Buscan interrogar a directivos de Cruz Azul

23 de Febrero de 2025, 06:25

Buscan interrogar a directivos de Cruz Azul

La acusación en la FGR señala a jueces y abogados de estar involucrados en la trama de la cementera, los funcionarios judiciales serían los mismos que ordenaron detener al matrimonio Álvarez Puga y Gómez Mont

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Dictámenes contables, copia de las actas de la Asamblea General de Socios, las documentales púbicas que dieron lugar a la primera carpeta de investigación, el organigrama y hasta la copia del acta y bases constitutivas de la empresa que datan de abril de 1940, forman parte de los actos de investigación solicitados al Ministerio Público Federal en la acusación contra Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, actuales directivos de la Cooperativa la Cruz Azul, señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta.

De acuerdo con los oficios presentados y aceptados tanto a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y a la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, la parte demandante (que representa a una parte de los cooperativistas) requirió como medios de prueba las comparecencias de Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel, titulares de los Consejos de Administración y Vigilancia de la empresa cementera.

Lo mismo se pide la presentación del resto de funcionarios y exfuncionarios quienes —pese a ostentar durante varios años cargos directivos, de vigilancia, administrativos, como en la tesorería y en la dirección comercial—, fueron omisos en denunciar el esquema de desvío de recursos que lideró, de acuerdo a las acusaciones, el exdirector general de la cooperativa y actualmente prófugo, Guillermo Álvarez Cuevas.

Dentro de la denuncia, en la cual se pide a las autoridades responsables el recabar “todos los datos de prueba que resulten idóneos o pertinentes para acreditar los hechos con apariencia de delito denunciados”, también se solicitan las declaraciones de la extesorera general de la cooperativa, María Alejandra Velázquez Paredes, y Jorge Cruz Romero, quien entre los cargos que desempeñó en Cruz Azul se incluye el de segundo vocal del Consejo de Administración.

Y de Héctor Lara Avendaño, integrante de dicho Consejo y titular de la Comisión de Conciliación y Arbitraje; de Juan Manuel Briseño González, tesorero y director financiero de la empresa entre 2003 y 2016, así como de Delfino Pérez Rivero, actual titular de la Comisión de Conciliación y Arbitraje.

Todas las personas mencionadas en la solicitud, según lo establecido en la denuncia penal de la que este periódico dio cuenta en agosto pasado en el reportaje “Cruz Azul, el botín interminable”, habrían probablemente incurrido en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, operación fraudulenta y lo que resulte; luego de haber ocupado cargos, vigentes en el caso de los actuales directivos, en los que recibieron y ejecutaron órdenes que permitieron el sistemático desvío de los recursos de la cooperativa durante, al menos, el periodo de 2011 a 2017.

directivos de Cruz Azul

Los casos se cruzan

A finales de septiembre pasado, la base trabajadora de la compañía solicitó la intervención del Estado mexicano a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras autoridades, “para frenar las afectaciones a su patrimonio causadas por las corruptelas de un grupo encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez que continúan haciendo de las suyas en complicidad con autoridades judiciales”, acusaron socios de la cooperativa a través de un comunicado.

Y es que la denuncia de los cooperativistas en contra de los actuales dirigentes, sobre de quienes también hay una solicitud a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que “se indaguen los recursos y movimientos financieros de los denunciados por delitos graves”, que en el caso de la delincuencia organizada amerita el imponer la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, involucra a autoridades judiciales y abogados que han tenido relación en la trama cementera, pero también en otros casos como la acusación en contra del matrimonio del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont, actualmente prófugos al haber obtenido una orden de aprehensión en su contra de la FGR por lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Tal es el caso del abogado Guillermo Barradas, exrepresentante de Javier Duarte (exgobernador de Veracruz preso por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero) y quien además de fungir como la defensa legal de Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel —en contra de lo que el propio Barradas señaló públicamente como el final de la “dictadura” de Guillermo Álvarez Cuevas—; también es el representante de la pareja Álvarez-Gómez en contra de quienes hay una ficha roja de la Interpol para localizarlos en más de 190 países.

La estrategia jurídica del litigante Barradas para afianzar a sus clientes en sus actuales cargos directivos, plantea la acusación, no habría sido posible sin las resoluciones del juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, quien fue señalado por una actuación parcial en favor de los hoy líderes cooperativistas, y que recientemente fue denunciado ante la FGR por desacato, al no haber atendido la suspensión de amparo que ordena la devolución de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) al patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa.

En un sentido similar, el juez 60 de lo Civil en la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, también acusado de desacato en el caso de la UDLAP, ha sido señalado por los cooperativistas de haber actuado a favor de Víctor Velázquez y José Antonio Marín, al reconocer el Consejo de Administración “sin sujetarse a los procesos de ley, ni reconocer las fallas y violaciones procesales”, según denunciaron parte de los socios en agosto del año pasado.

Se solicite a las fiscalías de las 32 entidades federativas antecedentes de los actuales directivos de Cruz Azul, “particularmente en los que aparezcan directamente relacionados o implicados en carácter de imputados”, plantean los oficios.