María del Rosario buscó a su hija Guadalupe desde su desaparición en marzo de 2016 en Tlajomulco. Aunque solicitó repetidamente una confronta de ADN al Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco, siempre le fue negada. En 2024 le informaron que el cuerpo estuvo en el Semefo durante ocho años. Este periodo fue una pesadilla, pero darle sepultura le ofreció paz. Las autoridades atribuyeron la omisión a una “mala gestión previa”.
Un cuerpo sin vida debería ser entregado a sus seres queridos, pero una serie de fisuras que se encuentran dentro del sistema mexicano impiden que esto sea una realidad, asegura Valentina Peralta Puga, quien es la actual coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos y activista que acompaña a familias buscadoras desde hace casi 14 años.
El camino está marcado, asegura en entrevista con La-Lista, pero pocas veces se sigue, ya sea por omisión, ignorancia o falta de recursos. Sin embargo, la exconsejera del Sistema Nacional de Búsqueda detalla que las fosas comunes son la respuesta al fenómeno de la desaparición forzada.
“México atraviesa una crisis forense que tiene a 80 mil personas en fosas comunes y de resolverse traería luz para las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, afirma.
¿Por qué seguimos escuchando historias de desaparecidos que estuvieron ocho años en el Servicio Médico Forense hasta que fueron entregados a su familia?
Porque nuestras instituciones no funcionan como deberían hacerlo. Al descubrirse una fosa clandestina el Ministerio Público debería acudir a hacer el levantamiento de los cuerpos o los restos. En teoría, debería iniciar una investigación por los hechos y depositar los hallazgos en el área forense para la necropsia de ley. Idealmente, junto al cuerpo llegaría un cuadernillo con la síntesis de la carpeta de investigación y la descripción de sus pertenencias, pero no siempre se envía. Los espacios forenses practican la necropsia sólo si tienen suficiente personal y en caso de llevarla a cabo a veces omiten detalles. Los cuerpos o restos se resguardan durante un periodo, pero la Ley General de Salud —que fue escrita hace 40 años— dice que deben depositarse en la fosa común al tercer día. Y si en el trayecto hubo errores u omisiones, el rastro de los cuerpos se pierde y la familia, por más que busque no va a hallar a su desaparecido o desaparecida.
¿Quiénes son responsables de este problema estructural?
Hay quienes consideran que son aspectos disociados los registros de investigación criminal, la búsqueda con vida y sin vida y la atención a víctimas. Lo ponen en cajones diferentes cuando no debería ser así. Esta disociación conceptual es la que lleva a que muchas personas que están siendo buscadas como desaparecidas realmente se encuentren en las fosas comunes de los gobiernos. Las familias que insisten en los servicios forenses, a quienes les toca la suerte de tener un ministerio público o un policía de investigación con más iniciativa y con más compromiso, es probable que encuentren a su familiar antes de que sea enviado a una fosa común, pero esos son los menos.
Tú has dicho que de resolverse la crisis forense, se resolvería en buena parte la crisis de personas desaparecidas, ¿por qué?
La crisis de desaparecidos no se va a resolver de un día para otro, pero seis años serían suficientes para disminuir, en una medida muy importante, este fenómeno que atravesamos. En la Fiscalía de desaparición Forzada hay un pequeño grupo de personas que impulsó como una de las medidas de investigación criminal, el actualizar la información forense. Y hasta hace tres meses, cuando todavía faltaban 10 entidades federativas por enviar la información, ya llevábamos 80 mil personas. Entonces, si estamos buscando 115 mil y tenemos 80 mil metidas en las fosas comunes, más las que faltan de notificar, así a ojo de buen cubero te puedo decir que cuando menos hallaríamos a la mitad de esas 80 mil personas a las que están buscando.Hay miles de personas con nombre y apellido en las fosas comunes que no se quieren identificar porque eso implicaría la obligación de explorar la fosa completa. Necesitaría el Estado encabezar una búsqueda que sea generalizada masiva y decir voy a abrir a esta fosa, voy a sacar a todas las personas que están ahí, a todas las voy a “periciar” y a todas las voy a resguardar y entre ellas seguro voy a encontrar a estas tantas que tenían nombre y apellido.
Si esta premisa es verdad, ¿por qué el tema forense no ha recibido la atención que merece?
Yo diría que el tema de la crisis forense se ha intentado ocultar a todos los niveles, porque tiene un costo político altísimo y porque sabíamos que este sexenio era decisivo para quienes deseaban un proyecto político. A nadie le gusta esa papa caliente.
¿Qué piden las familias para avanzar en la identificación de personas?
Llevamos años planteando la necesidad urgente de construir un repositorio nacional. El objetivo sería que las instituciones responsables de tomar bajo su custodia los cuerpos sin vida –o las partes de un cuerpo humano– puedan depositar la información del mismo en un solo lugar, en donde las otras instituciones, que están buscando una persona de la que se ignora su paradero, puedan cruzar información de manera sistemática. Eso no existe a la fecha. A veces, no existe ni siquiera en la misma entidad federativa, mucho menos a nivel nacional, y sería clave para atender la crisis que atravesamos.
¿Qué se le puede exigir a la nueva administración federal?
Si queremos creer que esta nueva administración va a atender con humanismo y seriedad este terrible fenómeno de las desapariciones –que es peor que la muerte– tendremos que ver los primeros signos tangibles de voluntad mediante la asignación de recursos para la construcción de centros de resguardo temporal (de cuerpos sin vida y restos humanos). También queremos ver que a las autoridades estatales, cuando menos de la misma filiación política, se les exija la construcción de sus programas locales de exhumación. Serían dos pasos a corto plazo, dos acciones a las que podría comprometerse la virtual presidenta electa (Claudia Sheinbaum Pardo) desde este periodo de transición, sin ningún problema.
¿Sabías que? México enfrenta una crisis forense, con 80 mil personas en fosas comunes, y 115 mil reportadas como desaparecidas sin ser localizadas.
