Diversas organizaciones de juzgadores, empresariales y defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la reciente aprobación del dictamen de reforma a la Ley de Amparo.
El miércoles pasado las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República avalaron por mayoría de 24 votos el dictamen de la iniciativa del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal.
El dictamen que propone la modificación a los artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo pasará al Pleno del Senado para su discusión.
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Sin embargo, así como ocurrió en 2020, cuando fue presentada por primera vez por el senador morenista, la iniciativa ha generado una gran polémica de juristas, académicos y defensores de derechos humanos.
¿En qué consiste la reforma?
Ricardo Monreal señala que su iniciativa para reformar la Ley de Amparo busca “limitar la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales, dentro de los juicios de amparo que se interpongan contra leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los estados, otorguen suspensión provisional y definitiva con efectos generales”.
El legislador sostiene que, contrario a lo que diversos juzgadores y organizaciones han señalado como una iniciativa que va en contra de la Constitución al vulnerar el derecho de todas las personas a defenderse de los actos de la autoridad, subraya que lo que en realidad se pretende es que jueces y magistrados no se extralimiten ni invadan funciones y facultades.
“Lo único que se está haciendo es cumplir con la Constitución, cumplir con la tradición del principio de relatividad, porque ellos (los juzgadores) no pueden invadir nuestras facultades ni funciones (…) El Poder Judicial está invadiendo facultades del Legislativo”, subrayó Monreal.
¿Reforma inconstitucional?
Tras la aprobación en comisiones de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que busca de manera generalizad limitar facultades de los juzgadores federales, diversos sectores sociales se pronunciaron en contra de su eventual aprobación en el Pleno.
“Resulta agresivo y contrario al derecho a la justicia de las personas, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad: el objetivo de esta reforma es privar a la ciudadanía, organizaciones, comunidades, víctimas e incluso a otras autoridades que funjan como contrapesos democráticos de la posibilidad de defender derechos humanos ante la impunidad, violencia y autoritarismo estatal”, advirtieron más de 200 organizaciones y ciudadanos convocadas por la organización México Unido contra la Delincuencia.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su preocupación al sostener que el hecho de limitar la concesión de suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Congreso vulnera el derecho al acceso a la justicia y a la no discriminación.
De aprobarse dicha reforma se “afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo mandata nuestra Constitución en su artículo primero, el principio de progresividad de los Derechos Humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir”, apuntó la asociación.
En ese sentido, la Academia Mexicana de Ciencias Penales expresó su “más enérgico rechazo a la iniciativa” al prever que su aprobación “se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo y se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos”.
De igual forma la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra de la iniciativa al señalar que con dicha reforma lo que pretende el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de Morena y aliados en el Congreso es “blindar” las eventuales reformas de impugnaciones por parte de la oposición y así evitar sean suspendidas.
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