Aplaudido por unos y criticado por otros, el plan de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha hecho posible la detención de 104 mil personas en un lapso de dos años, según datos de la organización internacional no gubernamental Human Rights Watch. Desde su implementación, en marzo de 2022, el Plan Control Territorial ha sido señalado por esta y otras organizaciones por vulnerar los derechos humanos de los sospechosos de cometer delitos, acusaciones que han sido desestimadas por el propio Bukele.
A poco más de dos años de su puesta en marcha, el gobierno salvadoreño ya presume de algunos resultados, entre los que se incluye la disminución de los índices de violencia, la captura de 61 mil 500 pandilleros, el récord de 277 días con cero homicidios y la eliminación del estigma como el país más violento del mundo.
Pero más allá de estos logros –que han generado un cambio de percepción en la propia población salvadoreña, la cual ahora ve con buenos ojos el Plan Control Territorial–, la realidad es que al menos 26 mil inocentes han sido privados de su libertad y, dentro de las prisiones, al menos 241 internos han muerto por las duras condiciones carcelarias.
Este régimen de excepción también ha sido objeto de señalamientos por supuestamente utilizar criterios raciales para llevar a cabo los arrestos. Y, a las acusaciones de que se detiene a cualquier persona “sospechosa” de ser delincuente, se suman informes sobre el establecimiento de “cuotas”, en las que los cuerpos policiales deben cumplir con un número establecido de detenciones, lo que originó una mayor captura de civiles inocentes y, en ocasiones, incluso de extranjeros.
Tal es el caso de Bayron Andrés Rodríguez, Mahyk Deivy Aldana y Juan Esteban Eusse, tres ciudadanos de origen colombiano que han permanecido más de un año en una de las prisiones de máxima seguridad habilitades por el gobierno de Bukele, sin que existan pruebas contundentes de su culpabilidad.
Incluso ya hubo un pronunciamiento por parte de un juez para que se libere a los señalados, una orden que no se ha cumplido. Lejos de preocuparse por los señalamientos internacionales, Bukele ha redoblado la apuesta y, aunado a la extensión del estado de excepción, anunció en días pasados la implementación del Plan Cero Ocio, con el que busca la posible reinserción social de los presos que hayan cumplido su condena.
El objetivo, según lo expresado por el gobierno salvadoreño, consiste en que los reos “ganen” su lugar de vuelta en la sociedad. Esto se puede lograr a través de tareas como la “limpieza de playas, reparación de centros educativos y su mobiliario, hospitales de la red pública de salud, infraestructuras policiales, viviendas para familias de escasos recursos y otras acciones en beneficio de la comunidad”.
El acceso, sin embargo, está limitado para presos que cumplan con condiciones específicas, por lo que actualmente sólo dos mil reclusos están inscritos al programa.
Buscan replicar el modelo
Recientemente, dos países mostraron su interés en replicar el Plan Control Territorial en sus respectivos territorios. El primero de ellos es Argentina; el pasado 16 de junio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de este país, visitó El Salvador, con el objetivo de conocer las estrategias del presidente Bukele.
En su visita, Bullrich fue invitada a hacer un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también denominado la “cárcel de máxima seguridad más grande de América”, que puede albergar a 40 mil reos.
En su visita a El Salvador, la funcionaria celebró sendos encuentros con César Flores Murillo, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y con el propio Nayib Bukele, en los que además de estudiar las bases del sistema carcelario para implementarlas en su país, firmó un acuerdo de cooperación en seguridad entre ambas naciones, que se basa en gran medida en intercambio de información.
“La ministra está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras”, informó el gobierno salvadoreño a través de un comunicado.
Sólo cinco días después de la visita de Bullrich al Cecot, el gobierno de Ecuador anunció que ya comenzó con la construcción de una cárcel de máxima seguridad en este país, bajo el mismo modelo de El Salvador.
El complejo, de 16.2 hectáreas, funcionará gracias a una inversión de 52 millones de dólares y se espera que aloje a 800 reos de alta peligrosidad, según lo informado por las autoridades ecuatorianas, las cuales también aseguraron que el nuevo centro penitenciario será construido en 300 días.
“Gracias a su despliegue tecnológico de vanguardia, que incluye sistemas de videovigilancia enlazados a software de Inteligencia Artificial, este centro no sólo será el primero en su tipo en el país, sino que también establecerá nuevos estándares en la categorización de las personas privadas de libertad, según su nivel de peligrosidad”, detalló Luis Zaldumbide, director general del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad.
El plan, según las promesas presidenciales de Daniel Noboa, es tener al menos dos centros penitenciarios bajo este mismo modelo.
