CHIHUAHUA | DIARIO DE CHIHUAHUA
Sale caro al Congreso sesionar en Juárez
Trasladar el Congreso estatal
a Ciudad Juárez ha representado para el Poder Legislativo, luego de tres sesiones ordinarias en esta frontera, un gasto de un millón 178 mil 400 pesos.
De acuerdo con información de la Secretaría Administrativa y de la Unidad de Transparencia del Congreso, el costo de cada sesión es de 184 mil pesos, más un gasto único de 626 mil 400 pesos por la adquisición de equipo electrónico para la votación de los 33 diputados.
De 184 mil pesos se desprenden partidas para viáticos por 122 mil 436 pesos para los alrededor de 25 empleados del Congreso que tienen que viajar desde la capital de Chihuahua.
También de ese presupuesto se destinan 24 mil 932 pesos para transporte, 25 mil 835 para bocadillos, bebidas y decoración, además de un pago de 5 mil pesos para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por prestar las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras, declarado recinto oficial.
CARTÓN
EL POPULAR | PUEBLA
Estrategia de seguridad | Guardado
La República en cifras
La inversión extranjera directa (IED) en la fabricación de autopartes en Querétaro ascendió a 313.8 millones de dólares durante 2018, un crecimiento de 19.7 por ciento respecto a 2017.
Las cadenas de proveeduría de empresas de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Japón potencializaron esta actividad que de 1999 a 2018 sumó dos mil 165.4 millones de dólares.
En el último año, la participación de capital foráneo tuvo sus altas y bajas en los diferentes segmentos que conforman el sector autopartero queretano, aunque con un saldo positivo en sus subsectores.
ZONA NORTE
SINALOA | RÍODOCE
Penales de Sinaloa, reprobados por la CNDH
Los penales del estado no tuvieron ninguna mejora en las condiciones para los reos en el último año.
A pesar de que en 2017, la Comisión Nacional del Derechos Humanos hizo señalamientos de las deficiencias, en el resultado de evaluación de 2018 vuelve a señalar lo mismo. IIncluso la calificación que el organismo otorgó para el año pasado es la más baja desde 2015.
En el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2018 los penales del estado obtuvieron calificación de 5.62, en el de 2017 fue de 5.64, en 2016 de 5.88 y en el 2015 fue de 5.65. El diagnóstico lo realiza la CNDH desde 2006 y desde entonces, Sinaloa solo ha logrado calificación superior a seis en dos ocasiones, en 2011 y 2012 cuando obtuvo 6.14 ambos años.
En la evaluación del año pasado los penales del estado se ubicaron entre los peores del país, ya que Sinaloa obtuvo la séptima calificación más baja. Los mejores evaluados fueron los penales de Querétaro y Guanajuato con calificación de 8.21. Para el Diagnóstico la CNDH evaluó los penales de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Angostura.
SAN LUIS POTOSÍ | PULSO DE SAN LUIS
Ayuntamiento con 50 fraccionamientos sin municipalizar
El actual Gobierno Municipal trabaja en el proceso de municipalización de fraccionamientos que a través del paso de varias administración se han quedado rezagados en este trámite, pero no por trabas por parte de la actual autoridad, sino por falta de seguimiento de parte de algunos desarrolladores, declaró el subdirector de Desarrollo Urbano, Juan Antonio Salazar.
Calculó que son más de medio centenar de conjuntos habitacionales los que no han podido concluir con su municipalización, “pero insisto, generalmente es porque los responsables de estas edificaciones no han concluido la urbanización como en su momento se autorizó".
“Es fundamental que los desarrolladores cumplan con las denominadas obras de urbanización, y hasta que las concluyan entonces el Gobierno puede concluir con el proceso de municipalización”.
Aclaró que el que no estén municipalizados los fraccionamientos, “no necesariamente
implica que no cuenten con servicios básicos como agua potable, entre otros. Hay muchos que sí los tienen, aunque la diferencia es que el Ayuntamiento no puede hacerse responsable de esa dotación”.
Es decir, detalló, son servicios que no han sido absorbidos por parte del Gobierno capitalino, pero no por situaciones imputables a la autoridad, sino como ya se explicó es una responsabilidad que le compete al fraccionador.
ZONA CENTRO
GUANAJUATO | POPLAB
Sinhué apresuró monopolio de medicamentos
Cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció, en el periodo de transición, que las cuantiosas compras de medicamentos del sistema nacional de salud se centralizarían para abaratar costos y evitar corrupción, el nuevo gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, ya en funciones, aceleró la licitación de un contrato que buscaba comprometer la adquisición de medicinas y material de curación por los siguientes tres años.
Sin embargo, ante el predecible escándalo que significaba comprometer casi cinco mil millones de pesos en compras por anticipado, a dos meses de haber tomado posesión, el gobierno de Guanajuato decidió licitar solo las compras de 2019.
En el horizonte se cernía el recuerdo del escándalo que afectó a Miguel Márquez durante todo su sexenio y aún después, por un caso similar: la adjudicación de un contrato de arrendamiento para tecnología destinada a la video vigilancia del estado, por dos mil 700 millones de pesos, en los primeros meses de su gobierno, a la empresa Seguritech.
En cambio, Sinhué no tuvo empacho en reasignar la compra de medicamentos de 2019, por un monto de casi mil 600 millones de pesos, a las mismas dos empresas que monopolizaron ese servicio durante seis años de Márquez y cuyo fichaje original ha sido atribuido al poderoso compadre de Miguel Márquez, Rafael El gallo Barba, quien lo mismo otorgaba plazas en el gobierno, que intermediaba para adquisiciones de casi todas las dependencias y quien se ha visto obligado a exiliarse con su familia en Estados Unidos ante el generalizado señalamiento de enriquecimiento inexplicable a la sombra del exgobernador.
JALISCO | EL INFORMADOR
Reciclan acusación por desvío contra 13 ONG
El secretario del Sistema de Asistencia Social, José Miguel Santos, “recicló” la acusación contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fueron favorecidas, mediante ex funcionarios o familiares de éstos, con apoyos de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis).
Detalló que se les entregaron 13 millones 660 mil pesos,
de 2013 a 2018, y no nueve millones. Debido a que el caso ya había sido difundido en abril del año pasado, en plena jornada electoral, este medio buscó a la dependencia para abundar en el tema. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Santos señaló que el 5 de marzo presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen las deficiencias en la integración de los expedientes, las comprobaciones a medias, los recursos entregados de forma sistemática y la probable relación de integrantes de las asociaciones con, al menos, 12 exfuncionarios de la Sedis, que van desde ex titulares, como Miguel Castro, hasta del último nivel.
ZONA SUR
VERACRUZ | E-CONSULTA
Derroches y desaseo en Sistema Anticorrupción
El reajuste al presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que sufrió un recorte de 20 millones de pesos al proyecto enviado en el mes de diciembre del 2018, evidenció el pago de altos salarios a funcionarios al interior del órgano y el incumplimiento en la obligación de cubrir la seguridad social de la estructura administrativa.
La Secretaría solicitó un presupuesto de 40 millones de pesos para el 2019, como parte del ajuste que hizo el Congreso local en febrero de este año el monto se recortó a la mitad, por lo que ahora se tendrá que liquidar a siete trabajadores, reducir los salarios de la plantilla en base al plan de austeridad del gobierno; recategorizar los puestos; y cambiar de sede para reducir la renta.
En la reunión de trabajo, que se prolongó por más de tres horas, se planteó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal de 6 millones 241 mil pesos, y fue con la suma de esos ingresos adicionales como se planteó un reajuste al gasto de este año.
YUCATÁN | YUCATÁN AHORA
Ubican desvío de 40 mdp en municipio de Ticul
Más de 40 millones de pesos, entre recursos federales y estatales, habría desviado el ex alcalde priista de Ticul, Camilo Salomón López, lo cual impide a la actual administración acceder a programas en instancias como la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El ex presidente municipal ha sido denunciado ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por la “desaparición” de 30 millones de pesos estatales, toda vez que no comprobó su inversión; ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un faltante sin comprobar de poco más de 11 millones de pesos y una tercera ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como constancia de la falta de transparencia durante el proceso de entrega-recepción.
En seguimiento a la denuncia que interpuso ante la FGE en octubre pasado, el actual alcalde de Ticul, el panista Rafael Montalvo Mata, presentó hace unos días ante la Auditoría Superior de la Federación en la Ciudad de México la documentación que fundamenta la investigación por los 11 millones de pesos faltantes, que debió ejecutar la administración municipal anterior en el 2017 y que se desconoce en qué se invirtió.
PRENSA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS | THE NEW YORK TIMES
Setenta años de abuso en Boy Scouts
Los Boy Scouts han guardado archivos desde hace décadas que muestran que casi ocho mil voluntarios han sido excluidos de la organización porque habían sido acusados de abusar sexualmente de niños, según una revisión realizada por un experto en abuso sexual infantil.
Estos archivos han sido guardados desde la Primera Guerra Mundial de 1944 a 2016, con
los nombres de siete mil 819 agresores, aunque una parte de los archivos de los Boy Scout se había hecho pública en 2012 como resultado de un juicio en Oregon que involucraba acusaciones de abuso sexual contra un líder scout.
Janet Warren, profesora de la Universidad de Virginia, reveló el alcance de los abusos denunciados cuando testificó como especialista en el juicio de un acusado de abuso sexual infantil en un teatro para niños en Minneapolis.
Warren revisó por cinco años los datos en documentos conocidos como los Archivos de la Perversión, que contenían información acerca de los voluntarios que habían dejado de participar en el grupo “debido a acusaciones razonables de abuso sexual infantil”.
ARGENTINA | EL CLARÍN
Pobreza afecta a 13.1 millones de niños
El año pasado, la pobreza multidimensional más severa –por carencia de ingresos y otras privaciones, en especial por mayor inseguridad alimenticia- entre los niños y adolescentes aumentó de cuatro mil 100 a cuatro mil 700 menores de 17 años. Subió así del 37% al 41% de casi 11.7 millones de niños y adolescentes urbanos. Si incluimos la población rural, en Argentina hay 13 millones de chicos menores de 17 años.
Los datos son del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA). El Informe, presentado por Ianina Tuñón, Coordinadora del Estudio, precisa que los chicos pobres porque viven en hogares con ingresos por debajo de línea de pobreza (monetaria) alcanza al 51,7% con un fuerte incremento de 7.7 puntos durante 2018. Y que si se amplía más allá de lo meramente monetario, considerando carencias de vivienda, de salud o de educación, llega hasta 63.4 por ciento.
Tuñón aclaró que para definir la pobreza multidimensional se consideran seis dimensiones: (1) Derecho a la alimentación, (2) Derecho al saneamiento, (3) Derecho a una vivienda digna, (4) Derecho a la atención de la Salud, (5) Derecho a la estimulación temprana (0-3 años), Educación (4-17 años), y (6) Derecho a la información.
EL SALVADOR | REVISTA FACTUM
Niños presos
En un breve recorrido del paso de los abogados por la Presidencia de Colombia. Según los expertos, casi
50% de los mandatarios, entre titulares o encargados, han tenido esta profesión.
En la historia moderna de Colombia, se contabilizaron 21 mandatarios con la carrera en Derecho en el siglo XIX y 19 en el XX. En lo que va de esta centuria hay dos, entre ellos el actual mandatario Iván Duque.
Evaluando en detalle la lista de los 42 abogados que llegaron a la cúpula del poder, salta a la vista que en su momento fueron gestores de controversias y de cambios.
Para la muestra, después de Santander y Márquez, que no fueron muy afines, y luego de cuatro guerras civiles (1830, 1839, 1851 y 1854), volvieron los abogados al Gobierno. Primero con Manuel María Mallarino y en 1857 con Mariano Ospina Rodríguez. Este último empezó su vida pública como conspirador contra Bolívar, después fue congresista, ministro, fundador del Partido Conservador y promotor de la Confederación Granadina y la reforma de 1858. Al final de su mandato, con nueva guerra a bordo, la de 1859, vio llegar al poder por las armas a Tomás Cipriano de Mosquera.
