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Excompañeros del periodista sinaloense, Javier Valdez, sospechan que su asesinato está vinculado con la presión del Cártel de Sinaloa y autoridades federales para no publicar una entrevista con Dámaso López, alias El Licenciado, mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán. Hasta la fecha, no se han registrado arrestos por el crimen.
Hace un mes, el laureado periodista Javier Valdez fue sacado de su coche y asesinado a plena luz del día cerca de su oficina en Culiacán, Sinaloa. Valdez es el sexto periodista asesinado en México este año, y su muerte ha provocado protestas y enviado nuevas ondas de miedo a través de los medios de comunicación del país.
Los periodistas que han sido víctimas de ataques en México tienen algo en común: un compromiso por documentar la corrupción política y los vínculos del Estado con el narcotráfico. El asesinato de Valdez sigue un patrón de asesinatos dirigidos a silenciar a los mensajeros que buscan —y hallan— la verdad y exponen las entrañas de la guerra contra las drogas.
Valdez fue el cofundador de Ríodoce, el único periódico independiente que aún opera en Culiacán, la ciudad que es centro de operaciones del Cártel de Sinaloa y sede de buena parte de la violencia de la guerra contra las drogas en la región. En febrero, Ríodoce publicó una entrevista con un enviado de Dámaso López, alias El Licenciado, exmano derecha de El Chapo Guzmán. Aparentemente, López buscaba tomar el control del territorio del cártel de Sinaloa en una pelea con los hijos de Guzmán antes de ser capturado por las autoridades, el mes anterior. Los hijos de Guzmán presionaron a Valdez para no publicar la entrevista. Otros periodistas cercanos a Valdez sospechan la participación del Cártel de Sinaloa y de autoridades federales en el asesinato. Hasta la fecha, no se han registrado arrestos en el caso.
Pensábamos que Javier era intocable”, dijo Marcela Turati, una destacada periodista que escribe para el semanario Proceso, y amiga cercana de Valdez. “Fue uno de los periodistas más reconocidos internacionalmente en el país. ¿Cómo podemos protegernos si somos capaces de matar a los más visibles con impunidad?, dijo
Una semana antes del asesinato de Valdez, el Comité para la Protección de los Periodistas publicó un informe en el que se detallaban los recientes asesinatos de periodistas y fracasos en el procesamiento de los crímenes. La comisión de derechos humanos del gobierno mexicano informó en 2016 que 90% de los crímenes contra periodistas queda impune, 82% al tratarse de asesinatos y 100% cuando son desapariciones, donde nunca se encuentran los cadáveres de periodistas. De 114 asesinatos de periodistas que el gobierno mexicano ha registrado desde el año 2000, un fiscal federal especial por delitos contra la libertad de expresión ha investigado 48 en los últimos siete años, resultando en sólo tres condenas.
El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre México el año pasado señaló que “a veces los periodistas eran objeto de ataques físicos, hostigamiento e intimidación debido a su labor. Los autores de la violencia contra los periodistas siguieron actuando con impunidad con pocos informes de investigación, detención o enjuiciamiento de sospechosos”.
Esta línea ha aparecido en todos estos informes en los últimos años.
Ante la descarada inacción del gobierno mexicano, la ayuda estadunidense para la guerra contra las drogas en México ha continuado fluyendo y expandiéndose. Documentos desclasificados del Departamento de Estado desenterrados en los últimos años muestran que Estados Unidos ha armado y financiado a las unidades militares y policiales mexicanas a pesar de ser muy consciente de abusos y encubrimientos. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha apoyado proyectos supuestamente destinados a fortalecer el Estado de derecho en México, pero ninguno de ellos parece tener el efecto declarado.
Entrenamiento, armas y dinero
Desde 2008, el gobierno de Estados Unidos ha asignado más de dos mil 600 millones de dólares para la ayuda en materia de seguridad para México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda para el combate al narcotráfico negociado entre los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón en 2007. Originalmente propuestO como un programa de tres años, Mérida sufrió una drástica expansión bajo el Departamento de Estado de Hillary Clinton, y continúa hoy, a pesar del antagonismo del presidente Donald Trump hacia México sobre la inmigración y el muro fronterizo.
La ayuda fluye no sólo desde el Departamento de Estado, sino también desde el Pentágono, del Departamento de Justicia y de otras agencias. La gran parte de este dinero se canaliza a través de empresas de seguridad con sede en Estados Unidos, que cosechan enormes beneficios de contratos en todo, desde helicópteros Black Hawk hasta vehículos blindados y armados, equipos de inteligencia, software informático, lentes de visión nocturna, aviones de vigilancia, sistemas satelitales y más. Además, los fabricantes de armas se benefician de las ventas directas de armas y otros equipos, que generan otros mil millones cada año para los contratistas.
Junto con el equipo, Estados Unidos exportó una estrategia de captura o eliminación contra los sospechosos de ser líderes del narcotráfico de México, un enfoque tomado del contraterrorismo que se volvió muy popular durante el paso de Clinton por la Secretaría de Estado. Anthony Wayne, exembajador en México y antes embajador adjunto en Afganistán, y John Brennan, exdirector de la CIA, que sirvió como asesor principal de contraterrorismo del presidente Obama, fueron los funcionarios estadunidenses que ayudaron a dar forma a los programas de focalización. Brennan visitó México en 2009 para discutir la arquitectura y la implementación de las operaciones de focalización de alto valor, o “HVT”, inspiradas en programas llevados a cabo en Irak, Afganistán y otros países.
Muchos observadores y expertos en seguridad creen que la focalización de alto valor sólo ha desestabilizado el tráfico de drogas sin reducirlo, lo que conduce a más violencia. Una de las operaciones de focalización de alto valor más notables tuvo lugar en julio de 2010 en el estado de Sinaloa, en donde, de acuerdo con los archivos internos previamente clasificados obtenidos mediante una solicitud de transparencia de la información, Estados Unidos compartió inteligencia con las autoridades mexicanas que derivó en el asesinato de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, uno de los cuatro principales dirigentes del Cártel de Sinaloa en ese momento. El asesinato del Villarreal llevó a un recrudecimiento de la violencia en 2010 sobre el territorio entre las fuerzas del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales, como Los Zetas.
Hacia el final de la administración Obama, Estados Unidos cambió su énfasis del equipo militar a programas con un enfoque declarado en la reforma institucional, incluyendo la capacitación de las policías locales.
La DEA, por ejemplo, ha capacitado a miles de policías en técnicas de investigación sensibles cada año, mientras que el Departamento de Justicia y otras agencias han proporcionado a las agencias mexicanas equipos de redes, forenses y biométricos. Los cables del Departamento de Estado muestran que la asistencia de Estados Unidos ha incluido millones para laboratorios a nivel estatal, análisis de escenas de crimen, análisis balísticos, recopilación de pruebas, análisis de inteligencia criminal y similares.
›Las agencias de Estados Unidos afirman que estos esfuerzos son clave para fortalecer la capacidad de investigación de México, pero han hecho poco para cambiar la impunidad de los crímenes sistemáticos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos de periodistas.
Uno de los problemas, según el Comité de Protección a Periodistas, es que incluso cuando los autores son castigados, la colusión entre el gobierno y el crimen organizado evita que los investigadores identifiquen quién es realmente responsable de los crímenes.
“Necesitamos una presencia internacional para investigar lo que está ocurriendo aquí”, dijo la periodista Marcela Turati a The Intercept. “Un representante o equipo de expertos del Relator Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión u otro órgano similar de las Naciones Unidas que pueda investigar los crímenes, identificar las estructuras de impunidad y ayudar a México a rediseñar su sistema de justicia. Nuestro gobierno ha demostrado una falta de voluntad política y capacidad para resolver estos crímenes”.
El gobierno de Estados Unidos es muy consciente del problema de la impunidad institucional; el informe interno del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre México, publicado a través de la FOIA y a través de filtraciones, ha ofrecido una confirmación contundente de un patrón de encubrimientos activos y vinculado a las autoridades mexicanas con los abusos.
En 2010, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos informaron sobre casos en que las organizaciones de narcotraficantes estaban operando con “impunidad casi total”, frente a las “fuerzas de seguridad locales comprometidas”, en los estados del noreste de México. Sin embargo, la capacitación y la asistencia de Estados Unidos continuaron en la región. La Embajada de Estados Unidos y la DEA llevaron a cabo programas de capacitación para policías de Nuevo León, incluso cuando funcionarios del consulado de Estados Unidos dijeron que el aparato de seguridad en ese estado había sido comprometido, admitiendo que algunos funcionarios estatales y policiales habían sido cooptados por Los Zetas. Los programas de asistencia de Estados Unidos continuaron a pesar de que funcionarios de la DEA informaron sobre las detenciones de funcionarios policiales y militares jubilados en Nuevo León por brindar protección y asistencia a los narcotraficantes.
En el caso de una serie de masacres en el noreste, en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, entre 2010 y 2011, funcionarios estadunidenses destacaron cómo las autoridades mexicanas estaban tratando de minimizar “la responsabilidad del Estado” en los crímenes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos documenta cómo las autoridades buscaron encubrir la violencia, poniendo en peligro las investigaciones dividiendo los cadáveres de las víctimas “para hacer el número total menos obvio y por lo tanto menos alarmante”.
Sin embargo, después de que se descubrieron fosas comunes, Estados Unidos impulsó aún más sus programas en la región.
La búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia de la guerra contra las drogas ha sido encabezada por periodistas y familiares de las víctimas, no por las agencias gubernamentales que reciben ayuda de Estados Unidos. Y con demasiada frecuencia han sido silenciados.
Karen, la hija de Miriam Rodríguez Martínez, de 14 años, desapareció en 2012 y fue enterrada en otra fosa común en San Fernando. Rodríguez persiguió a los responsables del secuestro y asesinato de su hija. Sus esfuerzos involucraron a miembros de Los Zetas y resultaron en el encarcelamiento del principal sospechoso en el crimen. También dirigió esfuerzos de activistas por miembros de la familia para encontrar los restos de otros desaparecidos en la región. Rodríguez fue asesinada en su casa en San Fernando el Día de la Madre en México, apenas cinco días antes del asesinato de Javier Valdez.
Valdez tenía la intención de desafiar el silencio que priva ante estos crímenes.
Cuando su colega, Miroslava Breach, fue asesinada a finales de marzo, dijo: “Que nos maten a todos, si esa es la sentencia de muerte por informar de este infierno. No al silencio”. (Fotos: Luis Brito, Fernando Brito, AFP y The Intercept)
Este artículo se publica conjuntamente con una campaña internacional, Nuestra Voz es Nuestra Fuerza, para recordar a Javier Valdez y su obra y pedir el fin de la impunidad por los crímenes contra la prensa en México.
Traducción: Carlos Morales.
Tapadera. El Departamento de Estado de EU documenta cómo las autoridades buscaron encubrir la violencia, al dividir los cadáveres de las víctimas.
