Advierten “errores” y “graves deficiencias” en protección a periodistas

Una investigación de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pone en evidencia los “muchos errores y deficiencias graves” que hay en el desempeño y las capacidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Según el informe “Nadie Garantiza Mi Seguridad. La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas”, desde su creación en 2012 a la fecha, las deficiencias que persisten en el Mecanismo dejan a muchas personas periodistas “sin protección ante graves peligros”.

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Considerando que México se mantiene como el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental, el hecho de que al menos ocho periodistas hayan sido asesinados, aun estando bajo su protección, es parte de las muchas áreas de oportunidad detectadas en el Mecanismo.

A través de solicitudes de información a las instituciones involucradas en el Mecanismo, entrevistas a periodistas inscritos al Mecanismo y colegas de periodistas asesinados en Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala; y las respuestas de 28 periodistas, 18 de hombres y 10 de mujeres, adscritos al mecanismo, se pudieron identificar los siguientes desafíos.

Deficiente o nula protección

De las 943 solicitudes de protección de periodistas y personal de los medios de comunicación recibidas entre octubre de 2012 y noviembre de 2023, 762 fueron aprobadas y 181 rechazadas.

Según el informe, se trata de una tendencia que ha ido al alza, pues de una solicitud rechaza en 2020, la cifra aumentó a 14 en 2021, sumaron 49 en 2022 y hasta noviembre de 2023 implicó un incremento de más de 4 mil por ciento con las 49 peticiones rechazadas a esa fecha.

Hasta noviembre pasado había periodistas inscritos en el Mecanismo en todo el país. Sin embargo, casi el 40% de los beneficiarios hasta esa fecha vivían en la ciudad de México (91), seguida por los estados de Guerrero (73), Quintana Roo (53), Tamaulipas (52) y Oaxaca (31).

Se identificó que, pese al incremento de la violencia contra los periodistas, las medidas de protección más habituales del Mecanismo resultan los botones de pánico (en 2 mil 584 casos), darles números de teléfono para contactar en caso de emergencia (2 mil 259).

Patrullas de policía a las afueras de sus casas o lugares de trabajo, en mil 055, y la asignación de escoltas a periodistas se destinó en sólo 337 de los casos.

Disparidad de cifras

Al señalar que el Mecanismo es una herramienta “reactiva” destinada a proteger a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que ya han sufrido amenazas o ataques.

Pero “no lleva a cabo trabajo preventivo”, la investigación pone en evidencia la disparidad de las cifras en el número de periodistas asesinados y aquellos que son considerados en un nivel de riesgo.

De 2012 a 2023, sin considerar las cifras de las fiscalías estatales, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR contabiliza 86 asesinatos de periodistas, en 30 de los cuales se consideró que había relación con su labor.

Sin embargo, de 2012 a octubre de 2022, la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 166 asesinatos de periodistas, sin especificar cuántos de ellos estaban vinculados a la labor periodística de las víctimas.

En tanto el CPJ tiene registro de 88 periodistas y personal de medios de comunicación asesinados desde 2012, en 37 de estos casos se dio por vínculo con su labor y las entidades más mortíferas son Veracruz (con 21 asesinatos), Guerrero (10), Oaxaca (9) y Sonora (7).

Persiste impunidad

El informe de AI y el CPJ concluye que “la impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo”.

En ese sentido se advierte que en el 43% de los 834 ataques contra periodistas registrados entre octubre de 2012 a noviembre del año pasado 2023, se identificaron a funcionarios públicos como los agresores, y en el 33% (356 ataques) se trataron de actores no estatales, incluidos, entre otros, grupos de la delincuencia organizada.

De 2012 a 2023 la FEADLE obtuvo 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años de prisión, sólo ocho fueron condenas por asesinatos de periodistas en este periodo.

Ni tampoco fue posible identificar si algún de los funcionarios responsables de garantizar la protección en los al menos ocho casos de periodistas asesinados, adscritos al Mecanismo habría recibido algún tipo de sanción.

Más protección, menos estigmatización

Entre la serie de recomendaciones que hacen Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas para el Mecanismo, la FGR y su fiscalía especializada, así como a las Segob, destaca el llamado al presidente de la República para “abstenerse de usar lenguaje estigmatizador o deslegitimador contra periodistas”.

Y es que, ante las constantes descalificaciones del mandatario en contra de los periodistas y los medios de comunicación, en el informe se le exhorta a “condenar públicamente” las agresiones contra periodistas, pero también a garantizar la continuidad del Mecanismo y asegurarse de que reciba los recursos económicos y humanos suficientes para implementar todas las recomendaciones.

En tanto al Congreso se le sugiere el considerar la posibilidad de reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal a fin de ampliar las funciones, alcance, autonomía y autoridad del Mecanismo, para incluir el apoyo social para periodistas e incorporar los mecanismos de protección estatales a sus actividades. JND

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