El costo de la corrupción al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, o por tener contacto con autoridades ascendió a 11 mil 910.6 millones de pesos el año pasado, lo que implicó un aumento del 42.5% en comparación con 2021.
Por persona afectada el costo promedio de esa corrupción alcanzó los 3 mil 368 pesos, un aumento de más del 25% en comparación con los 2 mil 681 pesos de 2021.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 611 millones de pesos, equivalentes al 5% del costo total de la corrupción, se trataron de pagos por trámites vehiculares.
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Alrededor de 147 millones de pesos se derivaron de la corrupción en los pagos de tenencia o impuesto vehicular, y 77.6 millones se fueron en trámites en el registro civil.
Un total de 10 entidades rebasaron el costo promedio nacional por actos de corrupción. La ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas y Guerrero encabezaron la lista con un costo promedio de entre los 4 mil 883 a los 6 mil 471 pesos.
Por debajo se ubicaron Durango, Quintana Roo, Estado de México, Veracruz y Jalisco en donde el importe osciló entre los 3 mil 322 y los 4 mil 882 pesos por persona afectada.
Sin embargo, en cuanto a percepción de inseguridad fue en 13 entidades donde se superó la media nacional, encabezadas por Chiapas, Michoacán, CDMX, Puebla, Guerrero, Morelos y Oaxaca con percepción del 87.1 al 88.3 por ciento.
En contraste las entidades con la menor percepción de corrupción fueron Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes.
Seguridad corrompida
A nivel nacional, la cantidad de personas que experimentó al menos un acto de corrupción al contactar con alguna persona servidora pública tuvo una tasa de 13 mil 966 por cada 100 mil habitantes.
Chihuahua, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca fueron las entidades que el año pasado alcanzaron las mayores tasas de víctimas de víctimas de corrupción.
El 59.4% de las personas encuestadas señalaron que el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite en el que más experimentaron algún acto de corrupción.
Por debajo se ubicaron los trámites para abrir una empresa (27.5%); permisos relacionados con la propiedad (23.5%); la solicitud de la carta de no antecedentes penales, de diversas licencias, trámites ante el INE, de CURP, entre otros, implicaron el 21.2%, y el mismo porcentaje abarcó los trámites ante el ministerio público o las fiscalías estatales.
A nivel nacional, los hombres fueron los que estadísticamente por encima de las mujeres reflejaron la mayor prevalencia en cuanto a creer o haber escuchado que hubo corrupción en los trámites que realizó, los que en mayor medida señalaron que conocidos fueron víctimas de algún acto de corrupción, y también mantuvieron la tasa más alta de corrupción al realizar algún trámite personal. JND
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