A cinco años de su desaparición y de echar abajo la “verdad histórica”, el gobierno federal busca con vida a los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado de dar buenas noticias a los familiares de los jóvenes, “no lo descarto, no me doy por vencido. Creo que vamos a llegar a la verdad”.
Aseguró que todo el gobierno actúa para revelar los hechos, que calificó como un crimen de Estado, en el que participan todas las instituciones para esclarecerlo.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a pregunta expresa de ejecentral aseguró que la búsqueda con vida de los normalistas es una de las dos líneas de investigación que se siguen en el caso.
“Lo hemos señalado desde un principio, tenemos dos líneas de investigación, la búsqueda en vida es una de las demandas fundamentales de los padres de familia, y también la búsqueda en destinos finales”, detalló.
El funcionario reveló que se detectaron más de 80 millones de registros de llamadas en cuatro años, 206 mil fueron de interés y 84 mil pertenecían a una red primaria que fue señalada como prioritaria, pero que ninguna fue a algún grupo de la delincuencia organizada. Éstas fueron realizadas por 116 números telefónicos, durante las horas críticas con llamadas a sujetos de relevancia, aunque no quiso detallar más por parte de la investigación.
Como lo dio a conocer ejecentral, al menos 27 números de teléfonos celulares de los normalistas, continuaron operando seis semanas después del ataque en Iguala; esas líneas mantuvieron el mismo patrón de comportamiento que tenían sus dueños antes de desaparecer, revela un análisis del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y que entregó a la entonces Procuraduría General de la República.
Gildardo Astudillo “El Gil”, confirmó Encinas Rodríguez, sí fue trasferido al Reclusorio Norte para ejercer el principio de oportunidad a cambio de información, pero la que proporcionó no llevó a ningún resultado.
Aunque en “crímenes de Estado” es difícil llegar a la verdad, dijo el Presidente, aseguró que este caso no quedará impune; que no existen obstáculos para tener investigadores y observadores para apoyar a la aclaración del caso.
Ante esto, el gobierno federal ofreció una recompensa de un millón 500 mil pesos a quienes proporcionen información que lleve a la localización de los 43 estudiantes, además de protección y seguridad.
Para la información que ayude a dar con el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, la administración lopezobradorista ofreció una recompensa de 10 millones de pesos; uno de los principales sospechosos de perpetrar la desaparición de los estudiantes, señalado de delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro.
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