El gobierno federal reiteró este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los representantes de las familias de los normalistas su “voluntad” de lograr el “esclarecimiento total” de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014, días después de que el presidente Enrique Peña Nieto defendiera la llamada “verdad histórica” de que fueron asesinados e incinerados.
El gobierno de la República (...) refrendó la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos ocurridos y procurar el castigo de todos los responsables en el caso Iguala”, señala el comunicado oficial.
Los relatores de la CIDH externaron su rechazo a la investigación que señala que los estudiantes de primer año de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, fueron incinerados en el basurero de Cocula. Este posicionamiento ocurre a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña Nieto respaldara la versión de la PGR de que los estudiantes fueron entregados por autoridades municipales al grupo criminal Guerreros Unidos quienes los asesinaron y quemaron en el citado vertedero. Al encuentro asistieron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en donde también se reiteró que se busca el castigo de todos responsables en el caso. Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, y suplente del procurador, reconoció la intervención del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH en este caso y agradeció su interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los jóvenes estudiantes. Al referirse al agravio en perjuicio de las víctimas, Elías Beltrán señaló que tanto autoridades como víctimas tienen un mismo objetivo: que se haga justicia y que estos hechos lamentables no se repitan. “Por lo que se han realizado acciones necesarias para atender cada uno de los planteamientos realizados por la CIDH”, agregó. Por su parte la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, destacó la colaboración de las autoridades mexicanas en las acciones y atención al cronograma de trabajo establecido para el seguimiento del caso. Aunque también Arosemena subrayó que hay diversos asuntos pendientes que deberán ser profundizados en las semanas y meses siguientes. y anunció que la Comisión remitirá en breve una solicitud de información al gobierno de México, que sea integrada en la fase final de este periodo, para preparar un informe final de resultados del trabajo del Mecanismo, en noviembre próximo. En la cita, la PGR actualizó información sobre el seguimiento al cronograma, entre lo que destacaron seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas al gobierno de Estados Unidos, asuntos relativos a la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones sobre al posible papel de funcionarios federales y acciones de búsqueda específicas. El lunes, durante la presentación del informe sobre el balance del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa, tanto el CIDH como representantes de los 43 rechazaron la versión de la PGR que afirma que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, hasta las cenizas y después esparcidos en el río San Juan. También exigieron al Estado mexicano que realice una investigación de manera imparcial y profunda que lleve a la verdad, igualmente se manifestaron a favor de la creación de una Comisión de la Verdad y, señalaron, que estarán atentos a la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este punto. Los funcionarios federales explicaron que crear una Comisión de la Verdad, como lo ordenó el Tribunal Colegiado, podría “alterar” la constitución. Explicaron que ello fue la sustancia y razonamiento por la que presentaron diversos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la sentencia que descalifica la investigación de PGR. “Considerando especialmente sus posibles efectos, que podrían alterar el orden constitucional mexicano. Se recordó que el asunto se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará lo conducente”, agrega el comunicado. De acuerdo con la CIDH, tienen sospechas de una reunión previa en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, de Guerrero, poco antes del ataque en el municipio de Iguala, Guerrero, que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. A pesar de las diferencias la Comisión y el Gobierno federal acordaron continuar trabajando en el seguimiento a las acciones de búsqueda, investigación y asistencia a víctimas, en coordinación y comunicación con los representantes de los familiares de los estudiantes. NR/EC
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