CFE esconde información en auditorías públicas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha publicado al menos cuatro auditorías internas testadas por completo en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que podría constituir una irregularidad, de acuerdo con el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá Méndez.

Todas las instituciones públicas que reciben recursos públicos tienen la obligación de publicar las auditorías que les practiquen en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); pero, desde 2023, la CFE ha presentado documentos tachados al argumentar que su exposición es susceptible del secreto comercial.

Así lo ha hecho con las auditorías internas COA-025/2023, SSB-001/2024, COA-011/2024 y COA-003/2024 publicadas como parte de una de sus obligaciones de transparencia.

En entrevista con ejecentral, el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez, destacó que esta práctica podría constituir una violación a las leyes de transparencia, pues hay reglas para reservar la información.

Refirió que los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas precisan que los documentos reservados deben incluir el análisis de la prueba de daño y una justificación.

Cuando se le preguntó si, aunque la auditoría esté completamente testada, la CFE debería proporcionar un resumen de su contenido, Alcalá Méndez respondió que es necesario explicar de qué trata la auditoría en función de los lineamientos, pues “no se vale únicamente testar por testar, sino que se tienen que establecer indicios de qué es lo que se establece ahí.”

Ante la posibilidad de que exista una violación a las reglas de transparencia, explicó que sería necesario revisar el acta del Comité de Transparencia de la CFE, pero destacó que esta situación puede ser denunciada en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde “hay un capítulo de denuncia, ahí se establecen los comentarios y nosotros en el Inai revisamos y analizamos esta situación”, añadió.

El comisionado presidente expuso que si se violan los preceptos de transparencia, tanto por la CFE o por alguna otra institución que presente información pública testada sin fundamento, el Inai está obligado a revisar los casos, y si confirma que hay una violación a los preceptos en materia de transparencia, se puede dar vista al Órgano Interno de Control de la institución de la que se trate, para que se sancione al servidor público responsable de publicar la información.

“El hecho de que esté así en un archivo físico no significa que así se tenga que subir a la plataforma, es decir, hay un responsable de cargar la información y es el responsable de verificar que se cumpla con todos los pasos y todos los procedimientos que establece en los lineamientos generales”, enfatizó Alcalá Méndez.

Destacó que cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a la ley en la plataforma y puede ser de forma anónima, y agregó: “Desde la creación de esta figura, en el año 2016, es muy común que recibamos este tipo de denuncias (por incumplimiento de obligaciones de transparencia). Aproximadamente estamos resolviendo 10 semanales y vamos arriba de las 310 denuncias en lo que va del año”.

Respecto a si la ciudadanía está ejerciendo este derecho para exigir transparencia a las instituciones, Alcalá Méndez comentó: “Es una contraloría social que nos ayuda a tener información completa, accesible en la plataforma (…) Y en julio se terminó el mes de carga de obligaciones, es muy importante su cumplimienro, porque da cuenta del ejercicio de facultades y de competencias de los servidores públicos, pero, además, legitima el actuar de una instancia pública”.

Además, Alcalá Méndez añadió que en casos donde se deba reservar información para proteger secretos comerciales, secretos fiduciarios, datos confidenciales de terceros o cuando esté involucrada en un procedimiento administrativo, es necesario justificar de manera detallada y razonada por qué la protección de esta información es prioritaria sobre el derecho a su acceso público.

Las auditorías internas que sí ha publicado la CFE dan cuenta de fallas en la empresa productiva del Estado como pago en exceso a proveedores, omisiones en las cláusulas de contratos públicos, debilidades en el control interno, débil control de personal que no garantiza una jornada laboral completa e incumplimiento de lineamientos en materia de austeridad presupuestaria.

Una de las auditorías internas publicadas recientemente es la número GVI-003-2024, practicada a la empresa productiva subsidiaria de la CFE Generación VI. Se identificó el “pago en exceso de concepto de obra en el mantenimiento menor de la unidad número 5 de Área Civil de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos”.

Arrastra hoyo financiero

Mientras tanto, de 2019 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha practicado 82 auditorías a la CFE y sus subsidiarias en las que identificó cinco mil 509 millones de pesos que presuntamente se han utilizado de forma irregular, de los cuales sólo se han justificado 42.8 millones de pesos.

Esas auditorías de la ASF deberían estar cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia para consulta pública, pero en una revisión que hizo este medio sólo se contabilizaron 10. La PNT, que está a cargo del Inai, es la única fuente digital en la que se presentan las auditorías de los sujetos obligados, es decir, las instituciones, partidos y sindicatos que reciben recursos públicos.

La revisión de las denuncias que se hagan en esta herramienta por presuntas faltas o violaciones a la ley por parte de las instituciones públicas es una de las facultades que tiene el Inai, instituto que podría desaparecer por una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen para eliminar siete organismos autónomos fue heredado a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y se prevé que se analice en la Cámara de Diputados en este mes de septiembre.

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene la obligación constitucional de ofrecer y operar la Plataforma Digital Nacional (PDN), “un instrumento de inteligencia cuyo objetivo es eliminar las barreras de información para que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables a efecto de combatir cualquier acto de corrupción”.

Sin embargo, en la PDN no se incluyen las auditorías, sólo un sistema de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos, además de otros cinco sistemas: de contrataciones de funcionarios, sanciones, fiscalización, denuncias y contratos públicos.