Buscan ONG tirar ley antinmigrante de Oklahoma 

6 de Septiembre de 2024

Buscan ONG tirar ley antinmigrante de Oklahoma

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La Ley HB4156, que entró en vigor el pasado 1 de julio, permite detener a cualquier persona ante la sospecha de no tener documentos; la esperanza de activistas es que la Corte de EU la inhabilite

El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley HB4156 en Oklahoma, la cual crea un nuevo delito denominado unlawful occupation, es decir, ocupación ilegal u ocupación inadmisible, con la que se busca perseguir y detener, ante el mínimo indicio y sin restricciones, a cualquier persona indocumentada.

Se trata de una legislación antinmigrante bajo una línea muy similar a la Ley SB4 en Texas, la cual sancionaba el ingreso ilegal de personas como un delito estatal, pero fue suspendida indefinidamente por la Corte Suprema de Estados Unidos al considerar que la legislación rebasaba la política migratoria del Gobierno federal.

A la espera de que la Corte estadounidense se pronuncie y eventualmente congele la ley aprobada en Oklahoma ante la serie de demandas que han promovido despachos y organizaciones defensoras de derechos civiles, especialistas advierten sobre los riesgos que implica la proliferación de este tipo de legislaciones en más estados del vecino del norte.

Y es que, a diferencia de la SB4, que plantea que un inmigrante al ser detenido puede ser castigado con dos años de cárcel, y que al tratarse de una “segunda ofensa” la sanción puede alcanzar hasta 20 años de prisión y deportación, en la ley de Oklahoma se omite la expulsión, lo cual es facultad de las leyes federales, por lo que se prevé que pueda llegar más lejos que la legislación texana.

En entrevista con ejecentral, el abogado Héctor Quiroga señaló que la ley de Oklahoma abre la puerta para que ante cualquier “duda razonable” la autoridad busque excusas, como el acento o el color de piel de las personas, o incluso si las placas del auto en el que circula están sucias o las llantas bajas, para detenerlas o hasta acudir directamente a su domicilio para pedir sus documentos.

“Lo que estamos esperando es que la Corte Suprema se pronuncie; de todas formas, es un problema federal, si la persona tiene o no documentos el que entrega los documentos es el área federal no es el gobierno estatal y el estado no tiene jurisdicción sobre eso”, afirmó el abogado especializado en temas de migración.

Un problema que se multiplica

En ese sentido el cofundador del bufete de abogados Quiroga Law Office, PLLC, “una firma de inmigrantes para inmigrantes”, apuntó que, ante el aumento de este tipo de legislaciones en estados republicanos como Georgia, Florida, Arizona, Idaho y Montana, surge el cuestionamiento sobre la vulneración de las leyes estatales a los tratados bilaterales e internacionales.

“Nosotros tenemos acuerdos federales, o sea, quién va a deportar a quién, tenemos acuerdos respecto a los asilados, tenemos acuerdos con Estados Unidos, si ahora todo se va a volver una situación de cada estado, ¡Imagínate! Hay que tener un acuerdo con Texas, un acuerdo con Arizona, con California, otro con Oklahoma, y es precisamente por eso que la ley federal es la que lo debe hacer”, expresó.

Precisamente, entre las determinaciones que tomó la Corte Suprema respecto a la suspensión de la SB4, está el cuestionamiento de que, si los estados van a legislar sobre migración, también se encargarían de regular cuestiones como el comercio marítimo, los sistemas de salud o los aeropuertos, que son áreas federales.

“La Corte dejó ver que, si abrimos esa puerta, pues prácticamente estamos abriendo la puerta de una jurisdicción completamente diferente, y no se sintió muy confortable con eso”, refirió Quiroga.

Respecto a los impactos directos o indirectos que esta ley podría generar a la “considerable comunidad de migrantes”, tomando en cuenta que en el caso de Oklahoma se estima que alrededor del 5% de sus residentes nació en otro país, el abogado de origen colombiano advirtió que, aún con sus diferencias, podrían presentarse escenarios como en el caso de la SB4, que fue inhabilitada en Texas.

Precisó que en este estado “se alcanzó un número importante de reportes de personas que se están yendo de las comunidades precisamente porque les da miedo”.

Falta diplomacia local

Una estrategia para que el Estado mexicano atienda los asuntos migratorios a nivel de gobiernos subnacionales (estados), y que combata las actitudes antinmigrantes y antimexicanas en Estados Unidos, recae en que nuestro país recupere su “capacidad y estrategia de diplomacia multinivel”, mencionó Jorge Alberto Schiavon Uriegas, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, durante su participación en la mesa de análisis sobre la relación México-Estados Unidos de cara al proceso electoral de 2024, del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos (FCPyS-ORBEM-UNAM).

A pregunta expresa de este semanario, el académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana destacó que “México ha aprendido justamente a administrar la relación bilateral (con Estados Unidos) a través de la diplomacia multinivel para reducir dramáticamente esta asimetría de poder y lograr contener” este tipo de asuntos.

El internacionalista explicó que son cinco aspectos fundamentales los que conforman dicha estrategia: la diplomacia ejecutiva, sobre el trabajo con los jefes del Ejecutivo estadounidense; la diplomacia administrativa, la cual, dijo, “se ha debilitado” y requiere de “la deconstrucción administrativa de las secretarías de Estado y su atención en la agenda bilateral”.

Además, la diplomacia parlamentaria con el Ejecutivo y el Congreso, pero también el cabildeo a nivel de sus constituciones locales y la diplomacia local o la paradiplomacia, respecto a la relevancia de la relación de México con los gobiernos subnacionales, particularmente en estados como Texas y California, “que finalmente representan prácticamente el 60-70% de la relación bilateral con Estados Unidos”.

El especialista se refirió también a la “diplomacia de diáspora”, en donde México no ha hecho lo suficiente por los intereses ni por fortalecer las capacidades y su inserción en el sistema económico político y social de Estados Unidos de los 40 millones de personas de origen mexicano que viven en ese país.

“Ahí México tiene que entender mejor a su comunidad de connacionales, para no sólo ofrecerles los mejores servicios de documentación y protección, pero estamos rebasados justamente por las necesidades de nuestra comunidad. Hay que invertir en generar una mucho mayor comunicación, cooperación, entendimiento y alianza con nuestros mexicanos en Estados Unidos”, señaló Schiavon Uriegas.