La indignación traspasó las fronteras. Mientras los miembros del gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunían para analizar las opciones a tomar frente al reciente asalto de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro —actualmente en Florida—, la presión de congresistas estadounidenses para retirarle su residencia aumentaba.
“Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, publicó en redes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez; una exigencia que se replicó entre sus compañeros. “Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde se ha estado ocultando de rendir cuentas por sus crímenes”, declaró su colega Joaquim Castro.
Tras el pronunciamiento conjunto que emitieron los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, en el que rechazaron los ataques a la democracia y reafirmaron su apoyo al gobierno de Da Silva, la Casa Blanca aseguró que no ha recibido “una solicitud oficial” del gobierno brasileño sobre el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
“Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro”, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a periodistas en México, en donde se encuentra acompañando al presidente Joe Biden en la cumbre de líderes de América del Norte. “Por supuesto, si recibimos solicitudes de ese tipo, las trataremos como siempre lo hacemos, las trataremos seriamente”, puntualizó.
Aunado a esta declaración, el propio Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, en la que además de volver a refrendarle su apoyo, se comprometió a trabajar de manera conjunta para resolver problemáticas como el cambio climático, el desarrollo económico y la paz y la seguridad. La llamada finalizó con una invitación a Washington para el brasileño durante febrero, la cual, según la Casa Blanca, aceptó.
Al interior de Brasil, y con un fuerte respaldo del poder político y judicial, el presidente Da Silva reunió a los poderes públicos en el Palacio de Planalto, uno de los sitios vandalizados por sus opositores este domingo. Entre vidrios rotos y otros destrozos, los funcionarios analizaron la posibilidad de que los estados tengan a su disposición un nuevo cuerpo policial que apoye en las tareas de contención de actos violentos en el futuro, así como la creación de oficinas de crisis.
De momento, según el ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, mil 500 personas han sido detenidas por los actos violentos, pero se espera que la cifra aumente en los próximo días.
Y mientras el expresidente Jair Bolsonaro permanece hospitalizado por problemas abdominales, según su esposa, cientos de personas se reunieron en Sao Paulo “en defensa de la democracia” y para exigir castigo a los bolsonaristas que asaltaron las sedes del poder público. “No viví lo que he vivido para ver lo que vi ayer, que mi pueblo, mi tierra, esté dividida de esa forma.
Es inadmisible, triste, estar aquí es estar en defensa de la democracia”, dijo a la AFP Edi Valladares, una profesora de 61 años, mientras a su alrededor, la gente sostenía pancartas con las frases “Estamos con Lula y por la democracia”, “Respeto al voto popular” o “Prisión para los golpistas”.
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