Búsqueda de desaparecidos, 'lucha social' que requiere impulso

25 de Noviembre de 2024

Búsqueda de desaparecidos, ‘lucha social’ que requiere impulso

Búsqueda de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, 26SEPTIEMBRE2021.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes de distintas escuelas normales, marcharon por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

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Daniel Augusto/Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, 26SEPTIEMBRE2021.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes de distintas escuelas normales, marcharon por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
Foto: Cuartoscuro

La falta de apoyo de las autoridades es la constante en un país con más de 111 mil desaparecidos demuestra que se trata de una lucha social que va a contracorriente

La creación del Centro de Identificación Humana y la salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) son dos hechos que dejaron de manifiesto la deuda que tiene el Estado mexicano en el tema de las desapariciones. Como la califica la UNAM, la búsqueda de personas es una lucha social, la cual carece no solo del apoyo de las autoridades, sino de las herramientas para llevarse a cabo de forma eficaz.

En agosto del año pasado, durante el evento para inaugurar las adecuaciones al inmueble que será la sede del Centro de Identificación Humana, el subsecretario Alejandro Encinas aseveró que las fiscalías estatales y la General de la República mantienen un amplio rezago en la identificación forense.

Ahí mismo, la aun titular de la CNBP señaló que la identificación forense es una forma de buscar a los desaparecidos. Y advirtió que se trata de una labor que requiere un enfoque masivo y multidisciplinario.

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Estas declaraciones reforzaron la necesidad de impulsar, desde lo social y desde los gobiernos, la búsqueda de personas. Tal y como volvió a quedar en evidencia con la salida de Karla Quintana de la Comisión de Búsqueda, concretada hace unos días.

Y es que, con su renuncia, familiares de desaparecidos e integrantes de colectivos de búsqueda se quejaron de la falta de sensibilidad y compromiso por parte de la ahora excomisionada. Silvia Ortiz, vocera de Grupo Vida, remarcó que es demasiado lo que quedó a deber en cuatro años y medio de gestión; además, la representante del colectivo de búsqueda criticó la falta de iniciativa de la CNBP, toda vez que las búsquedas que se hicieron fueron a petición de las familias, no por un plan de acción de la Comisión.

La UNAM busca contribuir a la causa

A pesar de la denunciada falta de apoyo por parte de las autoridades, la Comisión de Búsqueda ha dado muestra de acción. Como lo demuestra la colaboración que hizo con la UNAM para capacitar a estudiantes de Ciencias Forenses y, con ello, buscar apoyo en sus labores y fortalecer el surgimiento de profesionales en la materia; así como la creación de la Escuela Nacional de Ciencia Forense (ENaCIF), la primera de su tipo en nuestro país.

Dos testimonios de esta alianza hablaron del tema y algunos de los puntos que lo contextualizan. Se trata de Diana y Ashley, estudiantes de Ciencias Forenses que hicieron su servicio social en la CNBP y pasaron a formar parte de le Comisión desempeñándose profesionalmente.

Es una lucha social en la que también se puede aportar desde lo científico y social. Podemos sumar, y la carrera nos da cimientos tanto científicos como sociales”, externó Diana, quien aseguró que su trabajo es una forma de brindar acompañamiento a las familias de desaparecidos.

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Por su parte, Ashley Gómez compartió que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa la motivó a estudiar Ciencias Forenses. Al respecto, señaló que como profesional en el sector le permite “estar del otro lado y ver los retos a los que afrontas como institución o nos enfrentamos actualmente (como país), (lo cual) cambia la perspectiva” (de la vida)”.

En cuanto al enfoque multidisciplinario que se requiere, Ashley señaló el aporte de los geógrafos, quienes, al igual que “gente de otras áreas”, aporta “conocimientos para ahondar más en los temas y robustecer los casos”.

Cifras advierten el tamaño de la situación

El país totaliza más de 111 mil casos de desaparecidos, cifra que contempla de la década de 1970 al actual año. Pero la situación ha ido al alza en los últimos años, como lo demuestran las estadísticas de Statista.

De acuerdo con la empresa de origen alemán, en los últimos 17 años se han presentado la mayor parte de los casos. Entre enero de 2006 y agosto de 2023 se registraron 95 mil 900 personas desaparecidas en el país, demuestra un estudio, en el cual se acota que más del 50% de los casos se presentaron a partir de 2018, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Para 2019, el primero de la administración de López Obrador, se tiene el registro más alto con 9 mil 225 casos.

Por otro lado, del total de casos apenas poco más de 52 mil cuentan con registro oficial; esto se agrava al saber que de dicha cifra solo se cuenta con información genética de 15 mil de ellos.

Esta situación refleja que la problemática de las desapariciones no se trata de una responsabilidad de un solo gobierno. Dentro de las circunstancias y responsabilidades que cada administración tuvo y tiene, la raíz va más allá y cataloga el tema como un asunto de Estado.

Responsabilidades compartidas

Ante la falta de compromiso por parte de las autoridades (como lo denunció la vocera de Grupo Vida tras la renuncia de Karla Quintana) surgieron colectivos de búsqueda, muchos de ellos conformados por madres de jóvenes desaparecidos, que se dedican a realizar labores con sus propuso medios y recursos.

Como lo han señalado integrantes de estos grupos, la responsabilidad compartida no es opcional. Padres, madres, hermanos, primos y amigos de personas desaparecidas asumen el rol que es obligación de las autoridades para no vivir en espera.

En este sentido, el INEGI dio a conocer el panorama de los servicios forenses en México. De acuerdo con el informe “Servicios periciales” de 2021, las instancias encargadas del servicio médico forense recaen en los gobiernos estatales en su totalidad, con algunos casos donde interviene otro de los poderes del Estado a nivel local.

De acuerdo con el estudio, en 21 de las 32 entidades del país son las Procuradurías o Fiscalías las que están a cargo; en ocho es, además de ambas dependencias, el Poder Judicial; en dos entidades son las Procuradurías o fiscalías y la Administración Pública Estatal; y solo en Jalisco es la Administración Pública Estatal la encargada de este tipo de servicios.

Lo anterior deja de manifiesto que si las autoridades no entienden la magnitud de la problemática y persisten en su falta de apoyo en las labores de búsqueda de desaparecidos, que como aseveró Karla Quintana, encuentran en la identificación forense un apoyo, la problemática solo se acrecentará.

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