En sólo dos semanas, las investigaciones de cuatro agencias estadounidenses en al menos 10 países de América Latina provocó visibles reacomodos políticos y aceleró investigaciones policiacas, en al menos dos países, Venezuela y República Dominicana, aseguraron fuentes cercanas al caso.
El caso de #BoricuaPapers que reveló ejecentral en dos reportajes hasta ahora, y que muestra una gran trama de corrupción, lavado de dinero de empresarios, políticos y mafias rusas, rumanas y mexicanas, así como posibles operaciones de apoyo a grupos identificados como terroristas por Estados Unidos teniendo como punto de conexión Puerto Rico y sus funcionarios, precipitó lo que las autoridades dominicanas llamaron “Operación Calamar”.
En esta acción, en la isla caribeña detuvieron, hasta ahora, 19 personas, entre ellos tres exministros del gobierno de Danilo Medina: el exsecretario de Hacienda Donald Guerrero; el exsecretario de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
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Entre las acusaciones, según informó el Departamento de Justicia dominicano, se pagó ilegalmente campañas políticas y también se distrajeron millones de dólares de las arcas públicas.
En el caso de Guerrero, quien es propietario de cuatro concesionarios de vehículos en Puerto Rico, los cuales podrían haber sido usados para desviar parte del dinero de la red de corrupción que se investiga en Dominicana, por lo que el gobernador boricua, Pedro Pierluisi, se apresuró a ofrecer su apoyo en las pesquisas. En las pesquisas de las agencias estadounidenses aparecen esas agencias de autos como parte de la trama.
También en los últimos días, en lo que pareció una limpia por corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y que provocó la renuncia del ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, agentes de las investigaciones de #BoricuaPapers consideraron que se trató de un control de daños por parte del grupo de Nicolás Maduro, aunque parece una ruptura política interna.
La operación venezolana incluyó la captura de la superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho; dos jueces y un alcalde municipal. Todos acusados de corrupción.
Lo cierto es que tanto las criptomonedas y El Aissami, forman parte central de las pesquisas estadounidenses en una conexión México-Venezuela-Irán.
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