Como parte de su estrategia para limitar todas las organizaciones que no están alineadas con su gobierno, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló la personalidad jurídica de mil 500 organizaciones sin fines de lucro (ONGs), con lo que quedan inhabilitadas para operar en el país.
La mayor parte de las ONGs eran asociaciones religiosas dedicadas a la educación, salud, desarrollo, derechos humanos y gobernabilidad, entre otros rubros.
Como argumento, el gobierno nicaragüense aseguró que las organizaciones no habían cumplido con sus obligaciones legales de informar sobre sus finanzas.
De acuerdo con el acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, “el destino de los bienes muebles e inmuebles serán traspasados al Estado de Nicaragua”, lo que representa una confiscación de facto.
Recientemente, un informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, detalló que el gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, utiliza un marco jurídico represivo para perseguir a las comunidades religiosas, especialmente católicas y protestantes. Las herramientas más comunes son las detenciones, encarcelamientos y confiscación de bienes.
El mismo informe señala que Ortega ha ejercido acciones cada vez más represivas contra las comunidades protestantes. Miembros de las iglesias han dado testimonio de amenazas y la prohibición de sus servicios, y en el caso de quienes aún operan, son fuertemente vigilados.
Al respecto, Félix Navarrete, abogado nicaragüense y activista de la Iglesia católica, dijo a medios de comunicación: “uno de los mayores temores del gobierno es que a través de los líderes religiosos, el pueblo de Nicaragua pueda tener un cambio”.
Por su parte, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) informó que el valor de 41 de las propiedades confiscadas a ONGs es aproximadamente de casi 8.5 millones de dólares.
Tras la eliminación de las organizaciones, la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación, y dijo que “el grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”.
Desde el inicio de su gobierno, en 2007, Daniel Ortega ha eliminado cinco mil 163 organizaciones no gubernamentales.
BM