Durante la semana pasada, dos grandes masacres dejaron al menos 66 muertos y decenas de heridos en Rafah, la única ciudad que no había sido bombardeada por las fuerzas israelíes dentro de la franja de Gaza. Pero al margen de las condenas, llamados de alto al fuego e incluso peticiones para sancionar a Israel, Estados Unidos mantiene su apoyo al que es su aliado más poderoso en Medio Oriente.
Ante la reciente petición planteada ante la Corte Penal Internacional (CPI) de que se emita una orden de aprehensión en contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, representantes de la clase política de la gran potencia occidental han protestado e incluso han emitido veladas advertencias a los mismos integrantes del organismo internacional de justicia. “Estados Unidos debería castigar a la Corte Penal Internacional y poner a Karim Khan (fiscal del organismo) en su sitio”, declaró en días pasados el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
Estas y otras declaraciones están respaldadas por un as bajo la manga del gobierno estadounidense, que le permite impedir la detención de Netanyahu o su liberación, en caso de que sea aprehendido: la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (ASPA, por sus siglas en inglés).
Se trata de una ley que data del 2002, la cual faculta al presidente estadounidense en turno para usar “todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado que esté detenido o encarcelado por, en nombre de, o a solicitud de la Corte Penal Internacional”.
También conocida como “Ley de Invasión de La Haya”, fue presentada por el senador Jesse Helms y por el representante Tom DeLay, con el argumento de que Estados Unidos necesitaba mayor recuperación y respuesta a los ataques terroristas, en un momento en que la invasión a Afganistán ya había comenzado. Días más tarde, el ordenamiento fue aprobado con el voto de 30 demócratas y 45 republicanos.
Israel es aliado de Estados Unidos, por lo que la ley puede ser usada para proteger a su jefe de gobierno. En la Sección 2008, inciso b, se establece la denominación de “personas aliadas encubiertas”, en referencia a “personal militar, funcionarios electos o designados y otras personas empleadas o que trabajan en nombre del gobierno de un país miembro de la OTAN o un importante aliado no perteneciente a la OTAN”. En este rubro se cita a Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Argentina, República de Corea, Nueva Zelanda y Taiwán.
La posibilidad de que el gobierno del presidente Joe Biden utilice “todos los medios” para liberar o proteger a un funcionario o aliado de Estados Unidos, incluye el uso de armas y un ataque planificado en contra de La Haya. Al respecto, cabe destacar que en la práctica tal opción tiene muy remotas posibilidades, ya que además de la dificultad de derribar la seguridad del principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, implicaría invadir los Países Bajos y prácticamente declararle la guerra al mundo.
Sin embargo, no es la única alternativa para Estados Unidos. El concepto de “todos los medios” incluye una variedad de opciones, que van desde el chantaje hasta el secuestro y el boicot para lograr sus propósitos. En un escenario hipotético, el propio Netanyahu y el ministro de Defensa de Israel Joav Galant –también acusado por la CPI– podrían recibir refugio en territorio estadounidense y seguir viviendo en libertad y sin ninguna consecuencia.
Asimismo, la Ley ASPA prohíbe a los gobiernos y agencias federales, estatales y locales (incluidos tribunales de aplicación de la ley) ayudar a la CPI en los casos en que el gobierno estadounidense lo considere. Tal acción es respaldada por el hecho de que si bien Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma –el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional– en el 2000, nunca lo ratificó, y no reconoce la jurisdicción del organismo.
Así lo recordó el presidente Biden el 23 de mayo. “No reconocemos esa jurisdicción, es así de simple”, dijo poco después de que se formulara la petición de orden de arresto contra Netanyahu y Galant.
De esta forma, el gobierno puede criminalizar a cualquier ciudadano o institución estadounidense que ayude a la CPI, ya sea de forma intencional o por error. Nuestro vecino del norte tampoco está obligado a responder a solicitudes de cooperación.
Pocos días después de la declaración de Biden, Mike Johnson amagó con ir más lejos. “El Congreso está revisando todas nuestras opciones en este momento. Tenemos una legislación muy agresiva que vamos a impulsar lo antes posible, impondremos sanciones. Si la Corte sigue adelante con su absurda orden de detención o petición, esto va a ser un problema internacional aún mayor”, amagó.
En su mensaje, Johnson también señaló que su país nunca ha apoyado oficialmente a la Corte, porque “es una afrenta directa a nuestra propia soberanía”, y puntualizó que Israel tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma.
Sin embargo, esto no le resta potestad a la Corte Penal Internacional, que sí puede intervenir en casos en que se registren crímenes en algún país que forme parte del Estatuto de Roma, y Palestina ratificó su adhesión en enero de 2015.
Otra de las facultades de la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense es la de cortar la ayuda militar a los países que ratifiquen un tratado en el que se presente algún cargo contrario a los intereses de Estados Unidos. Esto puede servir como forma de presión para evitar el arresto de Netanyahu y sus cómplices en los países que ya se han pronunciado a favor de la petición emitida por el fiscal Khan.
Bajo la Ley ASPA, la participación de Estados Unidos en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas puede ser igualmente condicionada, de acuerdo con la Sección 2005, Inciso b.
Aunque se le intentó derogar en 2022, la ley continúa vigente y ha sido incluso actualizada, con todo y la desaprobación y preocupación del gobierno neerlandés y de Human Rights Watch, organización que la bautizó con el nombre coloquial de “Ley de Invasión de La Haya”.
NM
