una oposición marginal, Murguía aseguró que el partido representa al 43% de los mexicanos que no apoyaron al oficialismo. La clave de su estrategia es mantener la congruencia, estar presentes y cumplir con los compromisos hechos con la ciudadanía, en colaboración con otras fuerzas políticas, refirió la senadora.
En el mismo tono, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano e integrante de la Junta Coordinación Política, dijo que los cinco integrantes de su bancada están “firmes y resueltos para votar en contra de la reforma judicial, porque creemos que los que se está proponiendo es inaceptable para el país y nos vamos a mantener en ello”.
Al respecto, el político jalisciense dijo que su partido tiene argumentos suficientes para sostener que esa reforma “es un absurdo y así nos vamos a mantener”.
Agregó: “Nosotros creemos que tiene que haber un proceso de escucha amplio y genuino; si el régimen está tan acelerado y con tanta prisa, me parece un despropósito porque lo que se puede configurar es una reforma perjudicial. Debemos darnos el tiempo y el espacio para reflexionar”.
La mañana del jueves 5 de septiembre, un día después de que el Senado recibiera la minuta aprobada en Cámara de Diputados, el líder nacional del PRI y senador de la República, Alejandro Moreno, encabezó una conferencia de prensa para anunciar que los 15 integrantes de su bancada —en realidad son 16, pero el senador Manlio Fabio Beltrones fue expulsado— votarán en contra de la reforma al Poder Judicial.
Con pancartas en mano con las leyendas “Estamos en contra”, “Rechazo total”, “No a la Reforma Judicial” y “Reforma Judicial inaceptable”, los 14 senadores presentes en el acto —el único ausente fue Miguel Riquelme— dijeron que votarán en bloque en contra del proyecto que ha sido impulsado de manera acelerada por Morena y sus aliados.
Después de denunciar que los legisladores del tricolor han sido blanco de amenazas y ofertas millonarias para migrar a la bancada de Morena o para ausentarse el día de la votación, Alito Moreno dijo a trabajadores del Poder Judicial y a ciudadanos que se oponen a la reforma: “vamos a resistir todas y cada una de las presiones para defender la democracia y las instituciones del país”.
Moreno Cárdenas hizo un llamado al resto de la oposición para “mantenerse firmes y que los cañonazos desde el oficialismo no les hagan mella; el futuro del país, de sus hijos, de sus nietos y de sus familias, está en riesgo”.
Esgrima en comisiones
Después de que los diputados de Morena y aliados aprobaron en una sede alterna y tras una sesión maratónica de 17 horas el dictamen de reforma al Poder Judicial, la minuta llegó la mañana del miércoles al Senado, donde fueron instaladas de manera exprés las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para comenzar a procesar la reforma.
El debate en el seno de las comisiones dejó entrever el tono que tendrán las deliberaciones. Del lado del PAN, segunda fuerza política en el Senado, los encargados de plantar cara a la mayoría oficialista son el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, quienes forman parte de ambas instancias senatoriales.
Los panistas se pronunciaron en favor de discutir con calma el proyecto de reforma judicial, instalar un parlamento abierto para escuchar a universitarios, trabajadores del Poder Judicial y organizaciones sociales que actualmente se encuentran en las calles protestando contra la enmienda, así como para analizar las implicaciones de gobernabilidad que tendrá el proyecto aprobado por los diputados.
Por parte del PRI, la batalla en comisiones y ante los medios de comunicación la está dando la senadora Claudia Anaya, quien ha amagado con presentar acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial debido a que se está violentando el reglamento del Senado en las convocatorias y las consultas para diseñar el orden del día.
Y desde la trinchera de MC, los arietes son el coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, y el exalcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.
El principal argumento de Castañeda es que la mayoría de Morena, Verde y PT busca acelerar los trabajos para tener lista la reforma antes de que termine la gestión del presidente López Obrador y entregársela como un regalo de despedida. “Se está preparando un albazo legislativo”, argumenta el líder del grupo emecista.
En Morena, Ernestina Godoy y Citlalli Hernández lideran la reforma judicial: Godoy preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Hernández la de Estudios Legislativos. Estas comisiones decidirán sobre el proyecto que propone la elección popular de jueces y ministros, tras la selección por Presidencia, Congreso y Suprema Corte.
A pesar de que Godoy y Hernández prometen escuchar a la oposición, Morena, Verde y PT usarán su mayoría para aprobar la reforma según lo solicitado por López Obrador. Manuel Velasco, del Partido Verde, también está trabajando para ganar apoyo de la oposición. El próximo domingo, las comisiones se reunirán para revisar el dictamen, y la reforma podría ser votada en el pleno a mediados de la semana siguiente, con su posible aprobación final hacia el fin de mes.
