“La vida es pintar un cuadro, no hacer una suma”
Juez Oliver Wendell Holmes
Me parece que ya no es tiempo de cuestionarse si la elección por voto de personas juzgadoras, que propone la iniciativa de reforma del presidente de la República, es lo idóneo. El pueblo lo decidió el 2 de junio y se va a respetar ese mandato, porque nada está por encima de la soberanía popular. En ese tenor, más bien es hora de reflexión, de situar sobre la mesa ideas y propuestas que nos lleven a tener un modelo de elección distinto de justicia en México, que sea favorable para todas y todos los justiciables en México.
Indudablemente, el epicentro de la reforma radica en la elección de las personas juzgadoras por voto popular, y es precisamente en este punto en el que deseo enfocar mi atención. Para alcanzar este objetivo, es imperativo analizar el actual mecanismo de elección, el cual se lleva a cabo a través de concursos de oposición que han predominado en los últimos años. Estos concursos se han caracterizado por su falta de transparencia y apertura hacia el pueblo en general, favoreciendo a ciertas personas y a familiares de los propios jueces.
Sin embargo, es relevante destacar la labor del exministro Arturo Zaldívar en la reforma judicial de 2021, al llevar a cabo una reestructuración en la Escuela Federal de Formación Judicial e implementar nuevas políticas para combatir la corrupción y el nepotismo interno, mediante la prohibición de nombramientos de familiares y la promoción de políticas de igualdad y paridad de género. Es innegable que logró avances significativos en el Poder Judicial de la Federación.
No obstante, en la actualidad es imperativo ampliar el sistema de selección para permitir que accedan no sólo personas con ciertos perfiles favorecidos y provenientes de la carrera judicial, sino también abogados y abogadas de diversos ámbitos de la sociedad, e incluso individuos dentro del propio Poder Judicial que, a pesar de poseer capacidades necesarias, no han sido favorecidos en los mencionados concursos. Sería positivo implementar una política que permita la inclusión de la clase trabajadora. El propósito es contar con jueces y juezas más diversos, con una perspectiva distinta e incluso perfiles más innovadores.
En el mismo tenor, se han multiplicado los diversos comentarios tanto en la esfera pública como en los ámbitos de discusión en torno a la reforma judicial, rebosantes de arrogancia que sitúa la técnica intelectual en un pedestal supremo. Esta postura ha conducido a un considerable número de jueces y juezas a sumergirse en la soberbia y frialdad, contemplando la vida de las personas como simples expedientes, alejándose de los principios éticos fundamentales y desatendiendo aquel enfoque humanista que la ciudadanía clamó en las urnas desde 2018, con la irrupción de un proyecto de izquierda liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy el pueblo ha revalidado con mayor fervor con la investidura de la primera presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
La noción de priorizar la técnica intelectual para resolver las complejas vidas plasmadas en un expediente me resulta imprecisa. Las intricadas facetas del comportamiento humano deben ser abordadas por individuos que posean una auténtica vocación por la justicia, así como otras cualidades como la imaginación y la creatividad para poder empatizar con la existencia de aquellas personas que están distantes de la nuestra. De esta forma, se recupera el sentido común al integrar las emociones, la ética y, algunos mencionan, la empatía, aunque personalmente prefiero referirme a la misericordia, para así lograr una justicia más sensible y cercana a las personas.
La sociedad actual difiere notablemente de la de tiempos pasados. Es imperativo instaurar un sistema plural de elección y permanencia impregnado de humanismo y una dimensión social acorde a las transformaciones sociales actuales, fomentando la proximidad con la población y reconociendo cualidades hasta ahora subestimadas. Consciente de que no será una tarea sencilla, es en los parlamentos abiertos donde radica la posibilidad de forjar una reforma más integral, sustentada en las demandas expresadas por el pueblo de México en las urnas desde 2018.
