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La Secretaría de la Función Pública descubrió que el daño a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), podría ser mayor: 96.4 millones de pesos. Las auditorías practicadas a la gestión de quien era su director, Benito Neme Sastré, sumarían nuevas acusaciones en su contra.
A partir de tres auditorías que llevó a cabo el Órgano Interno de Control de Capufe en la pasada administración sobre la gestión del compadre del expresidente Enrique Peña Nieto, se descubrieron posibles irregularidades en procedimientos de contratación, adjudicación, cumplimiento de pago de contratos, sobrecostos en una construcción carretera de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, así como la falta de recuperación de cuentas por cobrar en cuanto a “ingresos por telepeaje e interoperabilidad”. Esto sumaría 96 millones 453 mil pesos, que a la fecha siguen sin aclararse.
Un documento interno de la SFP que muestra los hallazgos de estas auditorías, al que ejecentral tuvo acceso, indica que este probable daño patrimonial causado a Capufe, se suma a los 57.8 millones de pesos que descubrió la Auditoría Superior de la Federación en 18 revisiones a la misma institución y durante la gestión de Benito Neme.
El pasado jueves 5 de septiembre, este periódico reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba ya en proceso de acusar penalmente ante un juez a Benito Neme y algunos de sus colaboradores más cercanos, debido a la suma de irregularidades y el probable desvío millonario de recursos que se habría generado bajo su dirección en Capufe.
Al día siguiente de la publicación, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que la dependencia a su cargo contaba con una denuncia y estaban en el proceso de recopilación e integración de la información sobre los presuntos desvíos en la dependencia.
Sueldos caídos
La contratación de una empresa fantasma, que a su vez subcontrató a personal que no cubría el perfil requerido y que terminaron por realizar actividades ajenas al motivo de su contrato y que, por si fuera poco, no recibieron su sueldo correspondiente, causó en Capufe, que dirigía entonces Benito Neme, un probable daño patrimonial por 38.5 millones de pesos, por sueldos pagados no devengados.
De acuerdo con la auditoría número 25 sobre el concepto de “Adquisiciones”, en el contrato de outsourcing entre Capufe y la compañía de Servicios integrados Trujillo Romano S.A. de C.V., la empresa presentó documentación apócrifa durante la licitación a fin de acreditar su experiencia en cuanto a la contratación de personal, pero en la revisión se detectó que se trataba de una empresa fantasma.
Capufe no desechó su propuesta, pese a no acreditar todos los requisitos, y además el Órgano Interno de Control detectó en la contratación que tuvo vigencia del 1 de enero 2016 al 30 de junio del 2018 que el personal administrativo contratado no cumplía con el objeto de su contratación ni con el perfil necesario para hacerse cargo de la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como la operación y conservación de la red de carreteras del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
En tres auditorías de Capufe en la administración de neme se descubrieron posibles daños en procedimientos de contratación, además de sobrecostos en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo.
“Se intentó realizar visita de inspección; sin embargo, el proveedor negó el acceso a los auditores en sus oficinas corporativas. Se presume que el personal que presentó proveedor en su propuesta para concursar en la licitación pública nacional no existe y que es una empresa fantasma que realiza las actividades contratadas con el mismo personal pagado por Capufe”, concluyó el OIC respecto al caso en el que habrían quedado al menos cuatro denuncias penales por presentar.
Una carretera cara
Otra de las anomalías detectadas en la gestión de Neme Sastré es la que tuvo que ver con el posible daño patrimonial por 36 millones de pesos derivado del sobrecosto que implicó
la construcción de carpeta de concreto hidráulico, correspondiente al tramo Monterrey-Nuevo Laredo.
Aunque en la auditoría número 16 de obra pública se constató que de 2014 a febrero del año pasado se habían determinado 475 observaciones por parte del área de auditoría del OIC, la Auditoría Superior de la Federación y un despacho externo no elaboraron un informe de presunta responsabilidad que fuera turnado al área de quejas o de responsabilidades de la dependencia.
Sin embargo, según se indica en el documento de la SFP, de marzo a septiembre del año pasado, casi en la recta final de la administración de Neme Sastré, se habían enviado por parte del OIC cuatro expedientes de detección de irregularidades de manera formal y dos más estaban en elaboración. Estos documentos que recibió la actual administración y que de encontrar elementos, derivarían en alguna sanción por el sobrecosto de dicha obra.
Ni el pago de casetas
En el caso de la auditoría 9/2018 sobre “ingresos por telepeaje e interoperabilidad” de Capufe con la empresa Pinfra (en el marco del convenio firmado entre la Secretaría de Comunicación y Transportes, Capufe y los 11 principales operadores del servicio de telepeaje en las vías generales de comunicación), suscrito el 7 de agosto de 2014 y con vigencia hasta el 31 de julio de 2018, el OIC determinó cuentas por cobrar a la empresa por ingresos de telepeaje por un saldo deudor con la red de Capufe, la red Fonadin y Golfo Centro que hasta abril de 2018 ascendía a 21 millones 953 mil 229 pesos, por concepto de ingresos de vehículos que portaban tag.
Al cierre del segundo trimestre de 2018, indica el informe de autoría, no se habían aplicado las penas convencionales y no se había generado la recuperación de las cuentas por cobrar por lo que los expedientes tuvieron que ser turnados al área de quejas.
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