Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, México recibió apoyos por parte de instancias de gobierno de Estados Unidos, que ascienden a mil 290 millones 935 mil 866 dólares.
De acuerdo con las bases de datos contenidas en la plataforma foreignassistance.gov, la mayor parte de los recursos (764.5 millones, 59.7%) se destinan a tareas de colaboración entre instancias de gobierno de ambos países.
El segundo mayor receptor de recursos provenientes de Estados Unidos con empresas privadas, con un fondeo que asciende a 377.3 millones de dólares (29.4% del total).
›En tercer lugar, según las bases de datos oficiales, están las organizaciones no gubernamentales, con desembol-sos desde la Unión Americana por 118.9 millones (9.2%). Las instancias menos favorecidas son las universidades, con 14.5 millones de dólares (1.1%) y las iglesias, con 3.6 millones (0.28% del total).
El pasado 19 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la semana previa envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, una carta en la que se lamenta que desde el gobierno estadounidense se financie a organizaciones sociales dedicadas a criticar su gestión.
En concreto, el mandatario calificó de “actitud injerencista” por parte del gobierno de los Estados Unidos que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) se destinen recursos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuyo propósito, asegura, es “atacar a nuestro gobierno”.
Al analizar las aportaciones realizadas desde Estados Unidos para México entre 2019 y 2024 (los años 2023 y 2024, con datos preliminares), la plataforma arroja que las entidades que más recursos desembolsan son el Departamento de Estado, con 934.7 millones de dólares (73.08%) y la USAID, con 311.5 millones (24.3%).
Con montos inferiores aparecen los departamentos de Defensa, del Trabajo, de Agricultura, Justicia y Energía, además de la Fundación Interamericana y la Fuerza Aérea.
En el rubro que corresponde a la USAID, acusada por el presidente López Obrador de injerencista, los mayores receptores de recursos no son las organizaciones sociales, sino las empresas del sector privado, con 181.5 millones de dólares (58.3% del total).
En segunda posición están las organizaciones no gubernamentales, con 72.4 millones (23.2%); seguidas de colaboraciones bilaterales entre gobiernos, con 44.1 millones (14.1%); las universidades, con 6.8 millones (2.1%) y las asociaciones religiosas, que recibieron 520 mil dólares (0.16%).
Criticada por presuntamente apoyar grupos políticos de oposición en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, la USAID es una institución encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, tejiendo lazos con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Se trata de un organismo que recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado.
En el caso de México, la USAID “apoya actores locales (gobierno, sociedad civil, el sector privado, e instituciones académicas) a evaluar, implementar y escalar modelos alternativos de justicia como la justicia cívica para enfrentar el conflicto y la violencia en las comunidades, y reconstruir capital social entre los miembros de la comunidad en instituciones gubernamentales”.
En materia de Estado de derecho, “la agencia apoya a los gobiernos locales de México, la sociedad civil, y otras instituciones, para consolidar la transición al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”.
Mientras que en garantías fundamentales, la USAID promueve “la prevención de abusos a través de asistencia técnica al gobierno de México y del fortalecimiento de los esfuerzos de la sociedad civil en la protección, difusión y concientización sobre los derechos humanos”.
En el caso de las organizaciones no gubernamentales, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido durante el sexenio cinco millones 099 mil 316 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 849 mil 886 dólares por año. La categoría bajo la que participa la organización es Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza.
Sólo en 2024, MCCI recibió 686 mil 761 millones de dólares para un proyecto de “Fortalecimiento de la integridad empresarial”. La idea consiste en “fortalecer la integridad empresarial, las prácticas de transparencia gubernamental y la sensibilización pública a través de datos basados en evidencia y la participación de actores clave y tomadores de decisiones de todos los sectores en México”.
En 2023, la organización que preside María Amparo Casar obtuvo un millón 669 mil 974 dólares para un proyecto denominada “Acciones de hoy para menos corrupción mañana”, cuyo objetivo es “reducir la corrupción y la impunidad en México a través de un enfoque integral que vincula la investigación y el análisis con la participación pública y el litigio estratégico para impulsar cambios sistémicos y reformas de políticas públicas basadas en evidencia”.
Después de MCCI, la organización civil que más recursos recibe de USAID es Pronatura, que se dedica a la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, con aportaciones por tres millones 599 mil 783 dólares. En su página de internet se define como una organización “enfocado en fomentar cambios de comportamiento en la sociedad para lograr mejores modelos de uso y manejo de recursos naturales”.
En 2024, el grupo ambientalista obtuvo 160 mil dólares para financiar un proyecto para el uso de carbono forestal, cuyo propósito es “crear las condiciones técnicas, institucionales, políticas y financieras necesarias para que el valor de los bosques gestionados sosteniblemente pueda ser monetizado a través de mecanismos de mercado”.
En tercer lugar se ubica la organización México Evalúa, especializada en análisis presupuestal y evaluación de políticas pública. En lo que va del sexenio, el grupo que encabeza Mariana Campos ha recibido un millón 566 mil dólares.
Este año, la organización recibió 619 mil 563 dólares para dos proyectos sobre gobierno local y descentralización. El primero busca “brindar asistencia técnica y capacitación para fortalecer las funciones de los gobiernos subnacionales, incluyendo la elaboración de presupuestos, la recaudación de ingresos locales, la prestación de servicios públicos locales, la planificación comunitaria, la participación y la implementación de leyes”.
El segundo proyecto busca “apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para recopilar, analizar y difundir datos relacionados con el desempeño del sector de justicia, además de aumentar la participación de los actores locales en la supervisión y el análisis del desempeño del sector de justicia”.
