Cada programa y proyecto prioritario del gobierno federal cuenta con un diagnóstico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se identifican los “posibles problemas” que podrían obstaculizar el desarrollo de planes como el “Tren Maya”, “Sembrando Vida” y el “Plan Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018-2024”.
La presencia e incremento de actividades de los cárteles en una determinada región; la movilización de organizaciones sociales como grupos afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o el magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); conflictos sociales y la operación de ciertos grupos o actores políticos, son algunos de los principales “obstáculos” que advierte la Sedena.
De acuerdo con los documentos de la institución que han sido revelados por el grupo hacktivistas “Guacamaya”, en al menos cuatro de los principales programas del gobierno federal, la inteligencia militar tiene identificados el contexto y los principales problemas que a nivel regional resultan una posible amenaza para esos proyectos.
Entre esos obstáculos, la Sedena advierte sobre la operación, disputas y la advertencia de una mayor intervención de los diferentes cárteles en cada estado, las oposiciones de las distintas organizaciones y grupos sociales y políticos en cada caso, y hasta declaraciones públicas de políticos y activistas que se pronuncian en contra de los planes de gobierno.
En el caso del Plan Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018-2024, la Defensa Nacional identificó la presencia de los Cárteles de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Los Zetas “Vieja Escuela” en Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca “con capacidad para realizar actos ilícitos” que “podrían incrementarse por las actividades económicas, comerciales y obras de infraestructura de este proyecto”.
Aunado a ello, el diagnóstico militar señala que los índices de pobreza y marginación en las entidades “precursoras” de dicho plan, también resultan un factor que podría originar movilizaciones de “organizaciones sociales y pro DD.HH.”, que demanden los servicios de salud para los sectores que carecen de su cobertura. Y en ese sentido identifica que el magisterio disidente, principalmente las secciones 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca y el Movimiento de Bases Magisteriales de Veracruz, “podría alentar acciones de presión en exigencia de mejoras en los servicios de salud para sus agremiados”.
En Chiapas, por ejemplo, respecto a la implementación del Programa para garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud, se señala a “organizaciones afines al EZLN” como son el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otras, las que “podrían incentivar la movilización de las bases sociales para exigir la cobertura de los servicios de salud en las comunidades bajo control de citado grupo inconforme”.
En cuanto al desarrollo del Tren Maya, la Sedena advierte que, ante el aumento de actividades comerciales y turísticas en la Península, cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y los Zetas “podrían incentivar la violencia y las pugnas por el control de las rutas de tráfico de drogas, de personas, de armas, además de secuestros y cobro de piso”.
Sobre el mismo proyecto también señalan como posible obstáculo la “insistencia” por parte de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Colegio de Antropólogos de Yucatán, Greenpace México y el Grupo Ecologista del Mayab, para que el gobierno exponga los estudios de impacto ecológico del proyecto; así como las declaraciones que desde enero de 2019 hicieron personajes como Rafael Sebastián Guillén Vicente Galeano, líder de EZLN, así como Ángel Ávila, entonces dirigente nacional del PRD, en contra del proyecto.
Además de la persistencia de “conflictos agrarios, limítrofes y de oposición a proyectos de construcción”, y el “activismo de organizaciones ecológicas” principalmente en zonas rurales de Oaxaca, Chiapas y Campeche, la Sedena también identificó como factores de riesgo para el Programa Sembrando Vida, la “tala indiscriminada” en Veracruz, Chiapas y Tabasco.
Lo cual incluso visualizaron como una consecuencia de la “idiosincrasia de los pobladores” opositores a “la aplicación del Estado de Derecho y la reforestación”, en lugares como la zona de los Altos de Chiapas y Chimalapas.
Un mayor incremento de la presencia de las diferentes organizaciones criminales en Veracruz y Tabasco también fue señalado como un obstáculo que provocaría el “abandono de comunidades rurales que resguardan áreas naturales protegidas de bosques y selvas, dándole paso a la deforestación en dichos lugares”, señalan los informes.
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