En mercados sobre ruedas, locales y demás establecimientos a lo largo y ancho del país es común, y se ha normalizado, encontrar una amplia oferta de productos pirata: calzado, ropa, accesorios, electrónicos, cosméticos, perfumes, software, videojuegos, películas, música, juguetes, medicamentos, alimentos y un largo etcétera.
Según el estudio Piratería en México. Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales, publicado en julio de 2020 por la American Chamber of Commerce (AmCham) y el Observatorio Nacional Ciudadano, la piratería en México implica pérdidas calculadas en 43 mil millones de pesos al año, equivalentes a unos dos mil millones de dólares.
No obstante, un hecho contrastante es que, algunos servidores públicos que tienen la responsabilidad de evitar que este tipo de mercancía apócrifa ingrese y circule por el país, en realidad fomentan que esto ocurra.
De acuerdo con una denuncia, respaldada por documentos a los que ejecentral tuvo acceso, y presentada ante la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de la FGR, a cambio de moches que pueden variar de los 100 mil hasta superar el millón de pesos, un grupo de peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la FGR solicita la liberación de contenedores cargados de productos pirata.
En la narrativa de los hechos, que son investigados en el expediente 2024/FGR/OIC/UI/D/267, se menciona que un grupo cercano a la titular de la Fiscalía Especial, Blanca Patricia Vázquez Vargas, manipula deliberadamente los dictámenes periciales para permitir la liberación de contenedores provenientes principalmente de China, que arriban a los puertos del país, particularmente a los de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
“Los contenedores llegan llenos de mercancía, como pueden ser los tenis de marcas reconocidas, videojuegos y otros productos pirata. Cuando se realizan las inspecciones, los dictámenes salen ‘negativos’, pero gracias a la intervención de la titular y su grupo de confianza, permiten que los contenedores sean liberados y puestos en circulación”, reveló uno de los denunciantes, quien pidió omitir su identidad, por temor a represalias.
Con base en los hechos descritos en la indagatoria, el modus operandi de estos funcionarios comienza cuando son notificadas las empresas afectadas, como pueden ser Nike, Adidas, Nintendo, entre otras, sobre la llegada de productos pirata relacionados con su marca, por lo que la Fiscalía Especial —antes Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial— asegura los contenedores.
Sin embargo, los importadores —generalmente empresas de origen chino establecidas en México— terminan por pagar sobornos para que los dictámenes periciales salgan positivos y los productos sean liberados para su colocación en el mercado.
Entre los casos documentados que están bajo pesquisa en la carpeta de investigación FED/FECOC/FEIDCDP-COL/0001128/2024, se encuentra la liberación del contenedor FSCU8687090 en la aduana de Manzanillo, el cual contenía productos falsificados, en agravio de la marca Adidas.
De acuerdo con el resumen ejecutivo de esa diligencia, con fecha del 30 de julio de este año se pidió la liberación, pese a que la empresa, en calidad de querellante, señaló “la posible introducción al país de objetos que podrían ostentar falsificación de la marca ‘Adidas AG y Adidas International Marketing BV’”.
No obstante, la instrucción firmada por la titular de la Unidad de Investigación y Litigación (UIL) Miriam Erika Fournier Lemus, y el agente del Ministerio Público de la Federación, Israel Bedolla Mendoza, ambos colaboradores cercanos de la fiscal Vázquez Vargas, fue la de sobreseer la denuncia y permitir la introducción de los productos al país.
Lo anterior, al señalar que los apoderados legales de la empresa importadora notificaron a la Fiscalía Especializada que los productos de ese contenedor “son considerados como originales, por lo tanto, no ostentan falsificación de marca”.
Otro ejemplo registrado en la aduana de Manzanillo fue el del contenedor EITU1980407 que, pese a que la mercancía era parte de una indagatoria de la Policía Federal Ministerial, bajo la carpeta de investigación con terminación 0002147/2023, en un oficio enviado el 11 de abril pasado a la autoridad aduanal se pidió que el contenedor y la mercancía ingresada “continúen con su trámite aduanal correspondiente”.
La instrucción, firmada por la agente del Ministerio Público Paula Valeria Coss Uribe, y la titular de la Fiscalía Especial, Blanca Patricia Velázquez, establecía incluso que la liberación del contenedor debía ser cumplida en un plazo de 48 horas, o de lo contrario el administrador de la aduana se haría acreedor de una multa.
Como parte del testimonio al que este semanario tuvo acceso se señala un caso específico conocido como “TURIBUS”, en el que la agente del MP, Gabriela Magaña Rivera, habría recibido un anticipo de 500 mil pesos para asegurar que un dictamen en materia de propiedad industrial saliera negativo. Parte de este soborno habría sido distribuido entre peritos y otros funcionarios.
Además, la misma agente Magaña Rivera, sobre quien también pesa una indagatoria por posibles actos de corrupción cuando laboró en el SAT, es investigada por presuntamente haber recibido un millón de pesos, de los cuales habría dispuesto la cantidad de 100 mil pesos, para que un perito en propiedad intelectual emitiera un dictamen negativo en un caso identificado como “Big Bola”.
Como parte de la indagatoria, de la cual a la fecha no se ha emitido una resolución, se da seguimiento al ostentoso modo de vida que los agentes del Ministerio Público Israel Bedolla Mendoza, Paula Valeria Coss Uribe y Gabriela Magaña, e incluso la hija de la titular de la Fiscalía Especializada, identificada como Ingrid Madrigal, presumen en sus respectivas redes sociales.
Según la denuncia, pese a que la hija de la fiscal Blanca Patricia se desempeña como paramédico, ella y los agentes señalados por la liberación ilegal de los contenedores a cambio de sobornos, han evidenciado viajes hacia Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, España y Alemania. Israel Bedolla Mendoza viajó el mes pasado a Nueva York, Estados Unidos, para comprar ropa de marcas de alta gama.
Por este tipo de actos de posible corrupción, desde 2022 a la fecha se acumulan al menos siete carpetas de investigación; dos se refieren a la liberación de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas y el resto es por diligencias en el puerto de Manzanillo, en las que figuran las actuaciones de los agentes del Ministerio Público mencionados.
