Un día antes de las elecciones del 6 de junio, miembros de la delincuencia organizada secuestraron a al menos nueve operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, lo que impidió que este partido movilizara su estructura para jalar el voto hacia su candidato, Mario Zamora Gastélum.
Dos semanas después de la elección en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya, con el 56.6% de los votos, Mario Zamora aseguró que fueron alrededor de 30 los operadores y aliados del partido que fueron secuestrados durante toda la campaña.
“Nunca hubo solicitud de dinero, la solicitud era que no fueran a promover el voto por el candidato de la alianza; la gente no quiere denunciar, no quiere comentar, tienen miedo; en Sinaloa, lo digo con la voz completa, ganó el miedo”, aseguró Gastélum en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.
Estas y otras acciones de intimidación contra candidatos y militantes de los partidos que conformaban la alianza PRI-PAN-PRD fueron denunciadas ante los órganos electorales correspondientes y ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde Washington, en reunión con Luis Almagro, secretario general del organismo, los dirigentes partidistas acusaron que el narco influyó en el triunfo del actual gobernador, y advirtieron que el gobierno mexicano usaba de “manera facciosa” a la Fiscalía General de la República para “perseguir a todos los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza para la continuidad de su proyecto”.
El documento presentado por los dirigentes del entonces Frente Amplio por México señala que en Sinaloa se logró acreditar el secuestro de un centenar de personas, entre familiares y colaboradores de los candidatos, así como el robo de urnas y la falta de apertura de unas 55 casillas por amenazas de los grupos criminales.
En el contexto de la polémica relacionada con la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo, el pasado 25 de julio en Estados Unidos, recobró relevancia la declaración que en agosto de 2021 asegura haber obtenido el periodista Salvador García Soto, del entonces gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la que reconoció que llegó al cargo con ayuda del narco.
“Pues, mira, Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, dijo Rocha a García Soto, según aseguró éste en días pasados en su columna Serpientes y Escaleras, de El Universal.
Estas sombras hasta la fecha no aclaradas sobre la probable intromisión del crimen organizado, y particularmente del Cártel de Sinaloa en los comicios del 2021 volvieron a surgir a raíz de la carta de Ismael El Mayo Zambada García que se dio a conocer la semana pasada. En su declaración, Zambada García aseveró que fue secuestrado y llevado por la fuerza a Estados Unidos, bajo una operación coordinada por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.
La declaración que hizo pública Frank Pérez, abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, señala que el 25 de julio, cuando fue detenido o entregado a las autoridades estadounidenses, el capo fue convocado a una reunión en Culiacán para “ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos”: el gobernador Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo del PRI. En su misiva, Zambada García refuta la versión de la Fiscalía, respecto a que el asesinato de Héctor Melesio Cuén ocurrió en un intento de asalto en una gasolinera.
“Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, refiere el histórico narcotraficante, al lamentar la muerte del líder fundador del Partido Sinaloense (PAS), a quien se refirió como su “amigo”.
De igual manera, aseguró que dos de sus escoltas, José Rosario Heras López, mando activo de la Policía de Investigación de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, exagente de la entonces procuraduría estatal, desaparecieron ese día.
Tras los señalamientos que involucran la posible relación del capo con autoridades, funcionarios y familiares de actores políticos, como es el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, las aclaraciones no han sido suficientes.
No obstante, el mismo día en que se reveló la carta de El Mayo y su posible vinculación con el gobernador morenista, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa, un respaldo público al que se sumaron los mandatarios de Morena, mediante un desplegado.
“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya”, dijo el presidente, al encabezar la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar en Culiacán, el sábado 10 de agosto.
Inconsistencias
Aunque la Fiscalía de Justicia de Sinaloa se apresuró a decir que el móvil del asesinato de Héctor Melesio Cuén fue el intento de robo de su automóvil, la FGR atrajo el caso y puso en evidencia una serie de irregularidades por parte del organismo estatal.
De los primeros informes de la FGR se desprende que pudo haber un montaje en la escena del crimen, aunado a inconsistencias en la necropsia y al hecho de que las mismas autoridades permitieron la incineración del cuerpo, contraviniendo el estándar de las prácticas criminalísticas en materia de homicidios. Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense no ha entregado la información que la FGR solicitó respecto al vuelo en el que aquel 25 de julio arribaron a territorio estadounidense Zambada García y López Guzmán.
Un hecho que ha profundizado las lagunas en torno a la vinculación entre la clase política y la delincuencia en Sinaloa fueron las rencillas que mantenía el exrector de la UAS con el gobernador, las que el primero hizo evidentes cinco días antes de ser asesinado, cuando reveló que la campaña de Rocha Moya fue financiada por el crimen organizado.
Investigación en EU
Los hechos reavivaron la indagatoria que en Estados Unidos sigue activa sobre el probable financiamiento ilegal de campañas electorales de Morena, como en marzo pasado reveló María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, militante del guinda y exsubdelegada de Programas del Bienestar en Sinaloa, al periodista Héctor de Mauleón.
Según la denuncia, los gobernadores morenistas Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, de Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente, habrían formado parte de una trama de corrupción que involucró el financiamiento ilícito de la delincuencia organizada y el desvío de recursos públicos de las tarjetas del Bienestar para campañas electorales en ambos estados.