Las consecuencias de la aprobación de la reforma judicial son más de las que hasta hoy se tenían contempladas. Una que se había mencionado, pero no contabilizado, es la inevitable necesidad de aumentar, de manera muy importante, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año, si es que se pretende aterrizar la reforma con la misma velocidad con la que se aprobó. No se trata de un asunto menor, pues elegir jueces, magistrados y ministros implica organizar una elección tan grande y compleja, o más, que la elección constitucional del pasado 2 de junio. El costo del ejercicio arroja cifras que de forma inevitable, chocarán con el discurso de austeridad republicana. Eso, naturalmente, tiene muy preocupada a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pero también debería tener, por lo menos nervioso, al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Se habla de un gasto que tranquilamente puede alcanzar los cinco mil millones de pesos adicionales al presupuesto operativo del órgano electoral, solo para 2025. ¿Habrá dinero para eso? Es la pregunta que muchos dentro y fuera del gobierno, se hacen ahora que prácticamente hay reforma.