NUEVO LEÓN | EL HORIZONTE
Autopistas de NL con faltante millonario
La Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REA), que encabeza Mauricio Zavala Martínez, hizo “perdedizos” casi $100 millones de pesos al remodelar las casetas de cobro en varias autopistas y al recarpetear el Periférico de cuota.
El Congreso estatal rechazó a la REA el informe financiero del ejercicio fiscal 2017, en la que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó 84 anomalías, de las cuales 47 son en obra pública y más de 30 en gestión financiera.
Uno de los principales faltantes, que asciende a $11 millones 471,617 pesos, es por la adquisición de 54 equipos de carriles de peaje instalados en las autopistas a Reynosa y en la del Periférico, comprados a la empresa Acción Ingeniería y Desarrollo Empresarial, S.A de C.V.
CARTÓN
EL INFORMADOR | JALISCO
INCENDIOS | QUCHO
LA REPÚBLICA EN CIFRAS
En medio de una dinámica convulsa para las finanzas en Michoacán, gobernado por Silvano Aureoles, la atracción de derrama económica se ha diversificado en los últimos años. En 2018, las empresas y productores de Michoacán percibieron mil 865 millones 352 mil pesos, mientras que en 2017 las ganancias alcanzaron mil 272 millones 574 mil pesos.
El aumento de 46.5%, sin embargo, es ensombrecido porque la entidad figura hasta el lugar 22 en el círculo nacional, lo que retrata el largo trecho que se mantiene por delante.
CHIHUAHUA | YO CIUDADANO
Municipio oculta información de caso Intelliswitch
Desde febrero de 2017, el Gobierno Municipal de Juárez ha ocultado toda la información relativa al expediente sobre la auditoría realizada por la Contraloría Municipal al contrato de obra pública OP-233-2015, sobre el proyecto de modernización de casi 30 mil luminarias a cargo de la empresa regiomontana Intelliswitch.
El 13 de marzo de 2017, en respuesta a una solicitud de información, la Unidad de Transparencia Municipal indicó que ésta fue clasificada como reservada hasta que la investigación concluyera de forma definitiva, por lo que no estableció un periodo determinado para su publicación. En ese entonces, se indicó que la auditoría presentaba un avance del 60 por ciento.
Inicialmente, el Comité de Transparencia planteó la reserva por el lapso de un año, sin embargo, luego determinó que ese periodo excedería el tiempo en el que la investigación habría concluido.
En el papel, el Comité trataría de atender al principio de máxima publicidad al hacer pública la información antes de un año; en la práctica, al no fijar un plazo, se abrió la puerta a mantenerla oculta por tiempo indefinido.
En abril de 2017, el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, confirmó la conclusión de la investigación de parte de la Contraloría Municipal e indicó que ya se había presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General estatal.
COAHUILA | PERIÓDICO ZÓCALO
Corrupción devora 24 mmdp
En Coahuila la corrupción cuesta más de 24 mil 250 millones de pesos, y para combatirla solo se aplica el 1% en las instituciones involucradas al combate.
Ana Yuri Solís Gaona, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, aceptó que la percepción popular es que prevalece un grave problema de corrupción, por arriba de la media nacional, aunque en la práctica no ha sido fácil encontrar dónde y cómo se genera el problema.
Ana Yuri Solís Gaona, presidente del consejo, reiteró que en la práctica no ha sido fácil identificar cómo se generan las operaciones ilícitas, pese a que la percepción ciudadana es que existe mucha corrupción en la entidad.
“No hay como que nos comparemos si vamos bien o no, con el resto de las entidades federativas, sobre todo en el tiempo; con una metodología comprobada, técnica y científicamente con organismos internacionales. Para lo cual el Inegi es un órgano que ayuda a obtener esta información sobre la efectividad del gobierno”, concluyó.
ZONA CENTRO
PUEBLA | E-CONSULTA
Hasta 73% crecen delitos en municipios sin subsidio para seguridad
En 24 y 73 por ciento creció la incidencia delictiva en Tepeaca y Zacatlán en el último año, municipios que en 2019 quedaron fuera del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) que el gobierno federal autorizó para Puebla por 173.1 millones de pesos.
Los feminicidios, homicidios, robos y secuestros son los delitos con los incrementos más altos en Tepeaca, mientras que en Zacatlán crecieron en una mayor proporción los casos de violencia familiar y de daño en propiedad ajena.
Según publicó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la edición del viernes del Diario Oficial de la Federación, 12 municipios están contemplados en las asignaciones de Fortaseg para 2019.
En comparación con 2018, la partida dejó fuera a Zacatlán y Tepeaca y en cambio incluyó a Teziutlán, Cuetzalan e Izúcar de Matamoros.
MICHOACÁN | MI MORELIA
Crisis en universidad
Pese a la crisis estructural que la aqueja hace varios años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa convertida en una máquina de derrochar dinero. Así lo demuestran los últimos documentos oficiales publicados en el portal de transparencia de la institución.
Dos datos destacan entre los millones erogados en distintas obras y acciones: el cuantioso aumento del salario del exrector Medardo Serna y de todos los máximos directivos de la anterior administración nicolaita, y los onerosos fondos entregados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) durante los tres primeros meses de este año, sin justificación ni explicación alguna.
El caso del exrector Medardo Serna se hizo público a inicios de este año, durante el proceso de entrega-recepción de la administración universitaria, cuando la prensa local reportó que Serna percibía al retirarse un salario cercano a los 164 mil pesos mensuales. Según los análisis de las cifras oficiales –en poder de este medio–, su sueldo mensual promedio en realidad llegó a 168 mil pesos a partir del 1 de julio de 2018.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, Medardo Serna obtuvo un total de 684 mil 588 pesos de salario neto, lo cual, dividido por los primeros seis meses del año, arroja 114 mil 98 pesos cada 30 días. Sin embargo, la cifra entre julio y diciembre de ese mismo año llegó exactamente a un millón 8 mil 33 pesos, lo cual arroja un promedio de 168 mil pesos mensuales.
ZONA SUR
VERACRUZ | AL CALOR POLÍTICO
Desvían funcionarios 121 mdp
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables del Ayuntamiento de Cosamaloapan por un daño patrimonial de 121 millones 245 mil 943.93 pesos por la Cuenta Pública 2017.
Los ex servidores públicos responsables no pudieron solventar 6 observaciones, principalmente recursos de Participaciones Federales las cuales no se tiene evidencia de su destino y aplicación.
El referido Ayuntamiento no entregó al ORFIS la documentación suficiente para el desarrollo de la auditoría respectiva, por lo que el Congreso del Estado instruyó al ente fiscalizador dar inicio a la investigación correspondiente, y realizar tantas y cuantas diligencias fueran necesarias, con la finalidad de que llevase a cabo el análisis respectivo y determinar la congruencia del ejercicio del gasto con la Cuenta Pública entregada a la Legislatura; y en su caso, promover las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley de la materia para el fincamiento de las responsabilidades administrativas que deriven, así como las de naturaleza penal ante las instancias competentes.
OAXACA |PIE DE PÁGINA
La resistencia de los pueblos de la costa
El despojo a los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos ha sido detenido, al menos por ahora. Los ejidos costeños de Oaxaca se organizaron cuando descubrieron que el cauce Río Verde Atoyac era codiciado por empresas y gobierno.
El 31 de enero de este año, ganaron un amparo, y el 12 de marzo interpusieron un recurso de revisión que salvaguarda 300 cuencas de aguas mexicanas, convirtiendo a la comunidad de Paso de la Reina, ubicada en Jamiltepec, Oaxaca, en un símbolo nacional de la lucha contra los megaproyectos.
Con ello, detuvieron en la Costa Chica el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, emitido el 6 de junio de 2018, que buscaba levantar la veda de esta cuenca hidrológica. De haberse consumado el atropello federal, el río, que alimenta a 24 comunidades de seis municipios: Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec , Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec, habría quedado listo para la privatización a través de concesiones a la industria minera, la extracción de hidrocarburos y el fracking, afectando con ello a 17 mil habitantes en la ribera del río e indirectamente a otros 97 mil de la costa oaxaqueña.
El triunfo legal ha sido celebrado con festividades. Además, se han adherido otros pueblos, aun contra la voluntad de caciques históricos. Se han ido dando cuenta que no hay diferencias entre ellos: son hijos espirituales del agua.
PRENSA INTERNACIONAL
PERÚ | OJOPÚBLICO
Poder Judicial archivó dos demandas
l Poder Judicial archivó dos demandas contra Óscar Castilla, director ejecutivo de Ojo-Publico.com, y dicho medio de comunicación, en calidad de tercero civil responsable; pero aún mantiene la orden de embargo contra ambos en el marco de otra querella planteada por Miguel Arévalo Ramírez, conocido como “Eteco” por la Policía Antidrogas (DEA, por sus silgas en inglés).
En el primer caso, el 11 Juzgado Penal de Lima ordenó el archivo de la querella planteada por Arévalo el 2016 contra Castilla y el periodista Edmundo Cruz de La República por una serie de reportajes revelados por Ojo-Publico.com y basados en las pesquisas de la Policía de Perú y la DEA de Estados Unidos.
Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, abogado de Castilla y Cruz, se encargó del caso hasta su archivo definitivo. Cabe indicar que la demanda fue planteada inicialmente en el valle cocalero de Tocache (San Martín), pero luego fue remitida a Lima.
En el segundo caso, el 29 Juzgado Penal de Lima rechazó la querella de Arévalo, pero este apeló. Luego el proceso pasó a un tribunal de la Corte Superior de Lima que confirmó el veredicto de primera instancia. Frente a esta decisión, el querellante interpuso una nueva apelación y llegó a la Corte Suprema.
VENEZUELA | EFECTO COCOUYO
Lavado venezolano
La policía española detuvo este lunes, 20 de mayo, a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela, S.A.
Los funcionarios detuvieron a Alejo Morojo, hijo del exembajador, y a otras tres personas de su entorno.
Las detenciones se realizan en el marco de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Morodo de forma irregular.
El exdiplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado a declarar en la Audiencia Nacional posteriormente.
Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de Pdvsa y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo, que se remontan al período 2012-2015.
GUATEMALA | REVISTA FACTUM
Los fantasmas del pasado en Guatemala
Como parte de su plan para obstaculizar a los investigadores que empezaban a hurgar en los asuntos oscuros del presidente, el gobierno de Jimmy Morales acudió a un policía que estuvo vinculado con escuadrones de la muerte a mediados de la década pasada para hacer esas investigaciones cuesta arriba.
Kamilo Rivera, el exviceministro de Gobernación prófugo de la justicia, hacia 2007 formó parte de un aparato clandestino incrustado en el gabinete de seguridad dedicado a las ejecuciones extrajudiciales, el sicariato, la extorsión, el secuestro y los tumbes de drogas.
El grupo al que él pertenecía era conocido como “Los Riverita”, no por Kamilo, sino por Víctor Rivera Azuaje, alias “Zacarías” o “Frank”, un exoficial venezolano de policía que trabajaba para el ministro de Gobernación. Zacarías era el jefe de Kamilo Rivera.
