De manera inaudita, los titulares de las 32 entidades federativas se unieron en una sola causa: solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se elimine del marco jurídico la figura de la prisión preventiva.
Los riesgos que implica el que se extinga de tajo esta medida cautelar hizo que los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México hicieran a un lado su filiación partidista y firmaran un pronunciamiento conjunto que en días pasados fue enviado a la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
En el escrito, los mandatarios estatales alertan sobre problemas de gobernabilidad y hasta de un colapso de los tribunales federales si se declara inconstitucional la prisión preventiva. El debate sigue.
