En sólo dos años, la población que sufre hambre en América Latina subió de 12.7 millones de personas en cinco países (2021) a 19.7 millones en nueve países (2023), es decir, 58.3%, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2024, lo que representa un factor de presión para el gobierno mexicano debido a los flujos migratorios impulsados por falta de disponibilidad de alimentos.
En 2021, las crisis alimentarias de la región se reportaban en Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua; dos años después, como consecuencia de severas sequías combinadas con tormentas e inundaciones que han arrasado con cultivos, la emergencia se extendió a República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, con afectaciones a siete millones de personas adicionales a las que había los años previos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) ha reconocido un claro vínculo entre la inseguridad en materia alimentaria y la migración, principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyos ciudadanos ven a México como punto de paso para llegar a Estados Unidos, aunque muchos indocumentados deciden a la mera hora permanecer en el territorio nacional.
Diversos estudios realizados en la última década por el organismo citado de la ONU han confirmado que la productividad agrícola reducida y la pérdida de cosechas constituyen la segunda causa de migración entre las poblaciones ubicadas en el Corredor Seco Centroamericano, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, en donde la combinación de pobreza y desempleo es la primera causa.
“Centroamérica es un territorio vulnerable porque se ubica dentro del Corredor Seco, que implica una serie de características específicas del territorio que afecta la probabilidad de tener cultivos productivos y garantizar la seguridad alimentaria”, apunta Celia Medrano, investigadora salvadoreña especializada en migración, derechos humanos y derechos de las infancias.
En entrevista con ejecentral, la especialista asegura que por sí sólo, el cambio climático no es responsable de todas las calamidades que sufre Centroamérica, pero sí influye en la escasez de alimentos, que a su vez provoca que todos los años miles de familias dejen sus comunidades de origen en busca de lugares con mayor disponibilidad de comida.
“Los gobiernos de la región han tomado una serie de medidas que priorizan el desarrollo económico por encima de la protección ambiental y de la garantía de los derechos ambientales de la población”, expone.
“Se han denunciado muchos casos sobre decisiones estatales que profundizan la deforestación, el deterioro ambiental y la contaminación de las comunidades. Esto hace imposible que la vida se mantenga, sobre todo en las comunidades de los territorios afectados. Las personas se ven forzadas a emigrar o desplazarse internamente”, subraya Medrano.
Guatemala
En el más reciente diagnóstico del FSIN se consigna que 4.3 millones de guatemaltecos (24% de la población) enfrentaron inseguridad alimentaria, de los cuales 600 mil fueron clasificados en fase de emergencia.
Desde 2018, la organización internacional ha alertado sobre una crisis alimentaria permanente en Guatemala, país con el que México comparte una frontera de 956 kilómetros.
“Los niveles de inseguridad alimentaria aguda aumentaron a partir de 2018, alcanzando su punto más alto entre junio y septiembre de 2022 debido a las crisis relacionadas, en particular la sequía y los huracanes Eta e Iota en 2020, así como los impactos económicos de la pandemia de Covid-19, y la inflación persistente sostenida por los altos precios mundiales de las materias primas”, se enlista.
En abril pasado, cuando se encontraba en campaña, la ahora virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, expresó que buscará que Tapachula, en la frontera sur de México, se considere la “capital de Centroamérica” con un plan de industrialización que también pretende una migración “más humana”.
La candidata visitó la frontera sur de México, donde se reportó una subida de 77% de la migración irregular detectada por el Gobierno en 2023, año en que se registró un récord de más de 782 mil migrantes indocumentados.
Entre sus 100 compromisos de campaña, Sheinbaum planteó institucionalizar la gestión regional de la movilidad humana. “Nos enfocaremos en la creación de un mecanismo permanente regional que coordine esfuerzos en el manejo de la movilidad humana.
Este mecanismo buscará establecer una cooperación más estrecha entre los países de la región, lo que permitirá compartir recursos, conocimientos y estrategias para abordar de manera integral las causas fundamentales de la migración y las necesidades de quienes siguen migrando”, señaló.
Honduras
El informe sobre emergencias alimentarias reporta que 2.4 millones de personas, equivalentes al 25% de la población total, enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3). De ellos, 600 mil personas se encuentran en una situación de Emergencia (Fase 4).
De acuerdo con la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), lo anterior significa que uno de cada cuatro hondureños padece de una falta crítica y acentuada de acceso a los alimentos, niveles de malnutrición elevados y sobre lo normal, y agotamiento acelerado de los activos que conforman los medios de subsistencia.
Asimismo, las 600 mil personas más afectadas enfrentan una grave falta de acceso a los alimentos, así como exceso de mortalidad, malnutrición muy elevada y en aumento y despojo irreversible de los activos que conforman los medios de subsistencia.
“A pesar de una disminución moderada de 0.3 millones de personas desde el pico de 2022, persisten altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, lo que refleja los elevados precios de los alimentos, la baja demanda laboral debido a una reducción estacional de las actividades agrícolas agravada por la aparición de El Niño y el agotamiento de los alimentos de los hogares”, describe el diagnóstico elaborado por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés).
El Salvador
El Salvador es el segundo país de América Central que más expulsa migrantes hacia México. El Informe Global sobre Crisis Alimentarias consigna que en dicha nación hay más de 900 mil personas (14% de la población total) que enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, de los cuales 62 mil se encuentran en situación de emergencia.
El documento detalla que, a pesar del aumento de los ingresos debido a la mayor demanda de mano de obra en los sectores agrícola, comercial y turístico, persistieron los altos precios de los alimentos y la escasez localizada en las zonas afectadas por las escasas lluvias. Los departamentos más afectados fueron Ahuachapán, San Vicente, Usulután, Cabañas, Morazán y La Unión.
“En el Corredor Seco de El Salvador, las bajas precipitaciones y las temperaturas superiores al promedio, condiciones típicamente asociadas con el fenómeno de El Niño, llevaron a rendimientos agrícolas inferiores al promedio en 2023”, expone el informe.
“Las mejoras estacionales en la disponibilidad y el acceso a los alimentos gracias a la cosecha de diciembre fueron limitadas y se estima que fueron menores de lo normal debido a la disminución de los rendimientos de los hogares rurales causada por las lluvias erráticas relacionadas con El Niño, lo que resultó en una terminación prematura de las reservas de alimentos básicos de los hogares”, añade.
Al respecto, Celia Medrano apunta que la mayoría de personas migrantes salvadoreñas retornadas (hasta un 80%) aseguran que su principal motivación para emigrar han sido aspectos económicos y en segundo lugar aspectos vinculados a diferentes tipos de violencia (17%).
No obstante, aclara, dentro de los factores económicos hay una gran variedad de motivaciones, como el aumento del costo de la vida, inseguridad alimentaria y falta de fuentes de trabajo, principalmente en el campo, los cuales pueden vincularse con efectos del cambio climático y ausencia o insuficiencia de políticas públicas.
Originaria de El Salvador, Medrano dice que “las personas migrantes no dicen ‘migro por el cambio climático’, pero sí identifican que las inundaciones o sequías han afectado sus cultivos o su capacidad de sostener sus pequeños emprendimientos, por lo que al reducirse las oportunidades para sobrevivir, se ven forzados a emigrar”.
Haití
La nación caribeña es una de las principales expulsoras de migrantes que llegan a México. El año pasado se caracterizó por un arribo masivo de haitianos, con 44 mil 141 solicitudes de refugio, contra las 17 mil 202 peticiones de 2022 y las 3 mil 664 en lo que va de 2024. La situación política, económica y social de este país es crítica, y los problemas de hambruna son de grandes dimensiones.
El reporte global del FSIN alerta que 4.9 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población total, enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda; de ellos, 1.8 millones se encuentran en fase 4, lo que adquiere características de emergencia humanitaria.
La violencia de las pandillas en la capital, Puerto Príncipe, perturbó gravemente los medios de vida y los mercados, e hizo subir los precios, particularmente en Cité Soleil, donde algunas personas enfrentaron la Fase 5 de la CIF, es decir, una “conmoción social extrema con total falta de acceso a los alimentos y/u otras necesidades básicas en que la población es víctima de hambruna generalizada, muerte y desplazamiento”.
“Los desplazados internos, principalmente en el departamento Oeste, experimentaron un acceso limitado a los alimentos debido a la pérdida de medios de vida, lo que ejerció una presión adicional sobre las familias y comunidades de acogida”, consigna el documento.
La violencia de las pandillas y la inseguridad afectaron el acceso a servicios básicos de salud y nutrición, lo que afectó particularmente a mujeres y niños. Miles de familias no tienen agua potable, jabón ni servicios sanitarios básicos. Casi el 60% de los hogares rurales, cifra que ascendía al 80% en Cité Soleil, carecía de acceso a suficiente agua.
Entre 2023 y 2024, la presencia de haitianos en la Ciudad de México y urbes fronterizas (Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas), se ha multiplicado ante los constantes flujos de migrantes y la negativa del gobierno mexicano a otorgar permisos de residencia. Esta problemática se debe a que los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica insisten en ver al fenómeno de la migración con un “problema que atacar” en lugar de asumirlo como un reto de movilidad laboral.
“El principal error que arrastran las medidas en México y Estados Unidos contra la migración es pretender frenarla o reducirla. El enfoque principal debe apuntar a las causas-raíz del por qué miles de centroamericanos deciden emigrar en busca de condiciones de dignidad y seguridad que les son negadas en sus países de origen”, comenta Medrano.
“El ver la migración como un problema que debe contenerse enfatiza en la represión del fenómeno, sin realmente abordarlo desde sus causas de manera integral. Más que contener la migración, los gobiernos deberían enfocarse en gestionarla, garantizando políticas y programas regionales que faciliten la movilidad y el empleo de las personas. La migración no puede contenerse”, destaca.
