“Corremos grave riesgo”: Miranda de Wallace, tras arraigo domiciliario a Brenda Quevedo
La presidenta de Alto al Secuestro asegura que agotará “todos los recursos” para que la implicada en el secuestro y asesinato de su hijo regrese a prisión.
La presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace aseguró que el cambio de medida cautelar de Brenda Quevedo Cruz, implicada en el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto en 2005, implica un “grave riesgo” para ella y su familia.
La activista señaló que el arraigo domiciliario que ayer determinó un juez de distrito en favor de Brenda Quevedo, tras más de 15 años en prisión, es una “ventaja indebida” que además la pone en riesgo, pues aseguró que ha recibido amenazas.
“Ayer el propio juez se dio cuenta de dos grabaciones que recibí en la que a mí me anunciaron que iba a salir Brenda con la medida cautelar, ¿quién me amenazó y quién habló?, pues por supuesto gente de la propia Brenda y el juez así lo dejo entrever por eso sufro amenazas y he sufrido amenazas constantemente”, señaló la activista en entrevista para Manuel Feregrino en Fórmula Noticias.
Miranda de Wallace sostuvo que el juez de la causa Alfredo Silva Juárez se “excedió” en su resolución, pues él mismo señaló que en el caso de Brenda Quevedo “hay un alto riesgo de fuga” y “un alto riesgo de ataque hacia la víctima y su familia”.
“Vamos a agotar todos los recursos y una de las cosas es que queremos que lo revise (el caso) otro magistrado para que Brenda regrese a la cárcel. Y estamos seguros de que Brenda es culpable del delito que cometió en agravio de mi hijo, de su secuestro y de tu muerte”, reiteró la activista.
La mano del ministro
Isabel Miranda de Wallace insistió en la “gran injerencia” que mantiene el ministro en retiro Arturo Zaldívar, pues aseguró que fue él quien nombró al magistrado Jorge Vázquez Aguilera, quien ayer avaló el cambio de medida cautelar, tras ser designado en el juzgado donde se resolverá todo lo relacionado al caso de su hijo.
“Lo indignante de verdad es que él (Zaldívar) que dice ser juzgador y que dice ser ético no se pone a pensar en el daño que causa no a mí, que tiene un problema prácticamente conmigo y lo ha dejado de manifiesto, sino con niños, familias, porque en mi familia tengo niños, tengo nietos, mi hija, o sea nos pone en riesgo”.
En el mismo espacio radiofónico el expresidente de la Suprema Corte de Justicia rechazó los señalamientos de Wallace y aseguró no conocía del asunto, ni de iniguno otro que esté en el Poder Judicial federal. “Ojalá el asunto se resuelva bien y ojalá la señora Wallace enfoque sus baterías en otro asunto”, señaló Zaldívar.
Medida excesiva
Ayer, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) confirmó en un comunicado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva de Brenda Quevedo Cruz a quien se le impuso arraigo domiciliario con vigilancia de la policía federal ministerial, el uso del localizador electrónico, y la prohibición de salir sin autorización judicial de la zona conurbada de la Ciudad de México, y la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima indirecta.
El instituto reiteró que Brenda Quevedo, quien a decir de Wallace tuvo la “mayor participación” en el crimen contra su hijo, fue detenida en noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009, acusada de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro.
El IFDP señaló que la medida cautelar que por más de 15 años mantuvo privada de su libertad y sin sentencia a Brenda Quevedo, cuyo caso está en “etapa de fondo” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ser reconocida como “sobreviviente de actos de tortura sexual”, no es razonable y resulta excesiva.
“En el caso no procede prolongar la prisión preventiva pues dicha medida actualmente no es proporcional ni adecuada toda vez que no existe una necesidad actual y real para que la misma continúe razón por la cual se estableció que procede el cese de la prisión preventiva decretada debiéndose imponer una medida cautelar diversa”, sostuvo el instituto.