Los Pliegos de Observación, una de las principales herramientas con que cuenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para señalar irregularidades presupuestales y recuperar recursos públicos, cada vez son más escasos y menos efectivos.
Desde 2012, cuando por cada pliego de observación se recuperaban 6.3 millones de pesos, en promedio, la efectividad de este recurso ha ido descendiendo paulatinamente hasta alcanzar un mínimo histórico de 0.16 millones de pesos por cada pliego en la Cuenta Pública de 2020.
En la primera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2021, el informe más reciente de la ASF, se realizaron 207 auditorías de las que se derivaron 75 pliegos, lo que da un promedio de 0.36 señalamientos puntuales por cada investigación.
Esto representa un mínimo histórico, pues en 2012 se elaboraban 1.6 pliegos por cada auditoría; en 2016 eran 1.4, en 2019 1.1 y en 2020 0.71 pliegos.
Los pliegos de observación, de acuerdo con la normatividad de la propia ASF, son las acciones que se emprenden para determinar en cantidad líquida los daños a la Hacienda o al patrimonio de los entes públicos. Su relevancia estriba en que exhorta a las instituciones a solventar deficiencias en el gasto y permite cuantificar los montos en que hay irregularidades.
La caída de los principales indicadores de la ASF ha llevado a especialistas en rendición de cuentas a plantear la necesidad de una reforma al papel del órgano fiscalizador debido a que ha dejado de ser útil en la lucha anticorrupción.
Dato. 0.16 millones de pesos se han recuperado por cada pliego en la Cuenta Pública de 2020.
En el Informe País 2020 sobre Combate a la Corrupción en México, elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, se establece que la lucha contra este flagelo ha fracasado, entre otros motivos, por la “procrastinación de las obligaciones y funciones necesarias para darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción”, del cual forma parte la ASF.
El documento señala que “las recomendaciones formuladas no modificaron las prácticas detectadas como discrecionales ni se utilizó el criterio de inteligencia institucional para corregirlas, por lo que se repitieron las mismas áreas de riesgo reconocidas en ejercicios fiscales previos”.
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