El 20 de noviembre del año pasado, un comando irrumpió en un inmueble sobre la polvorienta calle de José Azueta, en el centro de Hidalgotitlán, Veracruz. A punta de golpes y amenazas, los desconocidos fuertemente armados sacaron de la casa a cuatro hombres. Una vez afuera los acribillaron. Se trató del asesinato de Santana Cruz Bahena, alcalde electo en ese municipio y tres de sus escoltas. El abanderado del partido Nueva Alianza alistaba su toma de protesta como nuevo edil, en sustitución de Federico Tadeo Sánchez, para el 1 de febrero de 2018.
Alcaldes en funciones, diputados, candidatos, aspirantes, regidores, dirigentes políticos, síndicos, militantes, expresidentes municipales y excandidatos han sido blanco de violencia en el actual proceso electoral que legalmente inició en septiembre pasado. En sólo seis meses suman al menos 46 personajes políticos asesinados en la mitad del territorio nacional. Dos homicidios cada semana, en promedio.
El número de ataques contra personajes que tienen injerencia directa en la vida política local coloca a estas elecciones 2018 como las más violentas de la época moderna de México.
Para los especialistas se ha encendido una señal de alerta, porque este fenómeno sólo puede entenderse como los intentos de grupos del crimen organizado de incidir o tener injerencia en el proceso electoral, o la operación de redes de protección entre delincuentes y actores políticos.
Hay una ola de violencia muy importante que incide directamente (en el proceso electoral), estamos viendo un número de asesinatos con motivos políticos o que impactan en actores políticos relevantes, aunque no hay números únicos, sí hay una situación muy grave. Somos el país de América Latina con el mayor número de homicidios de políticos. Esto incide fuertemente en la libertad de las elecciones. La violencia está focalizada en algunos estados, porque no hemos puesto la suficiente atención para generar la información necesaria que nos ayude a determinar cuáles son los motivos, exactamente un mapa de riesgo detallado, no hay los suficientes elementos para poderlo determinar”, aseveró Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor electoral.
Focos rojos
Las áreas de inteligencia civiles y militares no descartan que aumente la violencia en las próximas semanas, pues coincide con la selección y registro de los candidatos a los ayuntamientos y diputaciones locales, que son los cargos que están detonando la confrontación, de acuerdo con información recabada por ejecentral. Las fuentes identifican a integrantes del crimen organizado y a rencillas políticas como los motores de la violencia.
Desde hace tres semanas, detallaron dos fuentes consultadas, desde la Secretaría de Gobernación comenzó la definición de estrategias conjuntas con los gobiernos estatales, para impedir que la violencia crezca a tal punto que abra espacios de ingobernabilidad. El riesgo es tal, que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) elabora un mapa de riesgos para que sus investigadores reciban la protección necesaria por parte de las fuerzas federales cuando se trasladen a los puntos críticos.
Algo similar hace el Instituto Nacional Electoral (INE) que, a partir del seguimiento de sus incidencias en elecciones anteriores, identificó las alertas en temas de violencia para disminuir los riesgos para su personal en cuatro momentos: cuando seleccionan a los funcionarios de casilla y para ello visitan los domicilios, en la etapa de capacitación, para el traslado de la papelería electoral a los distritos y finalmente el día de la elección.
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Luto. Aarón Varela Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan,
fue asesinado de dos impactos de bala cuando conducía de Puebla al municipio.[/caption]
Hasta ahora, el único estado en el que confluyen todos los elementos de riesgo es Guerrero, por su incidencia delictiva, porque allí es donde más asesinatos de personajes políticos se han registrado, once en total, y porque se renuevan todo el Congreso estatal y sus 80 ayuntamientos, la tercera parte de ellos son zonas de cultivo, producción o trasiego de drogas.
Sin embargo, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Jalisco completan la lista de los cinco estados con más homicidios de militantes partidistas en activo o retirados. Ningún color o estandarte hace diferencia. Todos han resultado vulnerables.
De tal magnitud ha sido la incidencia de violencia en esas entidades, que incluso en el caso guerrerense varios municipios optaron por suspender temporalmente las clases en escuelas y cancelar las corridas del transporte público. Chilapa, Ajuchitlán, Zihuatanejo, Petatlán, y Quechultenango, Chilpancingo y Acapulco concentran estos crímenes de violencia política.
Es necesario entender, sostuvo Sandra Ley, profesora asistente en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se trata de un proceso electoral en el que el crimen organizado trata de incidir desde la postulación de candidatos y, ya en la contienda, ver con quién o cómo pueden establecer sus redes de protección y de intereses.
Además, en algunos municipios es posible, de acuerdo a los escenarios de inteligencia, que no existan candidatos de todos los partidos, ante el miedo de ser asesinados. Esto podrá confirmarse en las próximas semanas, cuando deban registrarse los candidatos. Mientras tanto, dos personajes clave del proceso electoral debieron abordar esta semana el tema de seguridad y gobernabilidad, temas que no se habían colocado en la agenda pública.
Las estadísticas de criminalidad reportadas por las procuradurías y fiscalías del país son contundentes y aún sin contar con la alta cifra negra se refleja que en los estados donde se han focalizado los ataques contra autoridades y candidatos se registra un elevado índice delictivo, tal es el caso de Guerrero donde la cantidad de víctimas de homicidio doloso creció 38% al pasar de 165 a 228 al comparar enero de 2018 con el mismo mes del año anterior.
Apenas en agosto del año pasado, el Grupo de Coordinación en Guerrero reconoció que en la entidad converge la disputa territorial de al menos una decena de cárteles y grupos criminales entre los cuales se ubican subgrupos o escisiones del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), remanentes de los Beltrán Leyva, así como de La Familia Michoacana quienes posteriormente se convertirían en Los Caballeros Templarios.
En Michoacán y Jalisco, donde la pugna entre Los Viagras y el CJNG es palpable, la pulverización de cárteles es clave para entender el incremento de la incidencia delictiva. En el caso michoacano, un promedio de 90 de cada 100 homicidios se comete con armas de fuego y en Jalisco hay un registro promedio de alrededor de ocho muertes violentas cada día al inicio de año.
Estos estados, al igual que los casos de Tamaulipas, Veracruz y Puebla donde también se registran incrementos en la incidencia delictiva de alto impacto resultan focos rojos para casas encuestadoras y autoridades electorales. Cabe recordar que, derivado del linchamiento de dos jóvenes encuestadores en el municipio poblano de Ajalpan en octubre de 2015, estos tuvieron que reforzar sus medidas de seguridad. Actualmente, Puebla se ubica entre las entidades con la mayor incidencia del robo y venta de hidrocarburos también conocido como huachicol.
Alfonso Navarrete Prida reconoció que hay una cuestión de “alarma” en algunos estados y municipios del país por el tema de inseguridad y violencia que, a la fecha, según sus registros, suman 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas políticas electorales.
Pese a que sí hay una “urgencia” de poder tener este diálogo con candidatos y partidos políticos para resolver los temas de seguridad, aseguró, el llamado sigue abierto sin que a la fecha haya respuesta por parte de las organizaciones políticas.
Sí estamos viendo lo que está ocurriendo en algunos municipios de algunos estados del país. En Guerrero y Chihuahua, por ejemplo, hay una cuestión que alarma; Jalisco, en algunos de sus municipios. Es importante dialogar para poder sobre esto, asumir nuestras responsabilidades las autoridades, y sobre esta vía trabajar desde luego en mejorar en un año electoral la seguridad tanto de quienes son candidatos, como de la ciudadanía que acuda en este año a las urnas y lo haga de manera copiosa y transparente”, precisó.
Y luego habló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien hizo un exhorto para que “las instancias de seguridad federales, locales y municipales cumplan con su responsabilidad. Nosotros no tenemos las herramientas, nosotros no tenemos policías, no tenemos mecanismos de investigación criminal, y además nosotros no somos responsables para eso, las instancias responsables de la seguridad a nivel federal y a nivel local tienen que generar las condiciones”.
La imposición criminal
Si bien es cierto que no todos los crímenes, incluyendo atentados, homicidios o secuestros pueden ser atribuidos al crimen organizado y sí a un tipo de violencia con un corte político-electoral entre candidatos y partidos, son precisamente las redes de protección entre unos y otros las que desdibujan y confunde al electorado y la opinión pública en general sobre quiénes están generando este clima de violencia.
Por un lado, señala Sandra Ley Gutiérrez, profesora del CIDE, los niveles de violencia así de pronunciados como se muestran en este proceso, se han visto en otras elecciones locales, “en donde vemos la mayor manifestación de violencia criminal por la misma lógica de operación del crimen organizado que tiene un gran interés en el nivel local en poder tener cierta influencia en quién va a estar haciendo la política pública, pues es el nivel local donde tienen la mayor capacidad de influencia y de control territorial”.
Tomando en cuenta la envergadura histórica de estos comicios donde hay una elección federal concurrente con elecciones locales, de ayuntamientos y gobernadores en varios estados, la politóloga que ha estudiado este fenómeno de violencia política en los últimos años, aseguró que entre 2007 y 2014 “ya teníamos acumulados 350 ataques del crimen organizado contra autoridades y candidatos de partidos. Ahora nos llama la atención porque los ojos están puestos en este proceso, pero el hecho que no se les haya puesto atención antes pues significa que muchos de esos alcaldes, exalcaldes, candidatos hoy pues quedaron mucho más vulnerables porque no se hizo lo que se debió haber hecho en términos de poder afianzar esos municipios, de poder construir capacidades a nivel local, de poder construir una política de seguridad más efectiva para blindar los procesos electorales y las administraciones locales”.
Con base en el registro que ha seguido ejecentral, la mayoría de estos homicidios dolosos de personajes políticos se ha dirigido en contra de miembros y exmilitantes del PRI, seguidos en una mayor incidencia por políticos adheridos al PRD; y en un menor nivel también hay crímenes contra integrantes del PAN y partidos como Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social, Nueva Alianza, y el Partido de los Pobres. En esta dinámica los especialistas consultados refieren que, ante el incremento de violencia en ciertos lugares, sin considerar del todo el partido, implica una menor participación del votante promedio.
El día de elección se vuelve muy complejo para los votantes saber, tener con claridad qué es lo que deben hacer y cumplir con su deber cívico de votar porque cómo votar o para qué votar cuando hay grupos que pueden estar teniendo una gran incidencia desde la postulación de candidatos o en el procesos electorales sobre quién termina ganando, eliminado a unos candidatos y dejando a otros, entonces yo como votante observo que mi voto empieza a perder ese valor, a lo mejor ni siquiera encuentro a mi candidato si lo asesinaron o se tuvo que retirar de la contienda por amenazas, entonces ya no tengo opciones viables para votar, entonces para qué votar”, sostuvo Ley Gutiérrez.
Violencia = abstencionismo
Al hacer una revisión de los resultados en las elecciones federales de 2006 y 2012 se aprecia un índice importante de abstención en aquellas entidades donde de forma histórica o derivado de la incidencia en el marco electoral concentran la mayor cantidad de hechos violentos que tienen que ver con ataques contra las autoridades y la permanencia de condiciones que imposibilitan la realización de los procesos, incluso desde la manifestación de aspirantes, quienes son asesinados antes de ser electos.
Tras los comicios de 2006 donde hubo un porcentaje de abstención del 41.45% a nivel nacional, pero los estados donde se superó esa media fueron Guerrero con 53.53% de abstención, Baja California con un índice de 53.03%; Chiapas y Chihuahua con un abstencionismo del 50.94 y 51.24 por ciento, respectivamente, y Michoacán con un 49.36 por ciento.
Para las elecciones de 2012, el nivel de abstencionismo a nivel nacional se ubicó en 36.92%, mientras que los estados que reflejaron un mayor índice del mismo fueron Michoacán con 47.5%, Chihuahua con un 46.8%, Baja California, 46.22%; Sonora, 42.16%; Quintana Roo y Tamaulipas con 41.88 y 41.54 por ciento.
Imposible entrar…
En algunos lugares va a ser imposible llevar a cabo elecciones, puede haber no instalación de casillas, robo de paquetes electorales, puede haber una verdadera injerencia en la voluntad de los electores y en los resultados electorales a partir de estos hechos de violencia. La violencia puede generar irregularidades realmente graves y pueden llevar a la nulidad de las elecciones y que no se puedan celebrar comisiones en zonas del país por los altos índices.
Ahorita están los capacitadores del INE buscando a los funcionarios de casilla y bueno de entrada ya están en una situación de riesgo porque hay lugares donde ni siquiera pueden entrar”, aseguró Espinosa Silis.
Para el profesor especializado en derecho constitucional y electoral, la responsabilidad de garantizar la libre y segura realización de las elecciones recae directamente en las instituciones de justicia y seguridad encargadas precisamente de propiciar estas condiciones, en lo cual las autoridades electorales poco pueden incidir más allá de generar exhortos y llamados para que dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, en coordinación con las instancias correspondientes en esos ámbitos a nivel local, toda vez que los delito de violencia política como tal, es decir un atentado o ilícito de violencia con fines políticos no se encuentra tipificado de esta forma.
Con base en el registro que ha seguido ejecentral, la mayoría de los homicidios dolosos de personajes políticos han afectado a miembros y exmilitantes del PRI, seguidos por políticos adheridos al PRD.
A nivel federal se elegirá Presidente de la República, 128 cargos en el Senado de la República y 500 escaños en la Cámara de Diputados
La crisis que no se atendió
El hecho de que las autoridades electorales o los gobiernos federal o estatales, en el marco de sus atribuciones, soliciten la intervención de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar el libre ejercicio democrático del próximo 1 de julio, apuntó Sandra Ley, no resulta una solución a un problema que desde hace por lo menos una década se generó y se ha venido agudizando ante la carencia de una política en materia de seguridad efectiva.
En la violencia no se tiene claro cuando se trata de una violencia del crimen organizado o de otras manifestaciones de la misma, independientemente de la fuente de la violencia, la gente se siente cada vez más insegura y es difícil saber a quién atribuir esa responsabilidad.
Los tres niveles de gobierno pueden tener una gran responsabilidad, de distintas maneras, por omisión, por comisión, entonces se vuelve difícil para el votante saber a quién premiar y más aún en estos comicios con tantos estados y municipios con elecciones concurrentes. Y se vuelve aún más difícil para el votante cuando los partidos han desdibujado todas las ideologías, y hace falta, como ocurrió desde 2012 propuestas concretas sobre el tema de seguridad y violencia”, detalló.
En esta cadena de responsabilidades, la investigadora aseveró que tanto el presidente de la República como los gobernadores tiene un papel y responsabilidad en el tipo de política de seguridad que se ha hecho.
La presencia de las Fuerzas Armadas, añadió, “puede atemperar ciertas amenazas en algunos lugares, puede dar confianza a algunos votantes a otros no tanto, pero lo que subyace para dar mayor seguridad en los comicios no es la presencia del Ejército es la transformación de la forma de la política de seguridad, y la construcción de un estado de derecho”.
Depende el tono…
En el caso de las encuestadoras la situación no es diferente, pues ante los peligrosos que tiene su personal para levantar las informaciones de preferencias el mapa de los lugares o zonas con más inseguridad son constantemente cambiantes, y en muchos de los casos la hostilidad de los habitantes se deriva del tono del discurso que usan los candidatos ahora de cara a las campañas, explicaron los representantes de casas encuestadoras consultadas.
En las elecciones de 2006, cuando estaba muy polarizada la situación política en el país, lo que provocó no fue tanto un tema de inseguridad o violencia hacia los encuestadores, sino que se generó un clima de rechazo generalizado hacia las casas encuestadoras.
La violencia política a nosotros nos concierne o nos preocupa más bien por la inseguridad en general. Nuestro personal está todos los días recorriendo el país, todos los rincones, zonas urbanas zonas rurales. Siempre que haya niveles de inseguridad altos nos afecta, no tanto la violencia política, porque bueno eso se da entre los mismos actores y nosotros y nos mantenemos al margen”, consideró Marcelo Ortega, socio fundador de “Consulta Mitofsky y actual presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE).
Con base en el registro hecho por este semanario, en comparación con lo señalado por los encuestadores, Guerrero se ubica entre los puntos más complicados para llevar a cabo su labor y le siguen Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, e incluso la propia Ciudad de México donde si bien no hay un riesgo de sufrir un ataque armado, sí hay ciertos puntos en las demarcaciones donde es preferiblemente para el encuestador no acudir en ciertos horarios.
De acuerdo con Marcelo Ortega, en el intento de mapear la situación de inseguridad por regiones o zonas del país resulta un fenómeno bastante cambiante, pues cuando se genera una serie de hechos violentos en ciertos lugares al paso de unos meses se desvanece, y aparecen en otros puntos donde anteriormente no había ese tipo de conductas.
Hay algunas zonas que ya llevan varios meses o años diría yo siendo complicadas, pero por decir alguna ubicamos la franja norte de Tamaulipas donde siempre es complicado trabajar y es donde tienes que aplicar ciertos protocolos extra de seguridad, Guerrero es otro caso, casos como Chilpancingo, Acapulco y otros municipios, también puede haber zonas en la misma ciudad de México como en la Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa donde debemos tomar precauciones de horarios con los equipos”, explicó.
Francisco Abundis, director de Parametría, reconoció que sí existe cierto temor de qué tanto pudiera afectarles la situación de violencia en este contexto electoral. El día de elección e incluso días previos a la misma se registran operaciones de grupos interesados en generar inestabilidad en el proceso, y eso los coloca como un blanco fácil, debido a que lo que buscan es precisamente llamar la atención mediáticamente para generar distractores.
Si nos ha pasado que no nos dejan trabajar o que nos ‘levantan’ a algunos encuestadores porque si a alguien le interesa crear un ambiente de caos pues somos un elemento muy vulnerable porque somos un objetivo muy fácil y si encima quieren hacer ruido somos muy ruidosos porque se sabe perfectamente cuando pasó algo (…) Creo que sí corremos peligro en particular con estos actores que pudieran estar interesados en enviar alguna señal, ya no tanto para influir en el proceso electoral que ese ya sería al final sino más bien para que no sea una elección normal”, aseveró.
La mañana del 31 de diciembre, en víspera de la celebración de año nuevo, Adolfo Serna Nogueda publicó en su perfil de Facebook: “prioricemos la unidad, en este viaje todos cabemos, todos somos importantes”. Al filo de las 9:30 de la noche, cuando muchas familias compartían la última cena del año, Adolfo fue asesinado a quemarropa justo afuera de su domicilio en el centro de Atoyac. El nombre del empresario de 35 años era el que tenía mayor resonancia para ser el abanderado del PRI y el Verde Ecologista para contender por la alcaldía.
El 21 de febrero parecía que iba a ser un día normal en el restaurante “Toreo” de la colonia Campo de Aviación en Chilapa, Guerrero. La dueña, Antonia Jaimes Moctezuma se encontraba supervisando el que todo estuviera listo pues se acercaba la hora de la comida, pero alrededor de la 1:30 de la tarde, dos hombres entraron al local y sin mediar palabra la asesinaron a balazos, después huyeron en motocicleta. “Toña” como la conocían buscaba ser diputada local por el PRD para el distrito 25 del mismo municipio del que fue regidora entre 2012 y 2015.
Cuatro días después de ese crimen, Dulce Anayeli Rebaja Pedro, también aspirante a una diputación por el mismo distrito 25 de Chilapa fue asesinada y su cadáver abandonado en un camino de terracería en la zona conocida como Agua Zarca, sobre la carretera Chilapa-Atzacoaloya Apenas un día antes de su fatal desenlace, la joven de 28 años de edad acudió en compañía de sus familiares al Comité Directivo estatal del PRI en Chilpancingo para tomar protesta como presidenta del Movimiento Territorial de ese partido en Chilapa. Dulce, quien fue asesinada junto con su primo, Crescencio Rebaja Bello, se desempeñaba como directora en la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas en la actual administración, mientras que su primo laboraba como policía estatal.
Ninguno de los crímenes ha sido resuelto y en promedio, cada semana, se registran dos más.
