Cerca de 250 trabajadores sindicalizados de la administración municipal y estatal del gobierno de Baja California realizaron un embargo simbólico de la residencia del exgobernador Francisco “Kiko” Vega a quien acusan de ser el responsable de la falta de pagos a pensionados y jubilados.
Además, afiliados al Sindicato Estatal de Burócratas presentaron ante la Fiscalía del estado una denuncia contra el exmandatario por el presunto desvío de 863 millones de pesos en recursos públicos.
En la mansión del exgobernador, ubicada en el fraccionamiento residencial Cumbres de Juárez, en la avenida Maltrata, y valuada en cerca de dos millones de dólares, los trabajadores colocaron una manta con la leyenda “Propiedad en proceso de embargo”.
La misma lona tenía un breve texto en el que se leía “Por adeudo al Issstecali, falta de medicamentos, jubilaciones, hemodiálisis y hasta papel de baño”.
Sobre la denuncia, los el vocero del movimiento José Luisa Parra puntualizó que “el sindicato le prestó al gobernador 863 millones de pesos que se utilizaron para pagarle al magisterio, pero nunca se consultó a los trabajadores para hacer uso de ese dinero con ese fin”.
Los trabajadores igualmente hicieron una llamado al Presidente de la República para aplicar en el inmueble la extinción de dominio, subastarlo y pagar a las personas que no hay recibido su pensión.
