La defensa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ha emprendido una lucha legal para tener acceso a un nuevo juicio, con el argumento de que hubo una ausencia de pruebas sustanciales presentadas por los fiscales de Estados Unidos en su contra.
A tres meses de la audiencia programada para su sentencia, el exsecretario se encuentra inmerso en un complejo entramado legal.
Su detención durante la pandemia de Covid-19 desató una serie de eventos que afectaron no solo a él, sino también a su familia. A sus parientes se les negó el acceso a sus propiedades en México, donde se desplegaron guardias de seguridad, y se emitieron órdenes de aprehensión contra personas cercanas a él.
Según un documento recientemente publicado en los registros judiciales, la defensa de García Luna sostiene que los fiscales estadounidenses llevaron a cabo una investigación superficial. Se argumenta que las acusaciones en su contra carecen de sustento probatorio sólido.
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Además, indicaron el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado en la menos 850 de sus conferencias matutinas; así como usar el mismo foro para arremeter contra su familia y cualquier individuo que haya optado por defenderlo, en sus discursos dirigidos a la nación mexicana.
En este contexto, varios políticos mexicanos habrían mostrado reticencia a presentarse como parte de la defensa del exsecretario de Seguridad, temiendo represalias contra ellos o sus familias en México.
La situación de la familia de García Luna ha sido descrita como una constante vivencia en el miedo, con casos como el arresto de su hermana por acusaciones relacionadas con las imputaciones en su contra en diciembre de 2023.
La moción presentada ante el juez César de Castro subraya que Estados Unidos no profundizó en las investigaciones realizadas al exfuncionario durante su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y posteriormente como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
También se alega que el gobierno estadounidense no ha mantenido conversaciones con miembros clave de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para demostrar la existencia de evidencia o investigaciones que vinculen a García Luna con actividades ilícitas. DJ
