Más frecuentes que los sismos o huracanes, en la última década los incendios urbanos en México aumentaron 10% cada año, y desde 2020 a la fecha han generado pérdidas por al menos 34 mil millones de pesos, sin considerar los costos sociales, de atención médica y daños medioambientales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que, entre incendios urbanos y no urbanos, en el país se registran 95 mil incendios anuales, un promedio de 260 siniestros cada día.
En 2023, a través del sistema de emergencias 911, se reportaron 58 mil 706 incendios en casa habitación, 24 mil 643 incendios de vehículos, 10 mil 153 incendios en comercios y 36 mil 633 incendios forestales, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2024.
“Los incendios urbanos van al alza, y no solo en México, en todo el mundo. Estamos viviendo una época de grandes desafíos, porque, por un lado, tenemos el calentamiento global, el cambio climático y la tecnología. Esas tres cosas están haciendo que los incendios aumenten”, señaló Jaime Gutiérrez Casas, exdirector general de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe de la National Fire Protection Association (NFPA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, en México no existe un marco normativo a nivel nacional que establezca normas y códigos para prevenir estos incendios, causados por fallas eléctricas, fugas de gas y descuidos humanos.
Desde el Consejo Nacional de Prevención de Incendio (CONAPCI) y la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) se impulsa la necesidad de que en la recién inaugurada LXVI Legislatura se promueva una legislación para prevenir los incendios urbanos.
“Estamos buscando que se tome en cuenta el tema de la prevención y protección contra incendios. Sin embargo, vemos que la falta de homologación y de una visión integral de la protección cambia las reglas de un municipio a otro, e incluso entre niveles de gobierno”, subrayó Juan José Camacho, presidente del CONAPCI.
Factores de riesgo
Los incendios urbanos pueden ocurrir en cualquier momento y cualquier hogar es susceptible. Según el Inegi, 55.6% de estos desastres ocurren en casas y edificios, el 34.1% afecta a comercios, y alrededor del 7% se registra en inmuebles como hoteles, escuelas y hospitales.
El hecho de que en una casa todos los materiales son sintéticos, como cortinas, camas, persianas, la sala, etcétera, resulta en factores de riesgo que provocan que, ante un incendio, sólo se cuente con un promedio de dos minutos para desalojar el lugar antes de que se consuma.
Bajo ese panorama, los adultos mayores y los menores de edad resultan ser hasta un 80% más vulnerables a estos incendios, según estadísticas oficiales.
Al respecto, Jaime Gutiérrez apuntó que “la tecnología avanza más rápido que las normas y los códigos”, lo cual ha agudizado la ocurrencia de estos desastres.
“Las baterías de litio, el uso de teléfonos celulares y el trabajo desde casa hacen que la gente no esté preparada, sobrecargando las tomas eléctricas. La computadora y el celular se conectan a multicontactos, lo que sobrecarga la línea”, refirió quien fue coordinador de costos en la construcción del World Trade Center de la Ciudad de México.
Aunado a ello, los incendios forestales, que en 90% son causados por los seres humanos, cada vez es más frecuente que causen catástrofes en zonas urbanas, como ocurrió recientemente en Maui, Hawái, y en Valparaíso, Chile.
En respaldo de los exhortos del CONAPCI y la AMRACI, Jaime Gutiérrez se pronunció a favor de fortalecer tres aspectos fundamentales para prevenir y atender estos incendios: “reforzar y actualizar normas y códigos de construcción; implementar una cultura de prevención; y capacitar y certificar personal para que sean expertos en el tema”.
No obstante, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Costa Rica o Panamá, donde se han hecho esfuerzos por actualizar sus normas y estándares de construcción, sobre todo en nuevas edificaciones que, a partir de cuatro niveles, deben contar con sistemas de protección contra incendios como alarmas y rociadores. En México, esto no ocurre.
Un ejemplo de ese atraso es que el Código Eléctrico Nacional mexicano, basado en el Código Eléctrico de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos (NFPA) de 2008, fue adoptado en 2010 e implementado en 2012. “Ya pasaron 12 años y el Código Eléctrico Nacional Mexicano no se ha actualizado como debería”, señaló.
Respuesta integral
Estimaciones del Consejo Nacional de Prevención de Incendio indican que, a la par del aumento anual del 10% en la frecuencia de incendios, se contabilizan alrededor de 700 muertes relacionadas con este fenómeno cada año.
Pese a este panorama, en la gestión integral de riesgos, se sigue generando vulnerabilidad en la edificación de casas, edificios y ciudades. Al respecto, Juan José Camacho Gómez recordó que la Constitución establece que los municipios son los responsables de dictar las reglas de construcción.
“Tenemos más de dos mil 400 municipios y tendríamos más de dos mil 400 formas de implementar la protección contra incendios en México. Sin embargo, el incendio se desarrolla igual en cualquier lugar, y las reglas en la industria de protección contra incendios deberían ser las mismas”, exhortó el presidente del CONAPCI.
Aunque reconoció que se ha avanzado en algunas normas que los municipios podrían adoptar para hacer más resilientes y seguras sus ciudades en cuanto a los materiales de construcción, estas no son de carácter obligatorio. Por ello, una ley o reglamento de implementación nacional obligaría a atender mejor el tema.
“Es un tema transversal que involucra desde la esfera municipal, estatal y federal hasta temas educativos y de salud. El reto es cómo abordarlo de forma integral, dando soluciones para proteger desde una pequeña casa o una habitación en la sierra, hasta una megaempresa o una instalación en una metrópoli”, sostuvo Camacho Gómez.
En ese sentido, Jaime Gutiérrez refirió que, si bien los legisladores tienen una asignatura pendiente en la homologación de directrices, existe una “gran labor” en las secretarías de Economía y Energía, que son las principales instituciones para implementar las normas.
Un obstáculo pendiente por superar es que, en la “gestión de riesgos, normalmente no somos preventivos; Protección Civil actúa después de que se genera el incendio o la explosión”, apuntó.
En opinión de Juan José Camacho, aunque existen varios retos en materia de cultura de la prevención de incendios, desde la iniciativa privada se han incentivado proyectos como la reciente creación de la coalición entre organizaciones de la sociedad civil y empresarios en materia de prevención de incendios y quemaduras en casas, jardines de niños, escuelas y centros de reunión pública.
