Alerta SFP: programa de Bienestar para discapacitados afectaría prevención de la corrupción

La Secretaría de la Función Pública (SFP) alertó que el programa de Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente tiene deficiencias que podrían afectar las metas y la prevención de actos de corrupción.

La auditoría que la SFP entregó en diciembre de 2023 a la Secretaría de Bienestar, cuya copia tiene ejecentral, destaca que las deficiencias son por la falta de implementación y actualización de elementos de control interno.

Este programa a cargo de la Secretaría del Bienestar entrega apoyos monetarios bimestrales a personas con alguna discapacidad permanente que habitan en localidades con alto o muy alto grado de marginación.

Sin embargo, la SFP, una dependencia de combate a la corrupción en el gobierno federal, advierte fallas que van desde la falta de definición de actividades y mecanismos de operación y supervisión hasta el impedimento para dar respuesta y calidad del servicio a los derechohabientes.

“(Hay) falta de definición en las actividades y la alineación de atribuciones con los procesos de las áreas participantes y los comités relacionados con la operación del programa, lo cual podría provocar una ejecución inadecuada de los recursos”, precisa el documento.

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“Los procesos de validación de solicitudes de incorporación, entrega de medios de cobro y dispersión de los recursos, y la entrega del apoyo en especie, carecen de una metodología, instrumentos y mecanismos de operación, supervisión y seguimiento. Esto dificulta que el personal conozca los procesos, los avances y resultados, lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa”, agrega.

A estas observaciones se suma la falta de información transparente y confiable sobre el avance de los objetivos y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Los mecanismos establecidos para el otorgamiento de apoyo en especie y apoyo económico no son suficientes para garantizar que la información generada del programa cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables”, concluye.

La Secretaría de la Función Pública revisó el programa entre el 1 de enero al 30 de junio de 2023 y entregó los resultados en diciembre pasado.

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