El cerco sobre Jair Bolsonaro se cierra. Tras la detención de uno de sus aliados —Anderson Torres, su exfuncionario de Justicia, quien aseguró que se entregaría a las autoridades—, la justicia del país ordenó el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias del propio expresidente, así como de otros funcionarios allegados a él.
Aunado a eso, a los nombres que se investigan se sumaron los de André Fernández, Clarisa Tercio y Silvia Waiapi; diputados bolsonaristas de los que se sospecha que estaban enterados del cometido del grupo de simpatizantes el domingo.
La tensión en el territorio continúa. Durante este miércoles, policías, camiones antimotines y un helicóptero se desplegaron en las sedes de los poderes públicos tras un anuncio de seguidores de Bolsonaro, quienes aseguraron que volverían a intentar tomar los edificios de gobierno. Las autoridades no vieron llegar a nadie, pero no están dispuestos a bajar la guardia.
Ricardo Cappelli, viceministro de Justicia, anunció el estricto bloqueo de esta área neurálgica invadida por bolsonaristas el domingo, y aseguró que “no hay hipótesis de que se repitan en la capital federal los hechos inaceptables que ocurrieron el día 8 de enero”.
La “mega manifestación nacional para retomar el poder” reunió únicamente a dos personas, que si bien se identificaron como opositores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rechazaron los actos violentos que se registraron el pasado domingo.
La tensión aún se siente a lo largo de todo el territorio. Según una encuesta realizada por la empresa Atlas Intelligence, cuatro de cada cinco ciudadanos brasileños están en contra de las acciones de los seguidores de Bolsonaro, y la indignación ha traspasado las fronteras.
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