Durango en la mira: Licitación de licencias de conducir ignora la ley

9 de Septiembre de 2024

Durango en la mira: Licitación de licencias de conducir ignora la ley

licencias de conducir Durango

Foto: Redes Sociales

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La falta de un periodo adecuado para evaluar los requerimientos y la ausencia de transparencia en la publicación de las bases han despertado preocupaciones

El gobierno de Durango, bajo la administración del gobernador Esteban Villegas, enfrenta críticas por la gestión apresurada de la licitación para las licencias de conducir, la cual podría estar al borde de la ilegalidad debido a la premura en sus procedimientos. Y es que las bases de la licitación fueron publicadas el 4 de agosto, un domingo, otorgando apenas dos días para que los interesados pudieran revisar y formular preguntas antes de una junta de aclaraciones programada para el 8 de agosto.

Este apresurado plazo contrasta significativamente con los siete días naturales estipulados por el Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, que regula los tiempos de acceso y análisis para licitaciones públicas. Además, la normativa local sugiere plazos más extensos para contrataciones que involucran grandes inversiones, superiores a los 15 millones de pesos, lo cual aplica en este caso.

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El proceso no solo involucra aspectos financieros gestionados por la Secretaría de Finanzas del Estado y su titular Franklin Corlay Aguilar, sino también implicaciones significativas para la seguridad pública. Las licencias de conducir son esenciales para asegurar que los conductores de vehículos privados y comerciales operen de manera confiable.

Sin embargo, la falta de un periodo adecuado para evaluar los requerimientos y la ausencia de transparencia en la publicación de las bases han despertado preocupaciones. Los interesados enfrentan un escenario donde el tiempo para adquirir y analizar las bases está prácticamente vencido, complicando la posibilidad de un análisis técnico exhaustivo.

La prisa por cerrar la licitación, con un plazo que apunta a firmar el contrato el 20 de agosto, ha sido cuestionada por su potencial para comprometer la integridad y la transparencia del proceso. Este apuro podría afectar la fiabilidad de un sistema que requiere de múltiples candados de seguridad, tanto físicos como digitales, especialmente en un contexto donde el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece criterios específicos que deben ser cumplidos meticulosamente.