CIUDAD VICTORIA, Tamps. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (2005-2010), fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y lavado de dinero. Tras la captura el priista fue internado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria. A través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, Hernández Flores realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de mil 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, que son patrimonio del estado, y cuyo valor real era de 866 millones de pesos. Según precisó la dependencia en un comunicado, para la operación de compra-venta participaron las empresas Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington, antecesor de Hernández en el gobierno de Tamaulipas, y GMC, S.A de C.V. de Altamira, propiedad de Berlanga Bolado, exsecretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Hernández Flores. Tanto la constructora de Cano como la de Berlanga se convirtieron en las favoritas para la realización de obras y obtuvieron contratos millonarios para realizar obras en los sexenios de Tomás y Eugenio. Cabe recordar que ambos exgobernadores enfrentan órdenes de aprehensión en Estados Unidos. Mientras Yarrington espera resolución sobre su extradición en Italia, EU también ha pedido que Hernández Flores sea juzgado en su territorio.
Situación jurídica la definirá Juzgado Segundo
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas informó que la detención del exgobernador Eugenio Hernández la realizaron agentes de la Policía Ministerial del estado, producto de la orden de aprehensión liberada el pasado 4 de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, de Ciudad Victoria, por la probable comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En breve conferencia de prensa, el fiscal Javier Castro Ormaechea, explicó que dicha orden se giró luego de que la Fiscalía ejercitó acción penal y solicitó la captura del exmandatario tamaulipeco el 28 de septiembre. Castro Ormachea detalló que el origen de la averiguación es a partir de la apropiación de una superficie de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio del estado, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, con un valor de mil 584 millones de pesos. El fiscal confirmó que Hernández Flores fue ingresado al centro de sanciones de la ciudad desde esta mañana, donde debe esta tarde rendir su declaración preparatoria ante el juez competente. Puntualizó que debido a la secrecía de la investigación, como establece el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se podrán proporcionar mayores informes. Afirmó que la situación jurídica del exgobernador quedará en manos del Juzgado Segundo Penal, una vez que rinda su declaración y que proporcionarán más información conforme se vaya oficializado su proceso.
Asociación delictiva
Los terrenos del Puerto Industrial de Altamira fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira, y en 1995 la federación los transfirió en donación al gobierno de Tamaulipas a través de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces gobernador, Manuel Cavazos Lerma. En 2001, Yarrington Ruvalcaba impulsó el “Fideicomiso Nuevo Santander” que debía fomentar el desarrollo Industrial del Estado y bajo ese esquema, varias propiedades del patrimonio estatal como las del Puerto de Altamira, se transfirieron al Fideicomiso para su administración. Un año después (2002), impulsó una iniciativa para que el congreso de Tamaulipas cediera el terreno de Altamira al Fideicomiso y un mes después, “el Fideicomiso vendió las hectáreas a Cano Martínez a un precio ‘irrisorio’ de .87 centavos el metro cuadrado” por el cual pagó un total de 14 millones, en contraste con su valor real de ese año, que era de 866 millones de pesos. En 2007 la empresa Materiales y Construcción propiedad de Fernando Cano realizó una operación de venta de los terrenos a GMC, propiedad de Alberto Berlanga, por dos millones más, un valor de 16 millones de pesos cuando el precio real era de mil 54 millones de pesos Al desincorporar las hectáreas del Fideicomiso y venderlos a su prestanombres, Yarrington incurrió en el delito de peculado (malversación de fondos públicos).
Piezas clave
Los testigos protegidos identificados como Ángeles, Óscar y El Pitufo fueron piezas clave de la Procuraduría General de la República (PGR) en el expediente penal que integró desde el 2009 contra los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, además de sus coacusados, a quienes señalan de utilizar recursos del narcotráfico para sus campañas políticas, y de recibir sobornos de cárteles que después utilizaron para adquirir bienes inmuebles en México y Estados Unidos. La carpeta de investigación PGR/ SIEDO/ UEIDCS/12/2009, fue integrada en el 2009 durante la gestión del presidente Felipe Calderón, en la cual se señalan a varias personas como prestanombres del exgobernador Tomás Yarrington, entre estos Napoleón Rodríguez de la Garza, Sonia de Pau García, Fernando Cano Martínez, Farough Fatemi Corcuera, Alberto Bolado Berlanga, Gabriel Maldonado Pumarejo, Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, y Pablo Zarate Juárez, alias el Gigantón, todos empresarios tamaulipecos. También ha sido señalada por las autoridades estadunidenses Susana Hernández Flores, la hermana de ex gobernador Eugenio Hernández Flores, mismas autoridades que en el 2012 buscaron confiscar una residencia de su propiedad ubicada en el domicilio Cueva de Oro 2001, en Austin, Texas, cuyo valor aproximado en el mercado era en ese año de 400 mil dólares. Actualmente Susana Hernández es diputada local del PRI por la vía plurinominal y además presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Tamaulipas. En la integración de esta indagatoria la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recurrió a la colaboración del testigo Ángeles, cuya identidad al parecer corresponde a Antonio Peña Argüelles, quien se encuentra preso desde el pasado el mes de febrero de 2012 acusado por la Fiscalía Federal del Sur de Texas de delincuencia organizada y lavado de dinero por haber recibido más de cinco millones de dólares del Cartel de los Zetas, como pago de protección gubernamental y política para las operaciones del Cartel delictivo en el estado de Tamaulipas. Peña Argüelles siempre fue señalado de ser el enlace entre los líderes del Cártel del Golfo-Los Zetas y políticos tamaulipecos como Yarrington y Hernández Flores. Mientras que el presunto sicario de Los Zetas, Ricardo López Ortiz o Fernando Sandoval Martínez, El Pitufo, el mismo que testificó contra el mando de la Policía Federal Javier Herrera Valles, también fue pieza clave en este caso, para señalar, al igual que otro testigo conocido como Óscar, conocían los sobornos millonarios que recibieron Yarrington y Hernández Flores, por parte de la organización criminal a cambio de protección y permitir sus operaciones. Entre sus declaraciones de ambos personajes aseguraron ante el Ministerio Público de la Federación que parte de los recursos fueron destinados para financiar sus campañas políticas, y que para ocultar parte de los fondos contaron con apoyo de empresarios como Eduardo Rodríguez Berlanga, para adquirir diversas propiedades
Señalado por El Rey de los Dragones
Eugenio Hernández fue uno de los cinco exgobernadores mexicanos, que fueron acusados por el empresario Luis Carlos Castillo ,El Rey de los Dragones, quien se convirtió en testigo protegido, luego de ser juzgado por sobornar a funcionarios mexicanos y ayudarlos a lavar dinero en bancos de Estados Unidos. Castillo Cervantes reconoció en sus declaraciones que pagó sobornos al exmandatario tamaulipeco Eugenio Hernández, quien cuenta con cargos en Corpus Christi. En abril, una investigación de ejecentral reveló que a través del International Bank, El Rey de los Dragones, operó para que exgobernadores como Jorge Juan Torres y Eugenio Hernández Flores lavarán “decenas de millones de dólares”, desde sus estados a través de manipular el sistema bancario.
Acusaciones en EU
Contra el exmandatario mexicano pesan dos órdenes de aprehensión en Estados Unidos, donde es acusado por lavado de dinero y facilitar operaciones ilegales de transferencias de dinero. En junio de 2015, el departamento de Estado informó que la Corte Sur de texas acusó al priista de conspirar con instrumentos monetarios junto con su cuñado Óscar Gómez Guerra. La denuncia fue presentada desde el 27 de mayo de ese año. La acusación incluía un aviso de confiscación de dos millones de dólares en cuatro propiedades, tres de ellas ubicadas en McAllen y la otra en Austin. En agosto pasado obtuvo un amparo que lo protegía contra cualquier orden de aprehensión, búsqueda, localización, presentación o citatorio en relación a la carpeta de investigación 09/2017, fijándosele una garantía de 6 mil 500 pesos. Hernández Flores es sucesor de Tomás Yarrington quien actualmente se encuentra preso en una Florencia, tras haber sido capturado el 9 de abril en Italia. Se ha citado a una conferencia de prensa durante el transcurso del viernes para detallar más información de su captura. ES DE INTERÉS | Destapan en EU cloaca mexicana Casas de Eugenio Hernández valen 30 mdd Testigo en EU acusa a 5 exgobernadores
