El sistema penitenciario en México alcanzó un nuevo punto de inflexión. En 2023, la población privada de la libertad alcanzó su nivel más alto desde 2017, con 233 mil 277 personas internadas en cárceles de todo el país. Este aumento del 3.2% respecto al año anterior no pasó desapercibido, especialmente porque oculta una inquietante realidad: mientras más personas llenan las cárceles, una proporción significativa sigue sin haber sido juzgada.
Los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Censo Nacional de los Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal (CNSIPEEF) 2023 muestran que la cantidad de personas en prisión preventiva oficiosa —la detención automática para ciertos delitos— disminuyó ligeramente en comparación con 2022.
De las 88 mil 172 personas sin sentencia registradas en 2022, el 50.2% estaba en prisión preventiva oficiosa. En 2023, esta cifra bajó al 44.3% de los 86 mil 984 encarcelados sin sentencia; sin embargo, el número de personas en prisión preventiva justificada (aquellas que presentan un riesgo significativo de fuga) aumentó notablemente, pasando del 23.9% en 2022 al 32.5% en 2023.
Este cambio no es menor. La disminución en la prisión preventiva oficiosa podría verse como una victoria en la lucha por los derechos humanos, pero el incremento en la justificada plantea nuevas preguntas. ¿Realmente estamos protegiendo a la sociedad, o estamos simplemente cambiando una forma de injusticia por otra?
Detalles de los presos en México
La desigualdad de género en el sistema penitenciario mexicano es palpable. Mientras que el 37.3% de la población penitenciaria masculina no tiene sentencia, esta cifra se eleva al 46.9% en el caso de las mujeres. En otras palabras, una de cada dos mujeres en prisión sigue esperando su juicio. Esta situación agrava la ya de por sí precaria situación de las mujeres privadas de la libertad, muchas de las cuales enfrentan procesos largos e injustos.
A pesar del incremento en la población carcelaria, el presupuesto destinado a los centros penitenciarios disminuyó un 8.1% en 2023, totalizando 43 mil 553.99 millones de pesos. Esta reducción presupuestaria pone en riesgo no solo la capacidad operativa de las cárceles, sino también la calidad de vida de los internos, aumentando la posibilidad de violaciones a sus derechos humanos.
El Estado de México y Michoacán se destacan como las entidades con la totalidad de sus presos en prisión preventiva sin sentencia, tanto en centros penitenciarios federales como estatales. Para los presos que siguen esperando su sentencia, la situación es desesperante. En promedio, el 21.1% de los hombres y el 22.2% de las mujeres han esperado entre seis meses y un año por su sentencia, mientras que más del 20% ha esperado dos años o más. Este retraso perpetúa un ciclo de incertidumbre y desesperación que afecta a miles de personas y sus familias.
DJ