Capricho y estafa, las metas incumplidas de Rosario Robles

Para la comunidad El Capricho de Ometepec, Guerrero, el río Santa Catarina representa la vida, pero también la muerte. En 2013, a consecuencia de los huracanes Ingrid y Manuel, su cauce se desbordó para azotar sin misericordia a esta pequeña comunidad campesina y de afrodescendientes, cuyas casas son de adobe y los techos de teja.

Desesperados, sus habitantes treparon los cerros aledaños para salvar la vida. Hombres y mujeres sobrevivieron a la intemperie alrededor de tres días con sus noches, hasta que fueron rescatados por personal de la Marina.

Un año después, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el Plan Nuevo Guerrero, que con una inversión global de 60 mil millones de pesos pretendía atender los destrozos causados por los ciclones que dejaron a su paso 120 muertos y daños incuantificables.

Una de las instrucciones presidenciales fue reubicar a El Capricho a un nuevo asentamiento localizado en tierras altas. La recién creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la dependencia encargada de llevar a cabo la tarea, primero en manos de Jesús Murillo Karam y luego con Rosario Robles Berlanga.

De acuerdo con el Acta de Entrega-Recepción que dejó la exsecretaria —y de la que ejecentral obtuvo copia a través de una solicitud de transparencia—, se cumplió totalmente durante su mandato la reubicación y entrega de casas a todos los damnificados.

Eso fue mentira. A cinco años de distancia, el paraíso prometido resultó ser una ilusión. Ni se construyeron todas las viviendas, ni se dotaron de todos los servicios y lo que se edificó hace apenas 60 meses ya presenta daños.

De 138 viviendas edificadas, de 150 proyectadas en El Nuevo Capricho, al menos 26 nunca se terminaron de construir y permanecen en obra negra, igual que el edificio de la iglesia, las canchas y albercas prometidas.

El kínder continúa como un terreno baldío y ahora lo invade la maleza. Y de las 138 viviendas construidas, todas presentan deficiencias estructurales, cuyas consecuencias se observan en techos y paredes cuarteadas, filtraciones de agua, plafones semidestruidos y acabados de loseta y pintura que comienzan a botarse.

Pese a esto, en el Acta de Entrega-Recepción, Rosario Robles —hoy presa en la cárcel de Santa Martha Acatitla— aseguró que fue una de las 43 instrucciones turnadas a la Sedatu que se cumplieron durante el periodo de septiembre de 2015 a noviembre de 2018 y que fueron validadas por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, que encabezaba Roberto Padilla Domínguez, quien desde 2007, en el gobierno del estado de México, fue designado por Peña Nieto como el encargado de dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos gubernamentales.

Con clave IP-200, en el desglose presentado en el Informe de Asuntos a su cargo, se refiere que la orden fue dada el 2013 y cumplida en diciembre de 2015. Sin embargo, ejecentral pudo constatar en el terreno que la supuesta obra ejecutada nunca se realizó con la calidad ni con la cantidad acordada.

El dinero fue utilizado para otros fines, las empresas no cumplieron con la construcción, nadie vigiló las obras y ahora los habitantes de El Nuevo Capricho padecen las consecuencias: las viviendas presentan cuarteaduras, los techos son endebles, hay filtraciones de agua y falta el drenaje. Según versiones de los pobladores, Sedatu adeuda al menos 65 millones de pesos a Maza Servicios, empresa encargada de la construcción.

Esta no es la única deficiencia presentada en la administración de la extitular de Sedatu. De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la administración 2012-2018 que entregó Rosario Robles a Román Meyer Falcón, nuevo titular de Sedatu, la exjefa de Gobierno reconoció que hasta el 15 de octubre de 2018 tenía pendientes de solventar 50 recomendaciones, 21 observaciones desempeño y cuatro solicitudes de aclaración. Es decir, un total de 75 fallas sin resolver.

En suma, la dependencia a cargo de Rosario Robles dejó tres mil 677 millones 300 mil pesos por recuperar o aclarar, según pudo verificar este periódico en el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Un capricho de Rosario

Tanto El Capricho como El Nuevo Capricho son comunidades de población afrodescendiente ubicadas a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal de Ometepec, en la zona limítrofe con el estado de Oaxaca.

Se trata de una comunidad oculta por la espesura selvática a varios kilómetros de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en el tramo San Juan de los Llanos-Cuajinicuilapa. Pero producto de las deficiencias que presenta El Nuevo Capricho, donde se asignaron 300 millones de pesos, la comunidad se dividió. Unos, en particular los ancianos de entre 60 y 80 años, aún viven en la vieja comunidad por amor a su terruño y porque consideran que el nuevo asentamiento nunca será terminado.

En esta comunidad, El Capricho-Nuevo Capricho, la inmensa mayoría de sus habitantes subsiste de los cultivos de granos, de la crianza de animales domésticos y de la pesca en el río. El comercio casi no existe y menos los medios de transporte, por lo que los usual es la bicicleta en los menores y la tracción animal entre los adultos.

La mayoría tiene apenas educación primaria y secundaria, dado que cuentan con acceso escaso a escuelas de educación media superior o superior debido a la pobreza extrema en que subsisten. Su fuente de riqueza y, paradójicamente, su peor tragedia, es precisamente el río Santa Catarina, uno de los principales afluentes de la región que desciende desde el municipio de Metlatónoc, en la Montaña Alta.

Eugenio Barroso Peñaloza, un joven campesino de 25 años, carente de instrucción, según él mismo comentó, sostuvo que algunos pobladores de El Capricho jamás se moverán al nuevo asentamiento pues dependen de la siembra de maíz, frijol, chile, tomate y ajonjolí, que requieren de la humedad del río Santa Catarina en los meses previos a septiembre.

“Nosotros no tenemos a dónde ir, vivimos en las tierras bajas y dependemos de la humedad para los cultivos”, sostuvo este joven chispeante que junto con su esposa habita un jacal que le heredó su madre antes de morir. “¿A qué vamos al Nuevo Capricho si ni siquiera está bien construido, no hay papeles de propiedad y no tenemos fuente de subsistencia?”.

Lo peor de todo, aseguró el comisario de El Nuevo Capricho, Liborio Saguilán, un campesino de 42 años, es que el gobierno federal jamás regularizó el terreno donde se construyó El Nuevo Capricho, por lo cual sus habitantes carecen de título de propiedad. “Estamos todos en la más completa indefensión jurídica, porque no somos dueños de nuestras casas, como prometió el gobierno anterior; ni somos una comunidad reconocida oficialmente por el gobierno municipal ni por ninguna otra instancia de gobierno”, agregó la comisaria suplente Marisela Olmedo Flores.

Ni siquiera se cuenta con drenaje. El agua se extrae de un pozo, de ahí que
El Viejo Capricho también sea conocido como La Poza, ya que la tubería requiere de reparaciones constantes y el servicio de energía eléctrica registra apagones constantes. “Tal parece que el gobierno nunca va a terminar de construir el nuevo asentamiento”, abundó la señora Olmedo Flores.

Los caprichos se replican en Chiapas

Así como El Nuevo Capricho presentó fallas en su objetivo de auxiliar a damnificados, a los habitantes de la Pesquería La Gloria, en Arriaga, Chiapas también los afectó la corrupción. En 2013 y producto del huracán Bárbara, 12 municipios del estado sufrieron daños, entre ellos Arriaga.

Para ello, la Sedatu firmó tres contratos por adjudicación directa con las empresas Construpale de Los Altos, encargada de construir, y Constructora e inmobiliaria Hormigón Armado, encomendada a supervisar, por ocho millones 800 mil pesos y por 445 mil 600 pesos, respectivamente.

Desde un inició, el proceso de reconstrucción presentó deficiencias. Ya que para construir 38 viviendas que se requerían la Sedatu compró el predio Los Isabeles sin tener el avalúo oficial ni la escrituración del terreno. El resultado: pagó tres millones 40 mil pesos por el terreno, mientras que su anterior propietario lo había adquirido por 107 mil pesos, es decir, representó un sobreprecio de dos millones 933 mil pesos.

Y además, las más de 30 casas que construyó en la pesquería se realizaron con trabajos de mala calidad, es decir, no hubo supervisión, vigilancia y control: presentan salitre en pisos y muros, instalaciones eléctricas expuestas, así como acero expuesto en trabes y castillos.

Los desperfectos no tenían razón de ser. La Sedatu además había pagado 445 mil 600 pesos para que Constructora e inmobiliaria Hormigón Armado supervisara la obra. “No detectó la ejecución de trabajos de mala calidad, como falta de emboquillados en puertas y ventanas, muros y trabes desplomadas, losas de azotea fisuradas, lavabos en baños sin la fijación adecuada a la pared, sanitarios sin operar por la falta de conexión a la red de alcantarillado, viviendas sin tinacos y desprendimiento de pintura en puertas metálicas y en las paredes exteriores de las casas”, puntualizó la Auditoría.

Eso no fue todo lo que encontró la ASF, tras una visita a la comunidad en marzo y mayo de 2017, también el nuevo asentamiento no contaba con servicios básicos, al igual que en El Nuevo Capricho, los títulos de propiedad no han sido entregados a los beneficiarios y las nuevas viviendas ni siquiera se registraron ante las oficinas de Catastro del Registro Público de la Propiedad.

La auditoría, refirió el ente fiscalizador, se realizó por una solicitud de los propios damnificados de la Pesquería La Gloria, municipio de Arriaga, Chiapas. De la revisión

que se llevó a cabo en 2016 a la fecha, todavía quedan por recuperar cuatro millones 700 mil pesos de cuatro millones 797 mil 100 pesos auditados.

En el aspecto humano, la irregularidad derivó en exponer nuevamente a los damnificados, pues de las 38 casas que se edificaron sólo 12 de ellas estaban habitadas en mayo de 2017. “ (…) indicaron que la zona en que se ubican la consideran como de alto riesgo”.

“Un temblorcito, y todo se cae”

A 974 mil 42 kilómetros de distancia de Arriaga, Chiapas, en El Nuevo Capricho, el comisario Eutiquio Liborio Saguilán advierte lo que puede suceder en caso de que se presente un nuevo sismo. “Un temblorcito, una leve sacudida, y todas las casas se van a caer”, predice. Al estar ubicados en una zona altamente sísmica, como lo es Guerrero, esas deficiencias de construcción se magnifican y pueden ocasionar la pérdida de vidas y patrimonios, comenta.

Por ello lanza una súplica al presidente Andrés Manuel López Obrador para que voltee a ver a esta comunidad de campesinos afromexicanos pobres, carentes de los servicios más elementales.

El comisario Liborio dijo que la construcción de El Nuevo Capricho provocó una profunda división entre la comunidad, dado que muchos de los habitantes de El Viejo Capricho se niegan absolutamente a trasladarse al nuevo asentamiento.

“Nosotros pugnamos porque algunas casas desocupadas sean entregadas a madres solteras que no tienen dónde refugiarse, porque algunos pobladores del viejo Capricho no las quieren ocupar pero tampoco las quieren entregar a quienes más lo necesitan”, comentó el comisario.

Para Carla Morales Cisneros, joven de 28 años y comisaria de El Viejo Capricho, la preocupación y la exigencia es otra: la sequía se extendió más de lo previsto, pues septiembre es el mes más abundante en lluvias y las milpas, así como los demás cultivos, principalmente frijol y ajonjolí, comenzaron a marchitarse. “Ya estamos en septiembre y nos vemos caer el agua, así que estamos preocupados porque no vamos a tener maíz ni frijol ni ajonjolí para venta o comida”, admite.

Por ello aprovechó para, en nombre de sus representados, reclamar al gobierno de la República la terminación de un bordo de contención para el río Santa Catarina, que estaba a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al que sólo le falta instalar una compuerta que permitiría represar el agua y prevenir una eventual inundación.

Morales Cisneros también pidió que el gobierno de la República obsequie claves de educación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) u otro sistema educativo con el fin de que los menores de edad no tengan que trasladarse a otra comunidad para recibir instrucción. Sin embargo, en el Acta de Entrega-Recepción de Rosario Robles en Sedatu, la reubicación de la comunidad ya fue cumplida y con ello se evitó el que ya no se siga inundando.

Solución de conflictos para el NAIM

osantillan@ejecentral.com.mx

Otra de las instrucciones turnadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que según la entonces titular, Rosario Robles, cumplió en septiembre de 2018 fue dar celeridad a la resolución de conflictos agrarios para dar certidumbre a quienes han enarbolado la defensa justa de sus tierras.

En su Informe de rendición de cuentas, la funcionara resaltó que en su administración se concertó y concilió la solución a un conflicto agrario en el predio Tlateles, en el Estado de México, el cual refiere, según el documento en poder de ejecentral, más de 200 familias decían detentar derechos reales de propiedad y posesión sobre el terreno, que formaba parte del radio donde se construyó el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“El Acuerdo alcanzado en el marco del Convenio de Colaboración y Coordinación de Acciones celebrado entre Segob, Sedatu y Conagua en mayo de 2014, así como la labor de conciliación efectuada por el grupo encabezado por la Segob permitió la suscripción de un Adendum que significó lograr que los reclamantes convinieran un apoyo social (ayuda) y aceptaran renunciar a cualquier derecho que pudieran tener sobre el predio”, refiere el informe.

La acción clave, resaltó la Sedatu, consistió en que dicha secretaría por medio de su subsecretaría de Ordenamiento Territorial entregó ayuda social a personas registradas en un padrón de beneficiarios integrado por la Segob. “ (…) así en un evento celebrado el 14 de junio de 2018, se hizo de las ayudas sociales a 209 beneficiarios, por un monto total de 400 millones de pesos”.

La entrega, detalló en su informe, se llevó a cabo en presencia del notario número 54 de la Ciudad de México, que dio fe de la culminación del proceso de negociación. Pero una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control en la Sedatu reveló que los 400 millones de pesos se dieron irregularmente, ya que el recurso se utilizó de una partida que no correspondía.

Se constató que los entregables (diagnósticos) no están orientados ni presentan aportaciones en materia de ordenamiento territorial y de vivienda, por lo que no se justifica el gasto por este concepto”. Auditoría forense 1792 de la Cuenta Pública 2016

“Se advierte que el ejercicio del presupuesto del programa P005 Política del Desarrollo y Ordenamiento del Territorio por 400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos) autorizado para la partida 44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales, fue aplicado para atender el conflicto sobre la tenencia de la tierra con el predio denominado ‘Tlateles’ o el Moño y/o Parque Ecológico Gerardo Cruickshank, otorgándose como ayuda social a 191 beneficiarios mediante la expedición de 209 cheques”.

Sin embargo la auditoría interna reveló que los 400 millones de pesos estaban destinados para

voluntarios que participaron en la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec, pese ello se otorgaron para la solución de un conflicto agrario que afectó al megaproyecto de la administración de Enrique Peña Nieto. “Sin que se obtuviera una justificación fundada y motivada ni de su correlativa autorización para proceder a su aplicación”, especificó el Órgano Interno de Control de la Sedatu.

Bajo protesta de decir verdad

Aunque omitió detalles, Robles Berlanga manifestó bajo protesta de decir verdad haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la acta de Entrega-Recepción. Sin embargo, en su informe aseguró que la Dirección General de Coordinación Metropolitana participó en la definición, delimitación y asesoría técnica para determinar la localización de Zonas Económicas Especiales en Lázaro Cárdenas-La Unión, en Michoacán, en Salina Cruz, Oaxaca; en Coatzacoalcos, Veracruz; en Puerto Chiapas, Chiapas y en Progreso, Yucatán.

Pero la Auditoría Superior de la Federación tenía otros resultados. De los más de tres mil millones de pesos pendientes de aclarar durante su gestión, en la cuenta pública 2016 dejó 186 millones 113 mil 374 pesos que podrían significar un daño a la Hacienda Pública, determinó el ente fiscalizador en la auditoría forense 1792.

La Sedatu pretendió edificar zonas de desarrollo económico con base a información pirata. Según lo observado por la ASF, la dependencia firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que elaborara análisis multifactoriales con el fin de integrar una plataforma de información para el desarrollo de las zonas económicas especiales.

No obstante, la ASF advirtió que los trabajos no tenían metodología. Incluso, las conclusiones y recomendaciones fueron copiadas de páginas de internet. No había aportación alguna. “Existe información duplicada en varios apartados y se anexaron e incorporaron diversas tablas de datos, sin que haga referencia a la fuente de información”.

Pese a ello, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2015 la Universidad Politécnica de Chiapas entregó los análisis multifactoriales al titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu. Y el 8 de diciembre de 2015 se formalizaron tres actas de recepción de servicio, trabajo y/o material donde la Dirección General de Coordinación de Delegaciones los recibió a satisfacción.

“Se constató que los entregables (diagnósticos) no están orientados ni presentan aportaciones en materia de ordenamiento territorial y de vivienda, por lo que no se justifica el gasto por este concepto, toda vez que en el numeral 5 de los Anexos de Ejecución de los tres últimos convenios, se definió que el objetivo era contar con análisis multifactorial para proponer el desarrollo de una zona económica en el Puerto de Chiapas, Michoacán y Guerrero y, el Corredor Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que sentara las bases para convertirlas en una zona de desarrollo y progreso, que brinde las oportunidades necesarias a la población y zonas cercanas para abatir la pobreza”.

De acuerdo con la conclusión de la ASF no contribuyeron al logro de un mejor ordenamiento territorial y de vivienda. Pese a esto, en el Acta de Entrega-Recepción la Sedatu afirmó que al culminar su gestión se firmaron los decretos de Declaratoria de cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE). Ni una mención de que todavía estaban pendientes por aclarar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación.

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