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Juan Carlos Lastiri es el primer subsecretario detenido por estar ligado al uso de programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales, caso conocido como La estafa maestra. También es el quinto funcionario del equipo de Rosario Robles con una orden de aprehensión por su probable relación con el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario.
En 2012 fue subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, donde encabezó la firma de un convenio multianual por 338 millones de pesos, que es investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que le ganó una denuncia penal en octubre de 2015. Después se integró como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, también con Rosario Robles Berlanga, hasta 2018, cuando renunció para ser candidato al Senado de la República. En ambas dependencias, Robles tuvo a su cargo a José Antonio Orozco, quien firmó dos convenios: en abril de 2013 con la Universidad del Estado de México por 338 millones de pesos; y en septiembre de 2014 con la Universidad de Morelos por 77 millones de pesos; ambos con denuncias penales.
María del Carmen Gutiérrez Medina también estuvo en las dos dependencias, y se convirtió en una pieza clave para la Fiscalía General de la República, al identificar edificios desde los que, presuntamente, funcionarios de la gestión de Robles Berlanga falsificaban documentos. Marco Salvador Ibarra ocupó cargos en Sedatu y Sedesol, donde firmó convenios con la Universidad de Zacatecas, la Politénica de Chiapas y la Politécnica de Quintana Roo por más de 313 millones de pesos, con los que hay una denuncia penal desde 2017. El directivo de Sedesol y Sedatu, Armando Saldaña, también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el uso indebido de atribuciones y facultades por el presunto desvío de 185 millones de pesos.
