Confirman participación directa del Ejército en caso Iguala
CHILPANCINGO, GUERRERO, 26SEPTIEMBRE2021.- Al cumplirse siete años y un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, normalistas, familiares y organizaciones marcharon en Chilpancingo para reiterar su exigencia de justicia. En un mitin celebrado en el Monumento a Las Banderas los estudiantes reiteraron que no cesarán la lucha a pesar de que pasen los meses y los años, hasta dar con el paradero de sus compañeros. La señora Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado la noche del 26 de septiembre reprochó que dos gobiernos han pasado y ninguno ha hecho justicia por los masacrados y por los desaparecidos. Recriminó también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, a tres años de su gobierno, todavía no haya pruebas claras respecto a lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, y que los padres sigan caminando sin hallar justicia. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM
/Dassaev Téllez/Dassaev Téllez
Julio César López Palotzin, uno de los 43, era un elemento activo del Ejército Mexicano que informaba sobre lo que sucedía en la Normal; la Sedena no protegió su integridad ni búsqueda luego de su desaparición
A casi ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Gobierno federal determina que se trató de un crimen de Estado, que hubo participación del Ejército y que no existen evidencias de que permanezcan con vida.
Julio César López Palotzin, uno de los 43, era un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltrado en la normal, lo que llevó a las autoridades a demostrar la participación directa del Ejército en el caso.
El soldado causó alta el 16 de enero de 2009, por lo que contaba con cinco años y ocho meses de servicio al momento de la desaparición, realizando labores de informar sobre lo que acontecía en las asambleas de la normal, dar seguimiento en las marchas, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos o de la delincuencia organizda.
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“Su mando inmediato era el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, a quien reportaba directamente”.
El militar dio cuenta del plan de acción de los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” para el 2 de octubre, pero su último reporte se registró el 26 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas, es decir, el día de los hechos.
Pese a estar activo en el Ejército mexicano, su superior jerárquico, que sabía que estaba dentro del grupo de estudiantes, no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, conforme al Protocolo para Militares Desaparecidos.
Los hallazgos de la Comisión
En la presentación a más de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas detalló los hallazgos que se han realizado.
La desaparición de los estudiantes normalistas constituyó un crimen de Estado, donde incurrieron el grupo criminal Guerreros Unidos y agentes de diferentes instituciones del Estado mexicano.
Autoridades estatales y federales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, ya que existen elementos que corroboran que alteraron los hechos y circunstancias para generar una verdad ajena a lo realmente ocurrido.
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En todo momento, aseguró Encinas Rodríguez, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la normal hasta su desaparición.
“Sus acciones y omisiones permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, y el homicidio de otras seis personas”, señaló.
Tras su desaparición, los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos, ni en el basurero de Cocula, como se demostrará. Además, se confirma la participación de la policía de Iguala en la detención de los estudiantes.
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El 26 de septiembre de 2014, a las 22:45 horas aproximadamente, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes, y confirmó que no existe evidencia que permita creer que los 43 estudiantes normalistas estén vivos.
Existe la evidencia suficiente para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe con las indagatorias en contra de 33 personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
La llamada “Verdad Histórica” fue una acción concertada del aparato organizado del poder, desde el más alto nivel de Gobierno, que ocultó lo que realmente ocurrió, alteró las escenas del crimen y ocultó vínculos del grupo delincuencial y las autoridades.
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