El Gobierno de AMLO nos falló, reclaman desde la Normal de Ayotzinapa
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A diez años de los trágicos acontecimientos ocurridos en Iguala, las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa siguen buscando respuestas sobre el paradero de los estudiantes y justicia
El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha sido una herida abierta que no ha podido ser atendida por las instituciones a diez años de los trágicos acontecimientos. Las familias de los desaparecidos siguen buscando respuestas y justicia, como lo dejaron ver en la Asamblea Nacional Popular que reunió recientemente en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes. Sin embargo, los padres de los desaparecidos y diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que el gobierno ha fallado en este compromiso.
A pesar de algunos avances hasta el año 2022, actualmente no se ha esclarecido el paradero de los estudiantes ni se han castigado a todos los responsables. Uno de los puntos más polémicos en este caso ha sido el discurso del presidente López Obrador, quien ha generado un debate sobre un supuesto intervencionismo extranjero y el papel de las organizaciones de derechos humanos.
Este enfoque ha sido percibido por los familiares de los desaparecidos como una distracción y una justificación del fracaso del gobierno en avanzar en las investigaciones. La Asamblea Nacional Popular denunció que, lejos de colaborar, estas posturas han obstaculizado el progreso y han creado tensiones innecesarias.
Un factor crucial que ha complicado la búsqueda de justicia ha sido el desmantelamiento de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).
Ambas instituciones, creadas para investigar el caso, fueron desarticuladas bajo presión militar, según los padres de los estudiantes. La renuncia de sus titulares y el hostigamiento hacia funcionarios como Alejandro Encinas, quien fue citado para ser interrogado por militares, evidencian una interferencia que pone en entredicho la imparcialidad de las investigaciones.
La Asamblea Nacional Popular presentó pruebas que sugieren una participación directa del ejército en la desaparición de los estudiantes. Se mencionan documentos que indican que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que mandos del 27 Batallón tenían vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, se acusa a los militares de intervenir llamadas de los estudiantes y de entregarlos al crimen organizado. DJ
Con información de La Jornada