El Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) que realicen la Prueba Estandarizada de la Dirección de Educación de la OCDE, comúnmente conocida como Prueba PISA, en el año 2025.
Esta orden judicial surge como resultado de una solicitud de amparo presentada por la organización Educación con Rumbo, en contra de la negativa de las autoridades federales a participar en evaluaciones internacionales de educación.
La suspensión provisional otorgada por el Juzgado implica que las autoridades educativas están obligadas a realizar los trámites necesarios para llevar a cabo la Prueba PISA en el año 2025; sin embargo, la audiencia incidental programada para el próximo 17 de mayo determinará si se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados. Además, existe la posibilidad de que la SEP y Mejoredu impugnen el fallo ante un tribunal colegiado.
El abogado de Educación con Rumbo, Miguel Ángel Ortiz, ha destacado la importancia de esta resolución judicial como un precedente relevante en la defensa de los derechos humanos de los niños a recibir una educación de calidad. Ortiz argumenta que la Prueba PISA no es simplemente una evaluación opcional, sino una obligación en materia de transparencia y rendición de cuentas para las autoridades educativas mexicanas.
La Prueba PISA, desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es reconocida mundialmente por evaluar los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en áreas fundamentales como matemáticas, lectura y ciencias. DJ